La fiscalía anuncia que recurre la sentencia del caso Pantoja en el Supremo
Anticorrupción basará su apelación en una "infracción de ley"
La Fiscalía Anticorrupción presentará recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la sentencia que condenó a penas de cárcel por blanqueo de capitales al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y a las dos mujeres con las que convivió a lo largo de su mandato, Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja. La Fiscalía ha comunicado hoy al órgano que dictó la sentencia hace siete días, la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, la decisión de recurrir por “infracción de ley”, pero sin más concreción. Fuentes de Anticorrupción han informado que se trata de una tipificación genérica, y que este momento del trámite no se requiere más precisión, simplemente dar aviso de que recurrirá, para lo que hoy finalizaba el plazo. Las fuentes consultadas han explicado que se interpone el recurso por estrategia procesal y no han precisado si la Fiscalía apelará el conjunto de la sentencia, o solo parcialmente contra algunas de las penas impuestas. Las siete personas condenadas en la causa han comunicado también que recurrirán.
Salvo en el caso de Isabel Pantoja y de uno de los empresarios procesados, José Miguel Villarroya, las penas impuestas en la sentencia son con muy ligera variación las que solicitó la fiscalía. La diferencia más llamativa es el fallo sobre la tonadillera, para la que Anticorrupción solicitó una condena de tres años y medio de prisión y multa de 2,8 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales. Pero el tribunal no consideró tal continuidad en el delito de Isabel Pantoja, y apreció un único hecho por permitir que Julián Muñoz ingresara en sus cuentas para blanquearlo dinero que obtuvo de sobornos y cohechos y que se mezclaron con las ganancias legales de la cantante. Por ello, la condena impuesta se redujo a dos años de prisión y multa de 1.146.000 euros. Como la pena no excede de los dos años, el juez puede concederle a Isabel Pantoja la exención de ingresar en prisión, ya que carece de antecedentes penales e hizo frente a la responsabilidad civil que se le impuso.
En cambio, en el caso de Maite Zaldívar, la ex esposa de Muñoz, la sala si estimó que cometió un delito de blanqueo continuado, por lo que la condenó a tres años y tres meses de cárcel (la fiscalía pidió tres años y medio) y multa de 2,4 millones de euros. Precisamente, el abogado defensor de Zaldívar alega en su recurso que el tribunal le ha dado “un trato distinto y desfavorable” respecto a “otro inculpado”, y ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución. La sentencia estimó continuidad en el delito de Maite Zaldívar con el argumento de que conoció siempre la procedencia ilegítima del dinero que Muñoz llevaba a casa en metálico y complementario a sus retribuciones legales, y que, cuando el matrimonio se separó en 2003, se quedó con 890.000 euros que había en la vivienda y junto a su hermano crearon un “entramado financiero” para ingresarlos en una cuenta en Suiza y hacer distintas operaciones. Jesús Zaldívar ha sido condenado a la misma pena de prisión que su hermana, tres años y tres meses.
El otro caso en el que hay una clara diferencia entre la petición fiscal y la sentencia es en el del empresario José Miguel Villarroya, a quien la acusación imputaba delitos de cohecho y blanqueo de capitales. La sentencia sólo le ha condenado por cohecho, por la entrega de una vivienda a Julián Muñoz, a un año de prisión.
El ex alcalde de Marbella la sentencia de este caso le ha supuesto su reingreso en prisión. Muñoz ha sido condenado a siete años por blanqueo y cohecho y al pago de una multa de 3,8 millones de euros. El mismo día 16, tras dictar la sentencia, le sala ordenó su inmediata encarcelación a petición de la Fiscalía, que estimó riesgo de fuga. Muñoz tiene recurrida en el Supremo una sentencia de siete años de cárcel por el caso Minutas y desde el pasado día 18 se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional donde se juzga el caso Saqueo 2 en el que la fiscalía le pide una pena de 13 años de reclusión.
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