Abogados y trabajadores sociales piden financiación para evitar desahucios

El Consejo General de la Abogacía y el Consejo de Trabajadores Sociales han presentado hoy al Gobierno sus Oficinas de Intermediación Hipotecarias, que atienden a familias en peligro de ser desahuciadas. La reunión, que han celebrado con Miguel Temboury, subsecretario del ministerio de Economía, ha terminado con cierto descontento por parte de abogados y trabajadores sociales. "El Gobierno no acaba de ver el encaje de nuestra propuesta", dice Miquel Sàmper, dice el decano del Colegio de Abogados de Terrassa, pionera en aplicar el proyecto. "Nos ha comentado que no quieren que la intermediación sea obligatoria", dice Ana Lima, del Consejo de Trabajadores Sociales. "Y nos ha remitido al Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) por si a ellos les interesa nuestra propuesta".

El modelo que han presentado nació hace un año y medio, el 9 de enero del año pasado, en Terrassa (212.000 habitantes, en la provincia de Barcelona). El detonante de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, cuenta Miquel Sàmper, , fue comprobar que había una familia con dos menores durmiendo en un coche. Desde entonces han comprobado que la suma de abogados (en Terrassa en total hay cuatro) y trabajadores sociales logra reducir entre un 50% y un 68% los desahucios (según la zona). El coste, insiste Sàmper, es mucho menor en los casos que llevan estas oficinas y que acaban en éxito. En total, el precio asciende a unos 500 euros por caso, las cuatro horas de trabajo del abogado más otras cinco horas del trabajador social. La cifra choca frente al coste de una ejecución hipotecaria, unos 7.300 euros que apoquinan entre la banca más el coste del sistema judicial.

En el tiempo transcurrido desde que abriera la oficina de Terrassa, se han abierto otras 27 oficinas, algunas en capitales de provincia como Alicante, Almería, Castellón, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Ourense, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Valencia o Zaragoza. “El objetivo es que se financien de forma pública las oficinas, que no dependa de la sensibilidad de cada ciudad”, insiste Lima. “Estamos buscando fuentes de financiación, del Gobierno pero también de la banca, porque algunos ayuntamientos están haciendo recortes y muchos trabajadores sociales temen perder su trabajo mientras estamos viviendo una situación de emergencia social”.

Sàmper es la segunda vez que presenta el proyecto. La primera vez fue dos meses después de abrir la oficina, “pero aquel no era el momento”, dice el abogado. “No había una presión fuerte, como ahora. Creemos que es urgente que el Gobierne institucionalice el sistema de intermediación. No se está haciendo bien por falta de intención política, excepto en Cataluña. Ya es hora de que el Gobierno coja el toro por los cuernos y se meta en una acción política global”. “Nuestro objetivo es que el estado ponga dinero y un marco que sirva de modelo y que se disperse de arriba abajo”, decía Ana Lima antes del encuentro.