El PSOE quiere un Senado elegido por las comunidades y con poder de veto

Una Cámara de Representación Territorial cuyos miembros no sean elegidos por las urnas, sino designados por los Gobiernos autónomos, y que tenga poder de veto en la aprobación de aquellas leyes que afecten especialmente a las autonomías (empezando por el modelo de financiación y siguiendo por cualquier norma que implique una carga financiera para ellas). Esa es en esencia la propuesta del PSOE para cambiar de arriba abajo el Senado. Está recogida en el documento base sobre reforma del modelo territorial que Alfredo Pérez Rubalcaba someterá hoy a la aprobación de la ejecutiva, y que plantea la necesidad de “revisar el marco jurídico-político del modelo autonómico, en sentido federal”, según fuentes del partido. El texto será discutido después con las federaciones durante dos meses para dar lugar, en julio, a la propuesta territorial definitiva de los socialistas.

Todos los partidos coinciden desde hace años en la necesidad de reformar el Senado, la teórica Cámara alta de la soberanía popular que, sin embargo, carece en la práctica de poder: tiene competencia para modificar las leyes, pero nunca tiene la última palabra (el Congreso puede enmendar lo corregido) y por tanto sus aportaciones suelen quedar en papel mojado. El problema es que cambiar el Senado requiere una reforma constitucional, un melón que los dos grandes partidos han preferido no abrir durante más de tres décadas. Ahora, a raíz del embate soberanista en Cataluña, el PSOE ha apostado por abrirlo —en varios ámbitos, pero principalmente en el territorial— y la modificación radical del Senado es una de sus propuestas.

El planteamiento recogido en el documento de bases, cuya elaboración ha coordinado el diputado Ramón Jáuregui, es el siguiente: la actual Cámara alta desaparecería para ser sustituida por una Cámara de Representación Territorial que exprese “la voluntad política de las comunidades autónomas”, tomando como modelo el Bundesrat alemán. Así, los senadores —o como se llamasen a partir de entonces— ya no serían elegidos por los ciudadanos en elecciones generales sino designados directamente por los Gobiernos autónomos. A cada comunidad le correspondería un mínimo de tres representantes (uno de ellos podría ser el propio presidente regional) y uno más por cada millón de habitantes, hasta un máximo de siete. Con el mapa autonómico actual, por ejemplo, el resultado sería de 82 senadores, mayoría abrumadora del PP: 51 populares, 11 del PSOE, siete de CiU, cinco del PNV, cinco de Coalición Canaria (aunque podría ceder alguno a sus socios socialistas) y tres de UPN.

En las votaciones, todos los representantes de cada Gobierno autónomo estarían obligados a votar lo mismo, para que la voluntad de la comunidad sobre cada una de las leyes fuese expresada de forma “unívoca”, subrayan fuentes del PSOE. Las decisiones se tomarían por mayoría simple en casi todos los casos, y la presidencia de la Cámara iría rotando, asumiéndola cada comunidad por periodos de seis meses.

El nuevo Senado no vería ya todas las leyes, como ahora, pero sí algunas fundamentales: aquellas de “alta relevancia autonómica” —como el modelo de financiación y los planes de infraestructuras— y las que, en su aplicación, supusieran carga financiera para las autonomías (que son muchas).

Cada Gobierno regional tendría entre tres y siete representantes

No está claro —el texto que la ejecutiva estudiará hoy es solo un borrador— hasta qué punto tendría la nueva Cámara capacidad legislativa, de elaboración de normas. Pero la conclusión es que sí tendría poder de veto: esas leyes estatales de “relevancia autonómica” requerirían el “asentimiento inexcusable” de la Cámara de Representación Territorial, según recoge el documento. Fuentes conocedoras del texto sostienen que lo que se busca es que las dos Cámaras —el nuevo Senado y el Congreso— estén obligadas a “llegar a acuerdos” sobre esas leyes. Y subrayan que los detalles de la propuesta —por ejemplo, la posibilidad de que las discrepancias entre ambas Cámaras fuesen resueltas por una comisión— irán perfilándose en estos dos meses.

La iniciativa del PSOE supone, en cierta manera, una invasión del poder ejecutivo en el legislativo —los Gobiernos autónomos condicionarían la aprobación de determinadas leyes—. Y sería especialmente delicada en el caso de que, por ejemplo, se considerase que los Presupuestos Generales del Estado afectan de manera directa a las comunidades y entran en el catálogo de leyes que estas pueden vetar (esta posibilidad es rechazada de plano por los responsables del documento). Fuentes del partido admiten que esa mezcla de poderes sí se produciría; argumentan, no obstante, que es la forma de conseguir que el Senado sea una auténtica Cámara territorial, porque sus representantes “no responderían al criterio de los partidos sino al de las comunidades autónomas”.

Para aprobar ciertas leyes se requeriría el apoyo "inexcusable" de la nueva Cámara

El documento que hoy presentará el secretario general del PSOE a la ejecutiva insiste, por lo demás, en su apuesta de conservar el Estado autonómico pero avanzando en sentido federal, a través de una reforma del Título VIII de la Constitución. Subraya que la “autodeterminación” no será la solución a las tensiones territoriales —una manera de descartar, de nuevo, el “derecho a decidir” que defiende el PSC— aunque sí pide un reconocimiento a la “singularidad de Cataluña” y quizá de otras comunidades, según anunció ya Rubalcaba. Además, el PSOE propone un reparto nítido de competencias entre las Administraciones, e incluir en la Constitución los “principios” del modelo de financiación.

Ni este documento, centrado en la cuestión territorial, ni otros que se preparan para la Conferencia Política de octubre abren, de momento, el debate espinoso sobre la monarquía, aunque Rubalcaba sí ha dicho que propondrá reformas constitucionales para modernizar la institución.