El juez Castro reclama las diez últimas declaraciones de la renta de la Infanta

El juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, de supuesta corrupción por malversación de 5,8 millones de euros de caudales públicos, ha reclamado este jueves a la Agencia Tributaria que le remita las 10 últimas declaraciones de la renta efectuadas por la infanta Cristina de Borbón. Castro subraya que mantiene viva su investigación porque la imputación de la hija del Rey tiene “plena vigencia” pese a los recursos del fiscal y otras partes ante la Audiencia de Palma, que resolverá finalmente si la duquesa de Palma debe declarar.

La petición documental de una década de declaraciones fiscales afecta también al esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarin, principal implicado en la causa, con Diego Torres. En la compleja acusación penal que afronta el duque de Palma consta una acusación por tres delitos fiscales; previamente, y después en paralelo a la causa penal, fue sometido a una inspección tributaria. Torres está acusado de un delito de fraude fiscal.

El juez Castro, a petición del fiscal y sin que estuviera obligado por ley, aplazó la citación de Cristina de Borbón, prevista para el día 27 de abril en Palma, hasta conocer lo que resuelven los tres magistrados del tribunal de apelación sobre el recurso presentado por los abogados de la Infanta para que no sea imputada. Castro observa que, mientras tanto, la instrucción camina, porque los recursos no “suspenden el curso del procedimiento”. El magistrado dice que “nada impide” que se “puedan llevar a cabo diligencias de investigación que se estimen oportunas”.

El instructor reclama los datos a Hacienda al aceptar la petición de la acusación popular ejercida por el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, que solicita, además, que las declaraciones sean remitidas a la Audiencia de Palma para que los datos pesen en su solución. Anteriormente, el juez había pedido información acerca de si los duques de Palma se habían acogido a la amnistía fiscal.

La hija del Rey y su esposo, Iñaki Urdangarin, casados en régimen de separación de bienes, efectúan declaraciones fiscales individuales, por separado. Comparten la propiedad de la compañía patrimonial familiar Aizóon, el palacete vivienda del barrio de Pedralbes, en Barcelona, y tres inmuebles menores más en Baleares y Cataluña. Cristina de Borbón trabaja como técnica en la fundación La Caixa y, además, recibe una asignación económica de la Casa del Rey.

En la causa fue incorporada, de manera lateral, una copia manuscrita de al menos un borrador de la declaración del Impuesto de la Renta de Personas Físicas de la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia. Esa documentación afloró al ser intervenida a sus asesores fiscales, imputados en la trama Nóos, y en otros correos electrónicos hallados en los servidores informáticos del citado Instituto.

Los movimientos de las cuentas corrientes compartidas por el matrimonio Urdangarin-Borbón están incluidos en los 41.000 folios del sumario. Hay en la Fiscalía Anticorrupción numerosos análisis de la situación económica de Urdangarin y su esposa por parte interventores del Estado, los inspectores tributarios y los expertos policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El caso alude al presunto desvío de casi seis millones de euros de los Gobiernos de Baleares (2,3) y de la Comunidad Valenciana (3,5) por parte de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos, que se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro. El juez ve próximo el cierre de la instrucción.