Los populares se escudan en la “perfecta legalidad” de sus cuentas sin aclarar más

Cada capítulo del caso Bárcenas, desde que a mediados de enero estallara el escándalo del extesorero del PP y después de la publicación de su contabilidad manuscrita en EL PAÍS, ha generado la misma reacción política inicial: una petición de explicaciones convincentes por parte de la oposición y una reiterada negación de los populares.

“La contabilidad del PP es perfectamente legal y está auditada por el Tribunal de Cuentas”. Esta fue la contestación oficial de la dirección nacional del partido ante las revelaciones del sumario del caso, que demuestran que el responsable de finanzas durante casi dos décadas fraccionó las donaciones para ocultar que eran ilegales. La postura de la cúpula de la formación que sustenta al Gobierno, por tanto, no ha cambiado a pesar de que el escándalo y el vínculo con Bárcenas, ya judicializados, exigen nuevas explicaciones y dejan preguntas en el aire.

El PSOE exigió este miércoles desde el Congreso de los Diputados una actuación de las instituciones. Los socialistas solicitan al Tribunal de Cuentas que realice una “fiscalización extraordinaria” de la contabilidad del PP para que este órgano coteje los datos entregados al juez Pablo Ruz y los apuntes manuscritos del extesorero Luis Bárcenas en lo que se refiere a la partida de donaciones.

El principal partido de la oposición, explicó su secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hernando, considera que, “a la vista de que hay una nueva información, puede haber una nueva fiscalización”, puesto que esta información, agregó el dirigente socialista, además, “obra en poder de la Audiencia Nacional”.

La contabilidad oficial del PP, a la que ha tenido acceso este períódico, demuestra cómo Bárcenas disfrazó las donaciones ilegales de sus apuntes manuscritos (cantidades de 60.000 euros procedentes de constructores que no podían realizar donativos al contratar con la Administración) fraccionando los ingresos en cantidades menores en el Banco de Vitoria bajo el concepto de “donaciones anónimas”. La suma de esas cantidades coincide con la cifra anotada por Bárcenas.

Por esta razón, según el PSOE, no es convincente la posición de rechazo total ante el escándalo mantenida hasta ahora por los populares. Y a las exigencias, Hernando añadió las acusaciones. “El PP”, describió, “con una mano cogía donaciones ilegales de empresarios, las troceaba, y las ingresaba como donaciones anónimas legales”. Pero el dirigente socialista fue más allá: “Esto es blanquear donaciones. Durante todo este tiempo, el PP ha estado blanqueando donaciones para sortear el control del Tribunal de Cuentas”.

El Grupo Socialista registró, por tanto, la petición de comparecencia en la Cámara baja del presidente del órgano fiscalizador para que “explique la información facilitada por el PP de las donaciones recibidas, la forma y las circunstancias en que fueron comunicadas y anotadas en la contabilidad” y “el grado de control efectivo y de cumplimiento de la legislación sobre financiación de partidos políticos”. Los dirigentes del PP, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, se escudan en esta institución en cada referencia a la contabilidad interna y a la transparencia. Preguntada al respecto el pasado lunes, la secretaria general del PP consideró en su primera comparecencia en Génova, 13, desde el pasado 25 de febrero que “es absurdo” hablar de más documentación, en relación con el desglose de la partida de donaciones.

No obstante, en el PP no todos ven como absurda esa posibilidad. Y este miércoles, si bien ningún dirigente quiso pronunciarse públicamente sobre las donaciones, al menos dos barones y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, una de las principales voces críticas, no ocultaron sus inquietudes. “Me preocupa todo lo referente a la presunta corrupción en mi partido. La gente está indignada y con razón”, recalcó en la cadena Ser. El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, admitió que el escándalo está desgastando a la formación, mientras que el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, manifestó directamente su desconfianza hacia “aquellas personas que han utilizado su cargo en el partido para hacer cuestiones irregulares o delinquir”.

Este último capítulo del caso Bárcenas también sobrevoló la sesión del control al Gobierno. “La contabilidad nacional del Estado no es como la contabilidad del PP, que se arregla fraccionando pagos y haciendo anotaciones de pagos anónimos”, le dijo la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, a la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.