La mayor organización laica exige que la ley de transparencia incluya a los obispos

A la misma hora en que los obispos ponían sobre la mesa del Gobierno sus exigencias de poder fáctico, el presidente de Europa Laica —la organización laicista más importante de España—, Francisco Delgado, hacía el recuento de los dineros que el Estado da cada año a la iglesia católica (11.337,1 millones de euros: el 1% del PIB) por diferentes conceptos, incluido un práctico régimen de paraíso fiscal. Supone una dádiva de 260 euros por español, sea niño o anciano, ateo, budista, judío, protestante o musulmán, sin que los católicos pongan un solo euro más de su bolsillo que el resto de los contribuyentes. Lo proclama la propia Conferencia Episcopal en su campaña invitando a marcar la equis en el IRPF en su favor. “Ni se paga más, ni te devuelven menos”, sentencia.

También presentó Europa Laica una campaña pidiendo a los contribuyentes no poner equis alguna en las dos casillas habilitadas en el impreso del IRPF, tanto a la iglesia católica (única confesión que aparece) como a los fines sociales. Europa Laica reclama que la futura Ley de Transparencia incluya a los obispos y a sus numerosas organizaciones.

Sostiene Delgado: “El culto y el clero de cualquier religión, y las organizaciones a su servicio, deberían estar financiados (...) por las personas que son fieles o se sienten atraídas por sus doctrinas. La propia iglesia católica se comprometió en los acuerdos económicos de 1979 a autofinanciarse. El pacto no solo no se ha cumplido, sino que el Gobierno del PSOE lo incrementó en 2008. (...) Esos acuerdos, incumplidos por la propia Iglesia, al margen de su presunta inconstitucionalidad, no son válidos y el Estado está obligado a anularlos o revisarlos”.

Este año, los obispos reciben de Hacienda, sin recorte alguno, casi 248 millones para culto y salarios, de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuestos del Estado de 2013. Pese a todo, el portavoz de la CEE y obispo auxiliar de Rouco en Madrid, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, repite cada año que la Iglesia no figura en la ley de Presupuestos del Estado y se financia con el dinero de los fieles.

Además del dinero que se detrae de Hacienda para culto y salarios eclesiásticos, el catolicismo recibe un porcentaje alto de lo asignado en el IRPF a “fines sociales” (en torno a otros 120 millones), para 40 ONG, dependientes de las 40.000 instituciones católicas del país.