Andalucía expropiará porque su parque de vivienda social está ocupado

La confusión se ha instalado en las pocas horas que han transcurrido desde que el Gobierno andaluz aprobó su decreto de expropiación temporal de viviendas ahora en propiedad de los bancos, que han desahuciado a los ciudadanos que no podían hacer frente al pago de sus hipotecas. Desde el Gobierno central se insta al Ejecutivo andaluz a que, en vez de expropiar, ponga a disposición de los andaluces desalojados miles de viviendas vacías dependientes de la Administración autonómica. En este reclamo se mezclan situaciones de distinta naturaleza, que el Gobierno andaluz trata de deshacer, en respuesta al PP y a la patronal de la construcción.

“La Junta de Andalucía no tiene viviendas vacías”, ha asegurado a EL PAÍS la consejera de Fomento y Vivienda del Gobierno Andaluz, Elena Cortés. No las tiene porque el parque de casas protegidas de que dispone está ocupado.

Sí es cierto que la Administración autonómica es propietaria de 81.000 viviendas sociales, que tiene alquiladas a personas con escasos recursos económicos y que pagan una renta simbólica. En los últimos años, la Junta ha priorizado los contratos de alquiler con opción a compra y ha llegado a acuerdos con entidades financieras para abrir líneas de crédito a bajo interés que faciliten el acceso a la propiedad de los inquilinos. “Solo puntualmente puede haber casos de viviendas vacías porque sus inquilinos las dejan, pero enseguida se adjudican a un nuevo solicitante”, señalan fuentes de la consejería de Fomento. “A veces el problema con estas viviendas se da porque se producen ocupaciones indebidas de personas que no son adjudicatarias”, señalan.

La oposición acusa al PP de hacer “un escrache” a la iniciativa popular

Para completar la información de la situación de la vivienda en Andalucía, estos interlocutores señalan que hay viviendas de protección oficial sin uso, construidas con financiación pública para ponerlas en venta, pero cuyos titulares son entidades financieras o promotoras privadas y también Ayuntamientos. No son de propiedad de la Junta. El registro de viviendas vacías se hará para conocer la situación, pero no para obligar a nadie a que alquile, aunque sí se propiciará que las personas lo hagan, sin precisar cómo.

El aspecto fundamental del decreto está en la expropiación temporal durante tres años de aquellas viviendas que estén en proceso de desahucio por impago de crédito hipotecario y que vayan a dejar en la calle a personas en riesgo de exclusión con rentas familiares por debajo de 542 euros mensuales.

El grueso de este decreto andaluz lo ha incorporado el Grupo Socialista en el Congreso a sus enmiendas, además de mantener como el resto de la oposición la dación en pago. “La Iniciativa Legislativa Popular ha sufrido un escrache del Grupo Popular”, ironizó la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, que comparte opinión con Lourdes Ciuró, de CiU, que tampoco ve ni asomo de sus enmiendas en el texto del Gobierno.

Economía dice que su texto es “equilibrado” entre bancos y deudores

El Ministerio de Economía defiende su texto, que considera “equilibrado” entre deudores y bancos porque parte del principio de que “las deudas hay que pagarlas”, remachan en el departamento que dirige Luis de Guindos. La dación en pago que piden la oposición y la plataforma de afectados “pone en riesgo el sistema financiero”, advierten.

Ante el recordatorio de que en 2012 hubo más de 12.000 daciones en pago, estos interlocutores gubernamentales reconocen que los bancos tienen mucho que decir en la solución, aunque desde el Gobierno se ha buscado eliminar los abusos y favorecer a los ciudadanos que están en situación de dificultad. Lo más destacado de la futura ley

está en la limitación de los intereses de demora, que no se sumarán al principal y por tanto la deuda dejará de crecer de manera exponencial, como ocurre ahora. Hay quitas en la deuda y en las costas y más tiempo para pagar la deuda. También resaltan en Economía que si el banco se ha quedado con la vivienda y la vende a un precio superior, la mitad de la plusvalía que obtenga será para el deudor.

La oposición no niega que estos aspectos mejoran la regulación existente, pero cuando se reúna el jueves la comisión para aprobar la ley el PSOE y otros grupos pondrán ejemplos concretos de personas actualmente en proceso de desahucio. Tratarán de demostrar que la ley no ampara a ninguna de ellas.