Las comunidades dejan sola a Andalucía en su decreto contra los desalojos

Los desahucios ya forman parte de la agenda política. Han pasado a hacerlo forzosamente. La presión social se ha encargado de ello. A los escraches y la iniciativa legislativa popular, que llegó al Congreso de los Diputados avalada por casi un millón y medio de firmas, ahora hay que añadir el plan de Andalucía, que contempla la expropiación del uso de la vivienda a los bancos durante un máximo de tres años en caso de desalojos de familias en riesgo de exclusión social. Los Gobiernos regionales han respondido. Y han dejado sola a la Junta. Salvo la comunidad canaria, ninguna otra autonomía se plantea dar una respuesta tan contundente. Las más críticas, como Galicia o Madrid, han definido la propuesta como "muy poco inteligente" y "peligrosa". Otras tantas, entre las que se encuentran Extremadura o Asturias, han preferido no valorar el decreto. La mayoría remite a las iniciativas puestas en marcha en sus propios territorios. Asesoramiento jurídico a personas afectadas, reubicación en inmuebles de titularidad pública o mediación con las entidades bancarias, pero de las expropiaciones prefieren ni hablar.

• Aragón: "Nuestra propuesta es mejor". El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Rafael Fernández de Alarcón, sostiene que la propuesta aragonesa —una bolsa de viviendas para alquiler social, regulada por un decreto que está en tramitación— "es mucho más eficaz y positiva" que la medida andaluza. El Gobierno de Aragón (PP) anunció un plan de gestión social de la vivienda a desarrollar entre 2012 y 2015 dotado con 40 millones de euros. Además, se han creado unidades para prestar asesoramiento legal, técnico y social a personas en riesgo de sufrir una ejecución hipotecaria. También se han firmado convenios con los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza para poner en marcha, con la colaboración de los colegios profesionales de abogados, oficinas de mediación hipotecaria.

El fondo social de viviendas anunciado por el Gobierno central se está "construyendo". Hasta ahora, cuenta con 156 pisos para desahuciados repartidos en 31 localidades de todo Aragón, pero solo siete Ayuntamientos de los más de 700 que hay en la comunidad se han adherido a este convenio.

• Baleares apuesta por la seguridad jurídica. José Ramón Bauzá (PP), presidente balear, estima "fundamental" que cualquier planteamiento referido a los desahucios garantice la "seguridad jurídica", ya que lo contrario sería "perjudicial" para los ciudadanos. Bauzá reconoció el pasado miércoles ante los periodistas desconocer los detalles de la iniciativa andaluza.

El presidente autónomo recordó, no obstante, que el Ejecutivo balear "ha puesto en marcha sistemas y líneas de alquiler muy económicos y baratos para acceder a la vivienda" y aseveró lo siguiente: "Fuimos los primeros y no hicimos ostentación de nada, sino que lo hicimos con mucha prudencia". El pasado 19 de febrero el Parlamento balear aprobó una declaración institucional para buscar soluciones a los problemas de desahucios y se respaldaron medidas como la dación en pago. Bauzá aseguró que desde abril no hay desalojos en el archipiélago.

• Canarias seguirá los pasos de Andalucía. El persidente autónomo, Paulino Rivero, ha reiterado su disposición a emprender actuaciones "iguales o similares" a las propuestas andaluzas contra los desahucios y ha asegurado que ya ha dado instrucciones "precisas" para estudiar la aplicación del decreto de la Junta. En la misma línea, Martín Marrero, portavoz del Ejecutivo canario, ha afirmado que se sienten en la obligación "moral y jurídica" de estudiar la viabilidad de esta iniciativa.

Marrero ha reconocido que Canarias no tiene competencias para elaborar decretos leyes, al contrario que Andalucía, por lo que habrá de adaptar esa medida a la normativa autonómica. No obstante, el Gobierno regional (CC y PSOE) no descarta reformar el Estatuto de autonomía para poder articular iniciativas contra las entidades financieras y evitar desahucios en las islas, en donde los desalojos se han cuadruplicado desde que comenzó la crisis, en 2008, llegando a alcanzar las 9.439 ejecuciones hipotecarias en cinco años. Eso sí, el portavoz del Ejecutivo autónomo ha recordado que para ello es preciso "un consenso amplio" en el archipiélago, "para después convencer al Estado".

Rivero afirmó el mes pasado que en Canarias no hay "ni habrá" desahucios en viviendas sociales, y añadió que a los 16.500 pisos que hay en el archipiélago en alquiler social se sumarán otros 900. Los Ayuntamientos del archipiélago también prestan servicios de mediación entre afectados y bancos.

• Cantabria, "poco dada a las florituras". "Es un problema nacional que tiene que tener una solución en el marco de la legislación nacional", ha declarado el presidente cántabro, Ignacio Diego (PP), en relación a los desahucios y al decreto andaluz que pretende frenarlos. "Desde las comunidades autónomas podemos hacer nuestra aportación en la medida de nuestra capacidad. Pero en mi Gobierno somos más dados a la gestión y a la eficacia de nuestra capacidad y muy poco dados a florituras y a las demagogias. Eso se lo dejamos a otros que demostraron mucha capacidad para lo último y muy poca para lo primero", ha señalado.

Diego ha remitido a la normativa nacional que está en trámite y a las medidas complementarias a esta, como la puesta en marcha de un fondo social de viviendas "de alquiler barato", para el cual hay 6.000 inmuebles "que se adjudicarán en las próximas semanas". "Las viviendas vacías que tenemos en Cantabria, que no son muchas, pero son las que tenemos, las hemos puesto a disposición de este fondo", ha asegurado el presidente. El pasado noviembre, además, el Gobierno regional ofertó 24 casas de su propiedad en régimen de alquiler para cubrir las necesidades de familias con escasos recursos económicos.

• Castilla La-Mancha, en contra de las demagogias. "Se trata de una medida con una carga demagógica importante, ya que el Gobierno andaluz ya votó en contra de que 4.000 viviendas del parque público fueran para los más necesitados", ha dicho Leandro Esteban, portavoz del Gobierno de Castilla La-Mancha (PP). A preguntas de los medios de comunicación, Esteban ha indicado que hay que buscar "correlación entre lo que se hace y lo que se dice". "Lo digo con respeto", ha puntualizado.

La Junta de Castilla La-Mancha anunció el mes pasado que el 10% de su parque de viviendas, que cuenta con unos 800 inmuebles vacíos, estará a disposición de familias desahuciadas, que obtendrán la calificación de "colectivo preferente" para poder entrar a vivir en casas protegidas. Por el momento, según fuentes de la Junta, no hay ningún solicitante.

• Castilla y León, prudente. El Gobierno de Castilla y León (PP) sostiene que no es él quien debe hacer valoraciones en profundidad acerca del decreto. "Le correspondería a otros órganos como la Abogacía del Estado o, en su caso, al Tribunal Constitucional", señalan fuentes de la Consejería de Presidencia. Destacan, no obstante, que el argumento de que la propiedad privada pierde su protección cuando no cumple una función social es "jurídicamente poliédrico" porque es difícil determinar quién puede acogerse a él. Estas mismas fuentes añaden que el de los desahucios es un problema muy serio y que el hecho de que esto ocurra "mientras se dispone de un parque de viviendas sobredimensionado" es una contradicción que "habrá que resolver". Aseguran que estudiarán la medida de Andalucía, pero creen que la respuesta y búsqueda de una solución debe ser nacional, no de Gobiernos regionales y de forma aislada.

Según apuntan desde la Consejería de Presidencia, la fórmula que usan en Castilla y León consiste en adelantarse al problema: han apostado por un modelo de protección de los deudores hipotecarios. En cuatro meses, han atendido a 576 familias. La estructura que se ha creado, indican estas mismas fuentes, proporciona una atención social intensiva para afrontar las situaciones de desamparo y para prever la exclusión social.

• Cataluña prefiere negociar con los bancos. El Ejecutivo catalán (CiU y ERC) rechaza la expropiación anunciada por la Junta de Andalucía. El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, argumenta que "no es el mejor sistema, por las dificultades que comporta el proceso expropiatorio con la legislación actual". Sala apuesta por "la vía de la negociación" antes que por "todas las medidas previas que habría que tomar para que la expropiación fuera constitucional". "De las entidades financieras vamos a conseguir más pisos para alquiler social por la vía de la negociación que de la expropiación, lo veremos en un año", asegura. El responsable de vivienda de la Generalitat recuerda que de 2007 a 2010, cuando estuvo en vigor en Cataluña la expropiación del usufructo, "la cifra de expropiaciones fue cero".

La Ley del Derecho a la Vivienda que impulsó el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) preveía la expropiación forzosa de las casas que llevaran dos años vacías. La Generalitat consideraba entonces que tenía derecho a declarar el "incumplimiento de la función social de la propiedad". Finalmente y tras las presiones de la oposición, la banca y los promotores la ley se aprobó, pero quedó descafeinada al redactarse en 2010 el reglamento que la desarrollaba. La llegada de CiU al poder acabó con las expropiaciones.

El actual Ejecutivo, a través de la Secretaría de Vivienda, solicitó a finales del año pasado a la Sareb que le cediera los pisos más difíciles de vender para alquilarlos a precios económicos a familias desahuciadas o sin recursos, una petición que ha hecho extensiva a las entidades financieras. Por ahora, sin éxito.

• La Comunidad Foral de Navarra descarta expropiaciones. El Gobierno de Navarra (UPN) descarta tomar medidas de expropiación de viviendas vacías, ya que, según su portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, es una iniciativa que puede tener eco mediático, pero "su eficacia está por comprobarse". El Ejecutivo navarro asegura que está desarrollando un plan especial para paliar las consecuencias de los desahucios que, según el consejero portavoz, contendrá medidas "más eficaces que las que están planteando otras comunidades autónomas". Actualmente, el departamento de Fomento mantiene un acuerdo con el Colegio de Abogados de Pamplona para la mediación entre los afectados por las hipotecas y los bancos a los que adeudan. Además, varios departamentos trabajan en un plan que incluye el alquiler social de viviendas propiedad de la Administración foral, a través de la sociedad pública Vinsa.

El Defensor del Pueblo Navarro, Javier Enériz, defendió el pasado miércoles en el Parlamento la adaptación de la normativa hipotecaria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque reconoció que esta labor le compete a las Cortes Generales, por lo que trasladó su informe a su homóloga a nivel nacional, Soledad Becerril.

• La Comunidad de Madrid, a favor de proteger la propiedad privada. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), es "totalmente contrario" a la iniciativa tomada por la Junta de Andalucía de expropiar temporalmente el uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio. "Todas las medidas que cuestionen el derecho a la propiedad privada son muy peligrosas, hay otras maneras de abordar el problema de los desahucios que no sea ir contra la propiedad privada y vulnerar la legalidad vigente", entiende González. "Toda la regulación que no garantice la defensa de la propiedad privada no la compartimos. Es un derecho sagrado que hay que respetar", considera.

En el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves el secretario general del PSM, Tomás Gómez, propuso "expropiar temporalmente a los bancos para salvar a la gente". "Estoy hablando de expropiar el usufructo y no de expropiar la propiedad privada", especificó. "Para una idea que tiene, es la que le ha dado Izquierda Unida de Andalucía", le respondió González.

La Comunidad ha llegado a un acuerdo con Cáritas a través del cual destinará 800 viviendas públicas del parque inmobiliario del Instituto de la Vivienda de Madrid, que cuenta con 23.000 pisos, a personas que hayan sufrido un desahucio. Los afectados podrán permanecer un tiempo máximo de cinco años en la nueva residencia, abonando cada mes un alquiler que rondará los 200 euros.

• Comunidad Valenciana: "La receta andaluza está equivocada". "El decreto de Andalucía es una receta equivocada: la Generalitat Valenciana [PP] considera que, además de ayudar a las personas que tienen problemas, desde la Administración también se debe animar al sector privado para que construya viviendas, con la consecuente generación de empleo que esto supone", han explicado fuentes de la Consejería de Infraestructuras. En la Comunidad Valenciana, por tanto, tampoco se tomarán medidas similares a las andaluzas. Además, estas mismas fuentes argumentan que la solución a este problema "debe ser a nivel nacional, tal y como ha remarcado el Gobierno de Mariano Rajoy", porque "se pueden generar agravios comparativos entre los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas ante situaciones similares".

La Generalitat Valenciana recalca que sí está dando soluciones reales a las familias con problemas de viviendas, a través de varias actuaciones, como el programa extraordinario de alquiler de interés social, gracias al cual se han entregado 124 pisos de promoción pública con alquileres sociales en 23 municipios, 40 de ellos destinados a afectados por desahucios. Desde la Consejería de Infraestructuras aseguran que la comunidad ha sido la primera en firmar un acuerdo con Bankia para la cesión de 300 viviendas en alquiler social y que están en conversaciones con otras entidades. También cuentan con la Red Alquila, que asesora a los afectados, tramita ayudas en materia de alquiler y media entre propietarios e inquilinos.

• Extremadura critica los discursos buenistas. Desde la Junta de Extremadura (PP) rechazan valorar la propuesta de Andalucía, remitiéndose a su propia iniciativa en esta materia, que pasa por poner el parque público de viviendas sociales a disposición de las personas implicadas en un desahucio por ejecución hipotecaria. El presidente regional,  José Antonio Monago, apuesta por "hablar con claridad a la gente" de cómo se resuelven "los problemas". "Si no, estamos en un discurso buenista, ye-yé, guay, chachi que no resuelve pero que tiene el aplauso fácil", ha señalado.

Monago asegura que en Extremadura el problema ya está resuelto. El pasado sábado, el presidente anunció una medida, identificando al extremeño como "el primer Gobierno autonómico" que ofrecerá una de las 15.000 casas con titularidad regional —de las que unas 200 están disponibles— a quienes hayan sufrido una ejecución hipotecaria desde 2011. Además, invitó directamente al resto de Ejecutivos autónomos y al central "a que hagan lo mismo".

Esta iniciativa se suma a otra aprobada el pasado 22 de marzo, por la que se exime del pago de las viviendas sociales "a las familias que hayan visto reducidos sus ingresos por la crisis", según el discurso de Monago. "Hacemos todo lo que está en nuestras manos para que el mayor número de extremeños cuente con una vivienda digna. Porque no hay derecho a los desahucios", proclamó el presidente extremeño, que distinguió a los afectados por este problema de "los aprovechados", que definió como "todos aquellos que dicen ahora que son desahuciados, pero la realidad es que tienen que dejar la vivienda porque no han pagado más de 100 cuotas mensuales".

• Galicia: "Una medida muy poco inteligente". El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), tilda de medida "muy poco inteligente" y "típica de otros países" el decreto ley andaluz para frenar los desahucios. En la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo ha dicho que no conoce el texto, pero considera altamente "peligroso" deslizarse sobre la utilización de "supuestos excepcionales" como la "apropiación a través de la expropiación de un bien". "No sé lo que pensará un titular de una propiedad ante el impago de una renta de que se expropie su piso. Me parece que es una senda muy peligrosa y aconsejo a la Junta de Andalucía que lo estudie con mucho detalle porque a veces las soluciones más fáciles son las menos inteligentes", ha contestado a preguntas de los periodistas.

El presidente gallego ha recordado que esta semana la Xunta firmó un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y con la Federación Galega de Municipios y Provincias para proteger a las personas que sufran un desahucio por ejecución hipotecaria o por impago de la renta de alquiler. El acuerdo implica que, cuando los jueces detecten casos de especial vulnerabilidad en los procesos de desalojo, informarán a los servicios sociales de la comunidad autónoma y a los Ayuntamientos. Feijóo resaltó que su Ejecutivo ha puesto 500 viviendas a disposición de las personas que sufran un desahucio por impago de hipoteca o renta, "en régimen de alquiler o propiedad".

• La Rioja aboga por más coordinación. "Tenemos que plantear políticas de carácter general. Lo que ha ocurrido en Andalucía y pueda ocurrir en otra comunidad de forma descoordinada no nos llevará absolutamente a nada. No puede ser que cada uno vaya por un lado. Las medidas extemporáneas y sorpresivas no contribuyen a generar un clima de normalidad y de apoyo de unos a otros", ha declarado Pedro Sanz (PP), presidente riojano. También él ha recordado la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en materia de desahucios, "que agilizó" los desalojos. Así, Sanz ha incidido en la necesidad de que las medidas y políticas se adopten en el Congreso de los Diputados, conjugando la protección de las familias "con el interés general de todos, planteando que la propiedad privada es un bien que tenemos en un Estado de Derecho". Según ha señalado, esto debe compaginarse con el derecho a la vivienda.

El Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño puso en marcha, el pasado 21 de febrero, un servicio de mediación para facilitar una solución a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias. En este tiempo han atendido 52 casos. Para el realojo de quienes lo precisen, el Instituto de la Vivienda (IRVI) de la comunidad dispone de más de 350 pisos: 61 de ellos del fondo social de las entidades financieras, 237 casas de particulares que figuran en la bolsa de alquiler del Ejecutivo regional y 69 del propio IRVI.

• El País Vasco no se pronuncia. El Ejecutivo vasco (PNV) aún no se ha pronunciado sobre la medida andaluza. Euskadi incorporó, hace casi un año, un servicio integral para prevenir, tratar de evitar y paliar los efectos del sobreendeudamiento familiar. El nuevo Gobierno está analizando cómo mejorar la iniciativa.

El servicio recoge, desde el Departamento de Consumo, orientación previa para quienes vayan a sumergirse en una hipoteca. Esta es la única medida destinada a toda la ciudadanía, ya que el resto están dirigidas a familias en riesgo de desahucio de su única vivienda en propiedad. Para quienes ya deben una cantidad importante de dinero, el Departamento de Justicia facilita una mediación que impulsa con economistas profesionales entre la familia sobreendeudada —los requisitos son que la vivienda no tenga un valor superior a los 350.000 euros y que sea la única en propiedad— y la entidad bancaria, con el objetivo de evitar un desahucio y buscar alternativas como un alquiler social.

En los casos más extremos, aquellas familias ya desalojadas, sin un entorno que las acoja y en riesgo de exclusión social, el Departamento de Vivienda facilita una casa de protección oficial en régimen de alquiler social, priorizando los recursos que se encuentren en la zona donde vivían antes de ser desahuciados. En los dos primeros meses de este año, ocho familias han hecho uso de esta última parte del servicio y más de una decena están en fase de tramitación.

• El Principado de Asturias no valora la medida. "Somos una comunidad gobernada por el PSOE, pero cada una tiene sus señas de identidad, y es un proyecto [el decreto andaluz para frenar los desahucios] que, por el momento, no se ha planteado", señalan fuentes de la Consejería de Presidencia del Gobierno asturiano. Remiten a su propia estrategia para combatir los desalojos. El Ejecutivo regional aprobó el pasado diciembre la creación de una oficina de ayuda a afectados en materia hipotecaria desde la que se realizan labores de mediación con entidades financieras. Alrededor de 300 personas han solicitado estos servicios.

En Asturias se han aplicado "medidas administrativas, no legislativas". Entre ellas destaca, según indican desde la Consejería de Presidencia, la habilitación de su propio parque de viviendas —que cuenta con unos 500 pisos, de los cuales "unos 30 están disponibles"— para afectados por desahucios. Además, está en marcha la suscripción de un convenio entre los 78 Ayuntamientos de la comunidad y los dos colegios de abogados para que, además de labores de intermediación, también pueda prestarse asistencia jurídica gratuita a quien lo solicite y carezca de recursos. 

• Región de Murcia: "El decreto está verde". El Ejecutivo murciano (PP) considera que el decreto andaluz "está verde en todos los sentidos, en su publicación y en su desarrollo, porque aún hay muchas cosas que no están claras". El portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, ha reconocido, no obstante, que existe "una conciencia general de que las entidades financieras tienen que ser parte de la solución porque ellas han sido parte del problema". Ha asegurado no conocer al detalle la propuesta andaluza, por lo que cree "prematuro" hacer cualquier posicionamiento en relción con la iniciativa, pero señala que "no parece socialmente sostenible que se pretendiera, en algún momento, privatizar los beneficios y ahora socializar las pérdidas".

"Nos encontramos en una situación sin precedentes que, en muchos casos, requiere medidas o soluciones sin precedentes y esta iniciativa de la Junta de Andalucía puede enmarcarse en este tipo de medidas o actuaciones", ha afirmado Ballesta, tras lo cual ha subrayado que cualquier iniciativa que se adopte en un Estado de Derecho tiene que habituarse "a la más estricta ortodoxia legal y constitucional" y saber balancear el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad.

Murcia dispone de una oficina de información que asesora a afectados. Se evalúa cada caso y, en función de la situación en la que se encuentre, se le remite al departamento pertinente para facilitarle la ayuda que precise, explican fuentes de la Consejería de Obras Públicas. La comunidad oferta su parque de viviendas públicas, que cuenta con unos 3.100 pisos de los cuales ahora hay nueve desocupados. Además, los Ayuntamientos también ofrecen asesoramiento a las familias afectadas.

Con información de Concha Monserrat, Andreu Manresa, Pedro Murillo, Clara Blanchar, José Marcos, Javier Doria, Pilar Almenar, Marta Fernández Maeso, Cristina Huete y Ania Elorza.