Interior establecerá para cada escrache la distancia de seguridad

Mariano Rajoy y el Gobierno se enfrentaban ayer a una agenda muy clara: sesión informativa sobre el último Consejo Europeo y control parlamentario en el Congreso de los Diputados. Pero la presión social y los desahucios marcaron, una vez más, los mensajes y la actividad del Ejecutivo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, abordaron la cuestión para fijar un límite de seguridad a las protestas y un límite jurídico a la medida anunciada por la Junta de Andalucía de expropiar viviendas a los bancos para impedir algunas ejecuciones hipotecarias.

Fernández señaló en los pasillos de la Cámara baja que su departamento establecerá en cada caso, en función de las necesidades y las características del lugar, el perímetro de seguridad de las viviendas de los diputados o dirigentes políticos para protegerlos de los escraches o protestas ante sus domicilios.

El ministro salió al paso de unas declaraciones de su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que previamente había hablado de dar instrucciones “claras” y había sugerido que, como norma, la policía prohíba la celebración de escraches a menos de 300 metros. Pero esa distancia, según aclaró el titular de Interior, no tiene por qué ser de 300 metros: “No se ha adoptado ninguna medida de distancia de seguridad de 300 metros. Yo eso como ministro lo desmiento”.

El ministerio aplicará, por tanto, “flexibilidad y proporcionalidad” en el control de esas polémicas concentraciones que están afectando sobre todo a parlamentarios y dirigentes del Partido Popular. “No tiene ningún sentido, es absurdo” fijar a priori esa distancia, trató de zanjar.

Ese criterio de “proporcionalidad” coincide con la prudencia mostrada por el Gobierno ante la iniciativa anunciada por el Ejecutivo de José Antonio Griñán en Andalucía. Sin rechazar su aplicación, al menos en principio, el ministro de Justicia aseguró que se estudiará esa medida “con la seriedad” que merece esa iniciativa para impedir desahucios y, a la espera de su publicación en el Boletín Oficial de Andalucía, quiso poner el acento en que “todos los españoles tienen que tener los mismos derechos” en toda España.

Alberto Ruiz-Gallardón, en cualquier caso, fijó la postura del Ejecutivo al afirmar que “la respuesta” a los desahucios “tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la comunidad en la que vivan”. “La respuesta que se dé a un problema nacional tiene que ser una respuesta nacional”, agregó.

Además de esta filosofía, que marca un criterio político, Gallardón avanzó también cuál será la actuación del Gobierno en el terreno estrictamente jurídico. De momento, consistirá en evaluar “el encaje legal” y los posibles efectos de la iniciativa adoptada por Griñán. El titular de Justicia insistió en que, al margen de la decisión que se tome, las soluciones y las iniciativas para paliar el drama de los desahucios deberán ajustarse a la ley y debatirse en el Congreso de los Diputados, lo que supone un procedimiento que apuntala una respuesta común y no de carácter autonómico.

La prudencia del Gobierno en la valoración de la medida de la Junta choca, sin embargo, con la reacción de la dirección del Partido Popular. El vicesecretario de Organización y Electoral de la formación, Carlos Floriano, calificó de “populismo”, en una entrevista en la Cope, la hipótesis de que Andalucía pueda realizar expropiaciones aunque sean de carácter temporal. Floriano consideró que esta iniciativa supone una “vulneración de derechos de propiedad” y “una vulneración de una forma evidente”.

No expresó la misma opinión la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, quien manifestó su apoyo a la decisión de la Junta de intentar paliar las consecuencias de los desahucios, al menos para aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

“Todas aquellas iniciativas que dentro del marco de la legalidad vigente y desde el ejercicio de las competencias que a las comunidades autónomas les corresponden, puedan favorecer a esos miles de ciudadanos que se encuentran en esos límites de pobreza, en esos límites de exclusión, derivados del paro u otras dificultades económicas a mí me parecen positivas”, indicó Bravo, informa Efe.

Lo portavoz del órgano de gobierno de los jueces considera también “muy positivo” que la Administración “se esté sensibilizando en un tema tan importante como es la situación de exclusión social en la que quedan las personas sin viviendas, que es un derecho fundamental”.

Este debate concitó ayer el interés de todas las fuerzas políticas y muchas instituciones, frente al silencio de las entidades financieras. CiU mostró respeto por la iniciativa, recordando que en 2007 el Gobierno del tripartito aprobó una medida similar en Cataluña que, sin embargo, nunca fue aplicada. Mientras tanto, Izquierda Unida plantea extender la iniciativa también a otras comunidades. El coordinador general de la formación en Extremadura, Pedro Escobar, considera que la propuesta de la Junta de Andalucía “suena muy bien”, y por eso no descarta estudiar una adaptación del decreto en esa comunidad.