La reunión sobre la ley hipotecaria termina con un nuevo aplazamiento

“El consenso es aconsejable pero no es un fin en sí mismo”. Esta frase del diputado del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, avanza lo que seguramente ocurrirá en un plazo no superior a dos semanas: La futura ley hipotecaria y de protección de los deudores se aprobará en el Congreso y en un mes en el Senado con la mayoría del Grupo Popular y con el voto en contra de todos los demás. La reunión de la ponencia ha durado casi dos horas y se ha constatado las discrepancias. Todos los grupos consideran insuficiente el texto aprobado por el Gobierno y no ven reflejadas sus enmiendas.

El próximo martes habrá una nueva reunión de ponencia y, por tanto, un nuevo plazo para tratar de que las cosas cambien y que el grupo mayoritario haga algún gesto como “paralizar todas las ejecuciones de desahucio lo que puede hacer el Gobierno en el Consejo de Ministros del próximo viernes”. Esta es la petición de Leire Iglesias del Grupo Socialista, mientras que otros portavoces, como Joan Coscubiela de ICV, advierte a la mayoría popular que “el conflicto se va a cerrar en falso si se aprueba el texto del Gobierno”.

El proyecto no va a pasar por el pleno del Congreso sino que se aprobará en Comisión

Además de las cuestiones de fondo habrá también gresca política porque el proyecto no va a pasar por el pleno del Congreso sino que se aprobará en Comisión, dotada por la mayoría parlamentaria de capacidad legislativa plena. Esta es una forma de acelerar los plazos que tiene buena acogida por la oposición cuando se trata de un asunto en el que se camina de la mano, con todos a favor, y a corre prisa, en beneficio de los ciudadanos que se apruebe. El problema estará en que no va a haber acuerdo y, por tanto, la oposición querría llevar el debate al pleno.

Pero no ocurrirá. Los parlamentarios de la oposición y también los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, se preguntan dónde está el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, ILP, porque no lo encuentran en el texto gubernamental. No hay dación por pago; tampoco se han paralizado los desahucios de forma total y universal y los planes de viviendas de alquiler social tampoco se presentan nítidos.

La paralización de las ejecuciones, la constatación de cláusulas abusivas y las quitas de la deuda quedan en términos generales en manos de jueces y notarios y en la discrecionalidad de los bancos. No era eso, han dicho Leire Iglesias del PSOE, Lourdes Ciuró de CiU; Aitor Esteban del PNV; Joan Coscubiela de ICV; Olaia Fernández Dávila del BNG y Carlos Martínez Gorriarán de UPyD. Este último, sin embargo, aún confía en que pueda haber algún margen para la negociación, aunque la dación en pago no sea la solución que se ofrezca. Todos seguirán peleando para que el Gobierno se acerque a postulados más favorables a los afectados y hagan una lectura “menos cicatera” de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que dictaminó un claro abuso y la indefensión de los consumidores españoles por la legislación hipotecaria española. Lo cierto es que el Gobierno y el Grupo Popular están ya al límite de lo que creen posible para hacer “el mejor texto posible para encontrar el equilibrio entre las posibilidades de renegociación de la euda, el cumplimiento de la sentencia europea y la protección del sistema hipotecario”, aclara el popular Vicente Martínez Pujalte.