Una ONG denuncia la entrega ilegal de inmigrantes desde Melilla a Marruecos

La ley española prohíbe las devoluciones de inmigrantes en caliente; es decir, mandar de vuelta a quien esté ya en España, aunque haya entrado de manera irregular, sin seguir el procedimiento legalmente establecido al efecto. El Defensor del Pueblo lo recuerda en casi todos sus informes anuales. El viernes por la mañana, una patera llegó cerca de la playa de Melilla procedente de Marruecos con al menos una decena de inmigrantes. Los que viajaban en ella, subsaharianos, fueron remolcados por la Guardia Civil y trasladados en una zódiac del instituto armado hasta aguas marroquíes, donde fueron entregados a las autoridades del país vecino. Una ONG lo grabó, hizo fotos, y lo ha denunciado ante Defensor del Pueblo, que tendrá que investigar lo sucedido. La delegación del Gobierno de Melilla afirma que la patera nunca estuvo en aguas españolas y que fue interceptada "en alta mar".

En una de las fotos se ve cómo la patera está siendo remolcada por la Guardia Civil. En ese momento, se ve al fondo la playa de Melilla, que parece cercana a la patera. Esta foto es la más controvertida. José Palazón, de la asociación Prodein, que vio toda la secuencia, asegura que la patera estaba, como mucho, a 30 metros de la playa, en aguas españolas y que ese es el momento que recoge la foto.

La dudosa entrega de una patera

La versión oficial de la delegación del gobierno de Melilla, según confirma un portavoz, es que la patera fue interceptada en alta mar y que no hubo nada irregular en su entrega a las autoridades marroquíes. Que los agentes la vieron, le prestaron auxilio según las normas de salvamento marítimo y que las fuerzas marroquíes se hicieron después cargo de ellas. Sobre lo cerca que aparece de la playa la patera en la foto, insisten en que era alta mar y señalan que quizá sea un problema de perspectiva.

Uno de los vídeos muestra cómo, fuera del puerto, se dirigen hacia aguas marroquíes. En otro se ve cómo los inmigrantes subsaharianos pasan de la zódiac de la Guardia Civil —donde pasaron desde su propia patera— a la zódiac de las autoridades marroquíes, que los sujetan con las cuerdas de la embarcación para llevárselos a Marruecos.

La cuestión de hasta dónde llegan las aguas españolas en Melilla es confusa. Pero, según el material de la Escuela Diplomática de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, si no existiera el rompeolas exterior del puerto marroquí de Beni Enzar, “que entra en aguas indiscutiblemente españolas, la delimitación del mar territorial melillense por equidistancia, engendraría un espacio que terminaría más allá del límite de las 12 millas”. “En la situación actual, debida a lo que no podemos entender sino como un gesto de cooperación y buena voluntad por parte de España, las líneas equidistantes, teniendo en cuenta eserompeolas, se cierran a unas 7 millas de la bocana del puerto”, concluye el texto.

La ONG Prodein pone en duda la versión de la delegación del Gobierno —las personas que hicieron las grabaciones presenciaron los hechos y aseguran que la patera estaba ya en la playa— y ha puesto los hechos, y el material gráfico de que dispone, en manos del Defensor del Pueblo.

Esta institución dio un tirón de orejas al Gobierno en su último informe anual en relación con las devoluciones que no siguen los procedimientos legales. La llegada de un grupo de ochenta y tres personas a la isla de Tierra, perteneciente al archipiélago de Alhucemas, motivó la intervención del Defensor ante las quejas recibidas procedentes de varias ONG. Las mujeres embarazadas y los menores fueron trasladados a Melilla. Pero el resto fueron entregados por la Guardia Civil a las autoridades marroquíes de madrugada y sin que pudieran hacer ninguna alegación individual.

El Defensor afirmó en el informe que las actuaciones del Ejecutivo vulneraron el ordenamiento jurídico vigente. “Se recordó a la Secretaría de Estado de Seguridad que cuando se intercepta a un extranjero cuyo propósito sea entrar de manera irregular en España, este ha de ser puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, para que se incoe el oportuno expediente de devolución, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000”, indicaba el informe. Los informes de 2006, 2007, 2008 y 2009 insisten también en la necesidad de cumplir la ley de Extranjería en este tipo de devoluciones.