La sentencia marcará la pauta para todos los casos de desahucios en la UE

Las dudas que en 2011 le surgieron al juez José María Fernández Seijo sobre el caso de Mohamed Aziz, un marroquí que acababa de ser desalojado de su casa, van a modificar de un plumazo todos los procesos de desahucios que tramiten a partir de ahora los jueces. El Tribunal de Justicia de la UE, siguiendo los consejos de la abogada general, ha declarado la ley española incompatible con las reglas europeas de protección a los consumidores.

“Lo que se está debatiendo es si un ciudadano puede parar un procedimiento de expulsión de su vivienda si considera que la hipoteca contenía cláusulas abusivas. La abogada de Luxemburgo aseguró de forma categórica que el proceso genera indefensión y por tanto hay que modificarlo”, explica antes de conocer la sentencia Martí Batllori, abogado, y colaborador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Lo que hoy ha dictaminado la Corte de Luxemburgo será de obligado cumplimiento por todos los jueces de la UE.  Pese a que España no estaría formalmente obligada a cambiar la ley, casi con toda seguridad lo acabará haciendo para aclarar el panorama. El Gobierno español ha esperado a conocer la sentencia para aprobar el proyecto de ley sobre desahucios que está en tramitación en el Congreso. El objetivo es ahorrarse la humillación de aprobar una regulación que quede inmediatamente desautorizada por la justicia europea.

Pero las consecuencias del veredicto no se notarán solo en España. Los efectos podrían llegar a sentirse en países como Bulgaria, que tiene una ley bastante parecida a la española y que también podría verse abocada a cambiar su proceso de ejecución hipotecaria.

Lo que ha llegado a Luxemburgo es una cuestión prejudicial, es decir, una consulta de un juez que duda de la legitimidad de una norma. No se trata de un procedimiento abierto por un incumplimiento flagrante de una ley, por lo cual no se baraja que en un primer momento la Comisión Europea abra un expediente sancionador.

Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, argumentó el pasado mes de noviembre en una sentencia por qué consideraba que la ley española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Uno de los problemas que detectó es que el deudor perdía la vivienda y era desalojado antes de que pudiera demandar por malas prácticas a la entidad financiera que le concedió la hipoteca.