Blanco: “Si el juez abre juicio oral, presentaré mi renuncia como diputado”

El exministro de Fomento José Blanco, quien habría cometido según la fiscalía del Tribunal Supremo un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, renunciará como diputado solo si el juez decide abrirle juicio oral. “Si una vez concluida la instrucción, el juez decidiera finalmente dictar un auto de apertura de juicio oral, en ese momento haré lo que debo hacer, presentaré mi renuncia como diputado, es decir, dejaré el escaño”. Así se pronunció ayer el parlamentario del PSOE, en una reacción expeditiva ante la petición del fiscal del alto tribunal Manuel Dolz para que se tramite la solicitud de suplicatorio al Congreso de los Diputados, que, por la condición de aforado de Blanco, debe permitir que pueda ser juzgado.

En una comparecencia convocada en la cámara baja tras las ruedas de prensa de los portavoces, tan solo unas horas después de que la fiscalía del Supremo comunicara su decisión, el diputado quiso dejar claro que si el juez decide cursar ese suplicatorio, pedirá al Congreso que lo conceda. El portavoz de los populares, Alfonso Alonso, recordó al respecto que la cámara “nunca” ha puesto “ningún obstáculo” para que los jueces puedean proceder y que, por tanto, su grupo lo apoyará. El exministro, que leyó un breve comunicado y contestó algunas preguntas en una sala repleta de medios y entre gran expectación, hizo hincapié en los tiempos. Blanco matizó que aún no existe un auto que fije la conclusión de la instrucción y que, por tanto, hay recursos “pendientes de resolución”. “Todavía no hay un auto que dé por concluida la instrucción y sigue habiendo una serie de recursos que hemos planteado y que están pendientes de resolución”, precisó antes agregar: “Lo lógico es que se resuelvan”.

El juez del caso Campeón, José Ramón Soriano, todavía no ha dado la instrucción por concluida, por lo que aún queda pendiente la resolución de algunos recursos, entre los que se encuentran algunos planteados por el propio Blanco. A finales de febrero, por ejemplo, el juez aprobó la práctica de nuevas diligencias como la de requerir a la Agencia Tributaria el número de las cuentas corrientes del exministro y de su esposa y recabar todos los extractos bancarios desde 2006 a 2011. El exdirigente socialista, que lleva alejado de la primera línea de la política desde las elecciones generales de 2011, solicitó después la nulidad de las pesquisas policiales sobre sus cuentas.

Blanco, imputado en el caso, insistió en su inocencia y quiso desvincularse además del empresario Jorge Dorribo, que le había acusado de recibir 200.000 euros en una gasolinera de Guitiriz, en Lugo, a cambio de unas supuestas gestiones. Aunque de momento esta acusación no está probada, el diputado afirmó: “Reitero, nunca he recibido dinero del señor Dorribo y nunca he realizado gestión alguna a favor de ese señor”. En sus tres referencias al empresario, denunció “las falsas acusaciones” y aseguró que, tras ser informado de ellas, se dirigió al juzgado de Lugo “para averiguar qué imputaciones concretas se me realizaban”, puesto que “solo conocía las imputaciones que el señor Dorribo había realizado a través de los medios de comunicación”. Blanco rechazó además el delito de tráfico de influencias al destacar que la acusación en unas “transcripciones de llamadas telefónicas que, según certificó la secretaria judicial, se realizaron sin autorización judicial”.

Y en relación con la concesión de una licencia ambiental previa a la ampliación de la empresa Transportes Azkar en Cataluña, cuyo vicepresidente y consejero delegado José Antonio Orozco es amigo personal de Blanco, este afirmó que se limitó “a solicitar información en relación con un expediente atrasado en un proyecto del que dependían 400 puestos de trabajo, sin presionar ni condicionar la voluntad de nadie”. “Por no hablar, ni hablé con el alcalde de Sant Boi, al que, por cierto, como se acredita en el propio escrito del fiscal, ni sabía quién era”, insistió. El parlamentario justificó ayer públicamente esa decisión considerando “absolutamente normal” que el Ministro de Fomento “se interese por la razón del retraso de unos expedientes vinculados con el transporte o con la ampliación de un aeropuerto, máxime cuando se iban a generar 400 puestos de trabajo”.

Blanco, que destacó que en los últimos meses ha solicitado reiteradamente “que se aparten de la investigación todos los informes que han sido realizados al margen de la autorización del instructor”, intervino justo después de la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez y antes de comunicar su decisión al secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. La dirección “respeta” la opción elegida por el exministro y considera que el que siga en su escaño si el juez no le abre juicio oral no invalida que ellos pidan dimisiones de dirigentes del PP. Por ejemplo, la renuncia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuyo exmarido, Jesús Sepúlveda, está imputado en el caso Gürtel.