Interior y la Guardia Civil harán “comprobaciones” sobre el ‘caso Hellín’

El Ministerio del Interior y la Guardia Civil investigarán el caso Hellín, después de que este domingo EL PAÍS publicara que el autor de uno de los asesinatos más brutales de la Transición trabaja como asesor en casos de terrorismo y crimen organizado para el Instituto Armado y la policía.

A la espera de un pronunciamiento oficial, fuentes de ambos organismos confirmaron que realizarán las “comprobaciones” necesarias sobre la relación con el ultraderechista Emilio Hellín Moro, condenado a 43 años de cárcel por el asesinato en 1980 de Yolanda González Martín, joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores, y para averiguar su identidad.

Exmilitante de Fuerza Nueva, de 63 años, trabaja para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos que ya están en los tribunales, y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático. Y lo hace bajo el nombre con el que desde hace años figura en los registros oficiales: Luis Enrique Hellín. “Emilio murió hace tres o cuatro años… Somos familia”, declaró a este periódico. La realidad es que el antiguo ultra, que cumplió condena durante 14 años —una pena excepcionalmente corta, considerando el paréntesis de una fuga a Paraguay—, cambió su nombre hace 16 por el de Luis Enrique.

Este experto informático, que niega ser el excriminal pese a su evidente parecido físico con Emilio, es el titular de New Technology Forensics, una empresa especializada en peritaje criminal con sede en Madrid. Al salir de la cárcel de Jaén 2 empezó a construirse una nueva vida, centrada precisamente en las actividades de investigación criminal y judicial, un mundo que él mismo conoció después de secuestrar a Yolanda González en su casa de Madrid y descerrajarle dos tiros en la cabeza en un descampado con el argumento de que ella era miembro de ETA. Una falsedad.

El nuevo Luis Enrique Hellín Moro es ahora uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Desempeña ese papel participando en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra. Da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en organismos oficiales y cobra por estos trabajos directamente del Ministerio del Interior, según ha comprobado este periódico.

Experto en el rastreo de pruebas en teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos digitales, el antiguo criminal ha impartido varios cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre “teléfonos espía”, obtención de evidencias en Mac, iPhone, iPod, e interpretación de datos binarios obtenidos de dispositivos portátiles. Su último trabajo conocido es el rastreo de llamadas en el caso José Bretón, los dos niños supuestamente asesinados por su padre en Córdoba.

El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y la Guardia Civil eluden pronunciarse oficialmente sobre estas circunstancias. Al menos, no antes de abrir una investigación que esclarezca, tras realizar las “comprobaciones necesarias”, la relación que el exconvicto mantiene con estos organismos a través de contratas externas. Fuentes conocedoras de estos procedimientos aseguran, en cualquier caso, que antes de contratar con empresas asesoras en casos de terrorismo y seguridad ciudadana es habitual investigar a sus responsables.

Luis Enrique nunca confesó públicamente que es en realidad Emilio, el ultra que hace 33 años, casado y con tres hijos, dio “un paseo a Yolanda González por una España grande, libre y única”, según la reivindicación del asesinato del Batallón Vasco Español, antecesor de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que desde su aparición, el 24 de mayo de 1978, asesinó a 12 personas en atentados dentro y fuera de España. La diferencia entre este y otros crímenes de esta organización parapolicial es que Yolanda González jamás tuvo nada que ver con ETA.