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Urdangarin: “La Casa del Rey no asesoró, autorizó ni avaló mis actividades en Nóos”

El duque de Palma ha sido preguntado por tres delitos de fraude fiscal

Ha tratado de crear un cortafuegos entre su trabajo en Nóos y La Zarzuela

La segunda declaración del esposo de la infanta Cristina en el juzgado ha sido grabada

El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, imputado por supuesta corrupción, declaró ayer durante cuatro horas en el juzgado de Palma de Mallorca donde se instruye el caso Nóos.Pero antes de contestar a las preguntas del juez y del fiscal, en una estudiada estrategia de sus asesores, leyó un alegato para desmarcar al Rey y a la Casa del Rey de cualquier actuación de amparo a sus negocios sucios con fondos públicos, por los que está acusado de hasta ocho delitos. “La Casa de S. M. el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Nóos”, aseguró.

De este modo, Urdangarin quiso salir al paso de lo que llamó “un proceso público al pretendido papel de la Casa Real”, tras la divulgación de sus correos electrónicos y las declaraciones de su antiguo socio Diego Torres. Este había dicho que nada se hacía en Nóos que no fuese avalado o conocido por La Zarzuela. El yerno del Rey afirmó que las aportaciones de correos y las manifestaciones judiciales de su antiguo aliado correspondían a una maniobra de “desplazamiento del foco de esta instrucción”.

Texto íntegro leído por Urdangarín ante el juez Castro

El duque de Palma ha leído un texto exculpatorio para la Casa del Rey antes de iniciarse el interrogatorio ante el juez José Castro. La declaración textual es la siguiente:

"Antes de someterme a las preguntas en este Juzgado, quiero declarar que, como consecuencia de la entrega y difusión de determinados correos y documentación presuntamente relacionados con este procedimiento, se ha producido en las últimas semanas un desplazamiento del foco de esta instrucción de los hechos propiamente dichos hacia un proceso público al pretendido papel de la Casa Real en los mismos.

A este respecto, declaro que la Casa de S. M. el Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto Nóos. Por el contrario, cuando tuvo conocimiento de la existencia de reproches políticos a las administraciones públicas contratantes, la Casa de S. M. el Rey me trasladó las recomendaciones oportunas para que dejara de realizar una actividad que no consideraba adecuada para mi status institucional. Y así lo hice".

El esposo de la infanta Cristina lanzó su proclama en el juzgado y, de inmediato, la agencia Efe la divulgó. El texto ocupó durante horas las portadas de las páginas webs. Hasta media tarde se ignoró el contenido del interrogatorio, que era secreto. En apenas 170 palabras, el antiguo deportista del Barça de balonmano quiso cargar con las posibles responsabilidades públicas pero el texto no tiene ninguna trascendencia en el proceso penal, según fuentes judiciales. El comunicado, que también exculpa a la Infanta, es semejante a otro del año pasado. No fue leído por el yerno del Rey ante la nube de medios de comunicación que cubrían su comparecencia, sino a puerta cerrada, ante el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach.

Según su relato, cuando La Zarzuela tuvo conocimiento de “la existencia de reproches políticos” por los contratos con la Generalitat valenciana y el Gobierno de Baleares (5,8 millones de ingresos para el Instituto Nóos), “la Casa de S. M. el Rey me trasladó las recomendaciones oportunas para que dejara de realizar una actividad que no consideraba adecuada para mi estatus institucional. Y así lo hice”.

El esposo de la Infanta y su abogado, Mario Pascual, cuestionaron la validez de los correos hechos públicos por Diego Torres. Urdangarin dijo que no contestaría sobre su contenido. Pero en el largo interrogatorio asumió preguntas sobre episodios y hechos contenidos en los correos. Habló de los e-mails de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey, y de la Fundación Laureus. Pero no recordó por qué, en 2005, la aristócrata alemana le pidió su cuenta corriente y la de la Infanta.

Asumió la propiedad de los diferentes dominios de correos de Internet, menos uno que es de Telefónica. En manos de Diego Torres existe más material delicado sin aportar a la causa, que están en el disco duro del servidor de la malla de empresas que creó Nóos, con 500 de gigas de capacidad informática.

“Yo no he cobrado nada de esto”, fue una de las frases más repetidas desde el banquillo de la sala judicial por Iñaki Urdangarin, según distintas fuentes. La táctica defensiva, tras levantar con el comunicado un dique de contención ante La Zarzuela, fue encastillarse en su inocencia, en una función institucional, altruista, en proyectos deportivos y eventos de impacto turístico.

Afrontó las preguntas del juez, del fiscal y de la Abogacía del Estado sobre los posibles delitos contra la Hacienda Pública. El interrogatorio aludió en buena parte a los tres nuevos delitos fiscales que se le atribuyen, en 2007 y 2008 por impagos en su renta por cobros en Aizoon y en 2008 por no abonar el impuesto de sociedades del Instituto Nóos. Se escudó en que hacía lo que le recomendaron o señalaron sus asesores fiscales y dijo que aportará expedientes de la inspección tributaria a la que está sometido.

“¿Por qué facturó trabajos que usted realizó a su empresa Aizóon \[compartida con la Infanta\]?”, insistió el fiscal Horrach. Ese es uno de los puntos clave de los supuestos delitos. Defraudó, supuestamente, casi medio millón de euros en dos ejercicios. Cobró grandes cantidades de empresas de las que es asesor y consejero e hizo pasar esos abonos como trabajos desde su empresa, donde tenía empleados sin cualificar para fingir una actividad laboral. Dijo que había trabajadores que le ayudaban en sus asesorías empresariales. “¿En qué?” No contestó, como tampoco dijo como consiguió entrar en los consejos de Administración de Altadis, Motor Press, Pernod y Aceros Bergara, entre otros.

Afirmó que no tenía cuentas en Suiza ni estaba autorizado para operar en pequeños paraísos fiscales. Negó haber montado, como sostienen el fiscal y su socio, una red fiduciaria (con vínculos en Londres, Bélice y Panamá) para evadir capitales. Rechazó directamente la relación económica con amigos (como Álex Sánchez Bollinger) que han sido señalados como testaferros o colaboradores en cobros de asesorías con Aguas de Valencia y que han sido interrogados en la causa. Nunca supo nada de facturas falsas, dijo, pagos sospechosos o empleados ficticios. Defendió su gestión de lobby en la promoción de la candidatura de Madrid 16, afirmó que no cobró fondos de los 144.000 euros en donaciones que percibió su tercera fundación FDCIS (Fundación Cultura Deporte e Integración Social). Y se desvinculó de las autoridades de Madrid de entonces, con Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza, sobre supuestas irregularidades en un trabajo para la “Marca España”.

Otro de los cortafuegos que levantó fue negar que se hubiera reunido en La Zarzuela con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como había afirmado su socio Diego Torres, quien aseguró que trataron allí negocios privados, como la operación —realizada en tres ediciones— de los Valencia Summit. Camps también había manifestado que esta cita no se realizó mientras que Barberá había descartado entrar a valorar los testimonios de imputados o defensas. El juez indagó sobre el libro de visitas del palacio del Rey y pondera reclamar los registros.

El yerno del Rey asumió ante el juez, en su anterior declaración del año pasado, la celebración de un encuentro de pádel y de una cita posterior para tratar de eventos en el palacio real de Marivent con el expresidente de Baleares, Jaume Matas, que negó públicamente el encuentro. Se desligó del proyecto de los Juegos Europeos y solo asumió haber acompañado a Diego Torres a Valencia a presentar ese proyecto personal del socio. “Fue lacónico, vacío y contradictorio en bastantes ocasiones. En su primera cita de 2012 estuvo más seguro” analizaron de manera coincidente un letrado defensor y un miembro de la acusación. Desde los inicios de la causa, que entra en su recta final, se acumulan indicios de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y posible blanqueo de capitales, además de los tres citados delitos fiscales.