Justicia crea un fichero con datos sindicales de funcionarios sancionables

El Ministerio de Justicia ha creado un fichero de régimen disciplinario de los empleados públicos de ese departamento que incluye, junto a los datos de nombre, domicilio y cargo el de “afiliación sindical”, según ha denunciado el sindicato CSI-F, mayoritario en el sector. La inclusión de esa información en un registro interno, afirma el sindicato, “puede entrar en colisión” con la ley de Protección de Datos y con la Constitución. El ministerio respondió que el archivo ha sido visado por la Agencia de Protección de Datos y que no se refiere a afiliados sino a representantes sindicales, pero aun así se mostró dispuesto e incluso partidario de modificarlo.

Las características de ese futuro fichero informático —que aún no se ha puesto en marcha ni contiene ningún nombre— han sido publicadas en el BOE. Su finalidad es “el seguimiento y gestión” de los expedientes disciplinarios a empleados públicos. En él se incluirán datos habituales como nombre, domicilio, dirección y teléfono, detalles del puesto de trabajo y sanciones impuestas. Pero hay otro dato más: el de “afiliación sindical” de los denunciados.

“Ningún empleado público está obligado a revelar su condición de afiliado y mucho menos puede verse obligado a que ese dato figure en un fichero”, dijo CSI-F en un comunicado. El sindicato pedirá “explicaciones” al ministerio en la mesa sectorial la próxima semana.

“Se eliminará”

El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, explicó a EL PAÍS que el formato de ese archivo, como el de todos los que hacen los ministerios y organismos públicos, había pasado el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos, y que esta solo había pedido que el dato de afiliación sindical tuviera el carácter de “especialmente protegido” (como así consta en el archivo).

Aseguró también que el objetivo de esa casilla no es fichar a sindicalistas sino garantizar la especial protección en los procedimientos disciplinarios que el Estatuto del Empleado Público reconoce a los representantes sindicales; y atribuyó a un error el hecho de que en el documento se diga “afiliación” en lugar de “representación sindical”. En cualquier caso, Bravo —que según dijo tuvo conocimiento de la existencia del archivo ayer mismo— va a dictar hoy una instrucción en la que ordenará que “se elimine” esa casilla del fichero si la Abogacía del Estado no considera indispensable mantenerla.