La reforma de la Administración prohíbe pagar sueldo a 55.000 ediles

Tras manejar un buen puñado de borradores, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el informe del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que pone en sus manos importantes herramientas para vaciar de competencias a los Ayuntamientos que no cumplan a rajatabla con las medidas de austeridad en favor de las Diputaciones. El Gobierno calcula que se ahorrarán con la reforma 7.129 millones de euros en el periodo 2013-2015.

La reforma permitirá a las comunidades autónomas rescatar servicios que ahora delegan (como limpieza de colegios, consultorios médicos en pueblos pequeños, servicios de teleasistencia o guarderías), o bien cedérselos a los Ayuntamientos a través de un convenio en el que se determine su coste y se asegure su financiación. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó que se trata de "una reforma de calado que es clave para racionalizar el ámbito local". Santamaría subrayó que el proyecto busca "racionalizar la estructura de la administración local buscando el equilibrio financiero". El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha detallado que la "clarificación de competencias" permitirá ahorrar 2.232 millones; la  "eliminación de duplicidades" 3282, la supresión de mancomunidades y entidades locales menores que no presenten cuentas otros 73 millones, la reducción de personal 145 y otros 1.397 se ahorarán por las sinergias que se genere el sector público local.

La que se inicia hoy iba a ser una de las primeras reformas del Gobierno de Mariano Rajoy, pero los desencuentros con la oposición y las resistencias entre alcaldes de su propio partido fueron descafeinando algunas medidas con las que el PP quería poner orden en el patio municipal español. En cualquier caso los cambios afectarán a 8.117 municipios, 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades menores, así como a los 86.462 miembros electos que los gobiernan.

El texto, (que no ha sido facilitado a los medios) pretende terminar con las disfuncionalidades —a veces disparatadas— del modelo actual, donde las competencias se solapan en distintos niveles de la Administración. El PSOE sin embargo cree que tras la reforma se esconden nuevas privatizaciones porque sospecha que las Diputaciones que se hagan cargo de prestar servicios los subcontratarán. Los socialistas, que rompieron las negociaciones con el PP a principios de año, consideran que solo con la eliminación de las Diputaciones el ahorro podría alcanzar los 1.000 millones de euros."Estamos ante una reforma que ni elimina duplicidades, ni evita solapamientos ni establece mecanismos de financiación", aseguró ayer Gaspar Zarrías, responsable de política local.

Una de las patas polémicas del informe está en el límite salarial para alcaldes y concejales. Según el borrador al que ha tenido acceso este periódico, los 4.673 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes no podrán pagar a los cargos electos ni habrá dedicaciones exclusivas, pero sí recibirán las dietas por asistencia a plenos, algo que en la práctica ya sucede en la mayoría de los casos. Según lo aprobado esta mañana se establece como tope el sueldo de un secretario de estado (67.055 euros anuales, que con complementos se eleva a 100.000 euros brutos) para los regidores de los seis municipios españoles con más de medio millón de habitantes. Los que tienen entre 300.000 y medio millón tendrán como techo esa referencia, menos un 10%. Y así sucesivamente: a menor población, menos sueldo.

La reforma también afectará a los cargos políticos que tienen dedicación exclusiva. El 82% de los concejales no cobrarán por desempeñar sus funciones. Del mismo modo, se limita el personal evencual a 6.489 puestos para todos los municipios. Los techos salariales también se aplicarán a los funcionarios cada año en la Ley de Presupuestos Generales.

La reforma no estimulará la fusión ni la supresión de ningún municipio, aunque en la práctica deja al Gobierno la potestad de vaciar de contenido político a los que no cumplan con las medidas de austeridad. Por Real Decreto se establecerán unos baremos de costes de cada servicio. Los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con esos "costes estándar" marcados por el Gobierno deberán cedérselos a las Diputaciones. La medida afecta a 7.717 Ayuntamientos, el 95% del total. Tras un informe del interventor, el Ejecutivo también podrá forzarles a suprimir "servicios facultativos" (que no entren en sus competencias). En ese caso los servicios obligatorios los pasarán a gestionar "indirectamente", sin capacidad de contratación. En la práctica perderán todo el control sobre los mismos. Según Montoro, un mismo servicio llega a costar ahora "cuatro veces más" si lo presta una entidad de pequeño tamaño. A cambio, las Diputaciones provinciales verán incrementado extraordinariamente su poder. 

El informe determina que los "servicios propios" serán el urbanismo, basuras, vías y obras, policía local, tráfico, ferias, cementerios, emergencia social, deporte, cultura y participación ciudadana. Las mancomunidades que no cumplan con la rendición de cuentas en tres meses desaparecerán, igual que las entidades locales menores. Todo para aplicar la consigna "una Administración, una competencia", lanzada este verano por el presidente del Gobierno, que también lo fue de la Diputación de Pontevedra. 

La reforma que aborda el Gobierno, que ha negociado con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) supondrá la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, aprobada hace 28 años, que ha sufrido al menos 20 modificaciones. También afectará a la Ley de Haciendas Locales y a otros textos que regulan su funcionamiento. Una vez aprobado, el informe se remitirá al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de Administración Local (CENAL) antes de que se inicie su tramitación parlamentaria.