El pleno del Poder Judicial aprueba el freno a la renovación de sus vocales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno de los 5.100 jueces españoles, ha dado el visto bueno a la decisión del Consejo de Ministros de paralizar su renovación, acordada hace dos semanas, para poder aplicar el nuevo sistema de elección de los vocales establecido en la reforma de este órgano, que se está tramitando. Los 21 vocales que integran el pleno, incluido su presidente, Gonzalo Moliner, han emitido un informe no vinculante en el que ponen de manifiesto que acatan la decisión de Gallardón.

Con 11 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, se ha acordado la paralización del trámite. Los vocales que forman el CGPJ terminan su mandato de cinco años el próximo 24 de septiembre. Según la ley, el proceso para su renovación debe arrancar seis meses antes: en este caso, el 24 de marzo. Pero el Gobierno cree que para esa fecha aún no estará en vigor la nueva ley del Poder Judicial, que todavía no ha iniciado el trámite parlamentario y que cambiará, entre otras cosas, el mecanismo de elección de los vocales. Así que, para evitar que el nuevo Consejo sea elegido con la ley vigente y garantizarse que lo será con la nueva, el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, decidió dejar en suspenso el proceso de renovación. En un movimiento inédito, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial específico para una sola cosa: dejar “en suspenso” los artículos 112 y 114 de la actual ley orgánica del Poder Judicial, los que regulan la renovación.

El pleno del CGPJ ha estudiado en su reunión de esta mañana el informe favorable de la comisión de estudios e informes a esta iniciativa del Ejecutivo. A pesar de que el órgano de gobierno de los jueces ha acordado votar a favor de la paralización, en otras ocasiones se ha mostrado muy crítico con su reforma y, prueba de ello, fue la aprobación la pasada semana en un pleno extraordinario de un informe contrario a los planes del Ruiz Gallardón para el CGPJ. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de diciembre el anteproyecto de reforma del Consejo, que reduce el peso de las asociaciones de jueces en la elección de sus miembros y que rebaja a seis el número de miembros permanentes (en la actualidad son 21), lo que, según el ministro, debería servir para "despolitizarlo".

La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, manifestó en rueda de prensa el malestar del Poder Judicial con esta reforma, que, según lo acordado por la mayoría de los vocales, busca la "sumisión del poder judicial al poder ejecutivo" y atenta, por tanto, "contra la independencia del poder judicial".

Los cinco vocales que han votado en contra del preceptivo informe sobre el Anteproyecto han sido Manuel Almenar, Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Margarita Uría y Margarita Robles, que hace unas semanas elaboró un informe que alertaba de que con esta iniciativa de Gallardón el CGPJ se convertirá en un apéndice del Ministerio de Justicia. Este escrito contó con 15 votos a favor en el Consejo, con cinco votos en contra y con una abstención.

Margarita Uría ha incorporado al acta del pleno un documento en el que califica la propuesta de suspensión de vigencia a "un mero cálculo político" y añade que el Ministerio de Justicia pretende utilizar un instrumento normativo, como es el Anteproyecto de Ley, "por razones metajurídicas manifiestamente interesadas". "Se utiliza una técnica chapucera y, vinculándola a una hipótesis, una futura regulación distinta de la vigente, que además lo es de un supuesto importante:nada más y nada menos que la renovación de un órgano constitucional". A su juicio, se manipula el ordenamiento jurídico dando prácticamente efectos retroactivos a una norma que todavía no existe", en alusión a la futura reforma del funcionamiento y funciones del CGPJ.

El pleno del CGPJ también ha aprobado, con 19 votos a favor y una abstención, el informe al anteproyecto de Ley General de las Telecomunicaciones. Asimismo, Gonzalo Moliner ha dado cuenta de un escrito remitido por el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, en el que se solicita el inicio de los trámites para renovar a los dos magistrados del cuya designación corresponde al CGPJ. Se trata de sustituir al propio Sala y al magistrado Ramón Rodríguez Arribas antes del próximo 9 de junio.