Todos contra la corrupción

Si hay algo en lo que los partidos políticos mayoritarios se han puesto de acuerdo es en que, tras el escándalo provocado por el caso Bárcenas, toca mover ficha. Después de que EL PAÍS publicara los documentos que recogen la supuesta contabilidad manuscrita en la que el extesorero del PP registró pagos a altos cargos del partido entre 1990 y 2008, las formaciones se han apresurado a dejar patente su frontal rechazo a la corrupción.

Un cruce de reproches y acusaciones ha centrado el debate político desde entonces. Y más que lo hará. Los próximos 20 y 21 de febrero, días en los que se celebrará el primer debate sobre el estado de la nación de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se convertirán probablemente en un intercambio entre los grupos parlamentarios sobre el estado de la corrupción.

Desde el "ejercicio de transparencia" del PP, como se han referido sus propios dirigentes a la publicación de las cuentas del partido y de las declaraciones de la renta de Rajoy, hasta la batería de medidas propuestas por el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, pasando por el manifiesto de UPyD a favor de la regeneración democrática o la proposición de ley presentada por Izquierda Plural en el Congreso para luchar contra la corrupción. Cada uno a su manera, los partidos políticos pretenden demostrar a la opinión pública que están dispuestos a actuar.

» La transparencia del PP. “No voy a necesitar más que dos palabras: Es falso". Así se manifestó Rajoy respecto a los apuntes manuscritos de Bárcenas, que le atribuyen entregas de 25.000 euros al año entre 1997 y 2008. Los altos cargos del partido cerraron filas para negar que hubiera una contabilidad paralela, y el pasado viernes la formación publicó un resumen de sus cuentas entre 2008 y 2011. Sin embargo, las partidas detalladas son genéricas e impiden el cotejo con los papeles de Bárcenas.

Solo un día después, en un gesto sin precedentes en la democracia, el presidente del Gobierno hizo públicas sus declaraciones de la renta desde 2003. El ejemplo de transparencia de Rajoy, alabado por dirigentes PP como Esteban González Pons o Carlos Floriano, tampoco ha arrojado luz sobre la posibilidad de que haya algún pago que coincida con los anotados en la supuesta contabilidad del extesorero del partido. Eso sí, han revelado que, en plena crisis económica y cuando el Ejecutivo pedía a la población que hiciera un esfuerzo, el presidente se subió a sí mismo el sueldoque le asignaba el PP hasta un 27%.

Pero Rajoy no ha sido el único dirigente popular que ha publicado sus cuentas. El presidente balear, José Ramón Bauzá, el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, también han divulgado los datos de su renta. El vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, y otros barones del PP –como el presidente valenciano, Alberto Fabra; el gallego, Alberto Núñez Feijóo; o el extremeño, José Antonio Monago– ya han anunciado su intención de seguir la senda del presidente del Gobierno.

» La brigada antifraude del PSOE. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso hace ya dos semanas un pacto de todos los partidos contra la corrupción, pero este domingo ha ido más allá y ha ofrecido medidas concretas de reformas legales para hacer frente al que, según el último barómetro del CIS, es el cuarto problema más importante para los españoles.

El PSOE propone la creación de una Oficina Anticorrupción compuesta por "inspectores del máximo nivel" que controlen las Administraciones públicas, con inspecciones sin previo aviso y para disuadir a quienes estén dispuestos a delinquir. Los socialistas también proponen que la investigación y enjuiciamiento de estos casos sean atribuidos a la Audiencia Nacional; que las empresas implicadas en tramas de corrupción no puedan firmar contratos con la Administración hasta que los directivos condenados cumplan sus condenas, y que las empresas no puedan hacer donaciones a los partidos políticos. Para sacar adelante estas propuestas haría falta modificar, al menos, el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Enjuiciamiento Criminal y la de Financiación de Partidos.

» La regeneración democrática de UPyD. Unión, Progreso y Democracia ha hecho público un manifiesto por la regeneración democrática y la refundación del Estado, ante la "crisis de confianza" generada a raíz de los casos y sospechas de corrupción "en las principales instituciones y en los partidos políticos de gobierno y de oposición". La formación magenta apuesta por la aprobación de "leyes eficaces" que imposibiliten que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ser elegidas, y que acaben con el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, o limitar la disc recionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, de tal forma que se excluya a los condenados por corrupción. 

UPyD pretende considera necesario reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público de la actividad económica privada y pública, como "el Tribunal de Cuentas o el Banco de España"; la aprobación de una ley de transparencia que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos y a cualquier institución que reciba ayudas públicas; la implantación de una "auténtica justicia independiente", acabando con el reparto del Consejo General del Poder Judicial entre asociaciones de magistrados dependientes de partidos políticos; la aprobación de una ley electoral justa y proporcional, y la reforma de la Cosntitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial del Estado.

La formación magenta pide un pacto de legislatura para que se aprueben las medidas propuestas y la modificación de la ley electoral para, a continuación, proceder a la convocatoria de elecciones generales "que ponga la democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado".

» La proposición de ley de Izquierda Plural. El grupo parlamentario de Izquierda Plural –formado por IU, ICV-EUiA y CHA– ha presentado ante la mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para la lucha contra la corrupción. "El goteo de irregularidades en distintas Administraciones públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción pública y privada dañan la credibilidad de las instituciones y de la política", reza el texto. Por ello, Izquierda Plural propone la modificación de hasta ocho leyes, incluyendo el Código Penal, la Ley de Bases del Régimen Local, o la ley de financiación de los partidos políticos.

Entre las medidas concretas que han sido propuestas, destaca la reducción de 100.000 a 50.000 euros las donaciones anuales máximas que una persona física o jurídica puede hacer a un partido, la prohibición de las donaciones de empresas que hayan firmado contratos con la Administración hasta dos años después de que se haya acometido la obra que se le adjudicara en concurso público, o el endurecimiento del Código Penal para aquel que "adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un delito".