Gallardón paraliza la renovación del Poder Judicial para hacerla con su ley

Los 20 vocales que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, el órgano de gobierno de los 5.100 jueces españoles) terminan su mandato de cinco años el próximo 24 de septiembre. Según la ley, el proceso para su renovación debe arrancar seis meses antes: en este caso, el 24 de marzo. Pero el Gobierno cree que para esa fecha aún no estará en vigor la nueva ley del Poder Judicial, que todavía no ha iniciado el trámite parlamentario y que cambiará, entre otras cosas, el mecanismo de elección de los vocales. Así que, para evitar que el nuevo Consejo sea elegido con la ley vigente y garantizarse que lo será con la nueva, el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó ayer en suspenso el proceso de renovación.

En un movimiento inédito, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial específico para una sola cosa: dejar “en suspenso” los artículos 112 y 114 de la actual ley orgánica del Poder Judicial, los que regulan la renovación.

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, no podrá, por tanto, poner en marcha el proceso mientras esos artículos estén suspendidos. Según una portavoz de Justicia, si en septiembre todavía no estuviera en vigor la nueva ley (algo muy improbable, porque los cálculos del ministerio son que lo esté ya en abril) se levantaría la suspensión y se renovaría el Consejo con los mecanismos de la ley vigente.

El anteproyecto aprobado ayer, para tener efecto, debe seguir ahora su propia tramitación: será sometido a informes del propio CGPJ y del Consejo Fiscal y luego pasará por el Parlamento. Justicia va a pedir que todo eso se haga por el procedimiento de urgencia, porque obviamente el objetivo es que esa suspensión esté en vigor antes del 24 de marzo.

Al mismo tiempo se estará produciendo la negociación parlamentaria de la nueva ley del Poder Judicial, la de fondo, que el Gobierno aprobó en diciembre y que Ruiz-Gallardón quiere a toda costa pactar con el PSOE. De hecho, el ministro ya renunció en diciembre, para acercar posturas con los socialistas, a la promesa electoral del PP: que la elección de 12 de los 20 vocales la realizaran los jueces y no el Parlamento.

La elección seguirá, por tanto, en manos de Congreso y Senado, que designarán cada uno a la mitad de los vocales del Consejo. Pero otras muchas cosas cambiarán: los jueces tendrán más facilidades para presentarse candidatos a vocal (necesitarán menos avales), y las asociaciones judiciales, menos poder en el CGPJ (ahora acaparan los puestos y eso se traduce en que también acaparan los nombramientos en tribunales de justicia). Además, solo ocho de los 20 vocales tendrán sueldo. La reforma ha provocado una respuesta airada de las asociaciones, que la consideran un ataque a la independencia del Poder Judicial. La comisión de estudios del Consejo ha emitido también un informe muy duro contra la ley. El ministerio replica que trata de combatir el corporativismo.