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Margallo: “No pedimos a las autonomías nada que no nos apliquemos a nosotros”

El Ejecutivo renuncia a vetar la apertura de sedes autonómicas en el exterior

Margallo, el pasado 21 de enero en la Universidad de Deusto.
Margallo, el pasado 21 de enero en la Universidad de Deusto.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que se autodefine como “federalista europeo”, considera casi una afrenta personal el apelativo de “nacionalista rancio” que le ha dirigido el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas. “Nuestro objetivo no es controlar a las comunidades autónomas sino apoyarlas en el exterior. No estamos planteando para ellas nada diferente de lo que nos aplicamos a nosotros mismos en la Administración central”, aseguró ayer el jefe de la diplomacia española a EL PAÍS.

El anteproyecto de ley de Acción Exterior y Servicio Exterior, que ultima el Gobierno, obliga a las comunidades autónomas a comunicar a Exteriores “las propuestas de viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior”, para que dicho departamento pueda “informar y, en su caso, emitir recomendaciones sobre su adecuación” a las directrices y objetivos de la política exterior.

“Solo si la embajada está informada con antelación de la visita [de un presidente de comunidad autónoma] puede concertar entrevistas o facilitar contactos”, alega Margallo.

Esta obligación no se limita a los presidentes autonómicos, sino que afecta a todas las instituciones del Estado y, de hecho, Exteriores desaconsejó un viaje a Argentina del entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, en plena crisis por la expropiación de Repsol-YPF.

Respecto a la apertura de oficinas autonómicas en el exterior, Margallo subraya que el propósito es lograr la mayor eficacia con el máximo ahorro. “Igual que se invita a las autonomías a instalar a su personal en las embajadas, la ley prevé que diplomáticos españoles trabajen en delegaciones de la UE y de países iberoamericanos allí donde no se justifique contar con una sede propia”, argumenta.

Según la última versión de la ley, el Gobierno deberá emitir un informe antes de la apertura de una sede autonómica en el extranjero pero, al contrario que en borradores anteriores, la opinión de Hacienda ya no será vinculante, ni siquiera para las comunidades que incumplan el objetivo de déficit.

La actuación de las autonomías en el extranjero deberá ajustarse a los objetivos de la Estrategia de Acción Exterior, pero el Gobierno recabará sus propuestas antes de aprobarla.