Andalucía negocia con el Estado integrar sus oficinas comerciales en las embajadas

La Junta de Andalucía y el Gobierno central están negociando un protocolo para la integración de algunas oficinas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior en la red del Instituto de Comercio Exterior (Icex), dependiente del Estado. La consejería de Economía negocia desde hace meses con el Ministerio de Economía. Y, según señalaron ayer fuentes autonómicas, se espera que el protocolo de intenciones pueda estar listo en febrero.

La red Extenda —el nombre del programa de promoción exterior de Andalucía— nació en 1985. En este momento, tiene 21 oficinas en 19 países (en China y Estados Unidos hay dos). Esas oficinas se subcontratan con empresas locales y cada una cuenta con un director, un analista de mercados y un becario.

Según señaló ayer un portavoz de Extenda, la consejería y el ministerio están estudiando ahora qué oficinas andaluzas “son susceptibles de entrar en el Icex”. Lo que se analiza es la disponibilidad de espacio en las embajadas españolas, la situación de los contratos con empresas externas firmados por la Junta y los intereses estratégicos de las compañías de la región. El objetivo final es una reducción de costes.

El Gobierno central ofreció hace un año a las comunidades autónomas integrar sus oficinas comerciales en la red del Estado. En octubre, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, sostuvo que Andalucía —además del País Vasco y Cataluña— había rechazado esta oferta. El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, rebatió, a través de una carta al ministro Luis de Guindos, esta acusación en noviembre: “Te reitero nuestra voluntad de intensificar la colaboración con el Estado”.

Si en el tema de las oficinas comerciales la negociación está abierta y va en buen camino ahora con comercio, no parece que sea así en el caso de la delegación que la Junta tiene en Bruselas, una figura desligada de Extenda. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, defendió ayer la actuación que desarrolla esta delegación, que depende de su departamento: “La nuestra es de las más austeras, de las más rentables y de las que obtiene mejores resultados”. Díaz no se quiso pronunciar sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Acción Exterior, que pretende controlar la actividad de las autonomías en el extranjero. La consejera dijo que el Gobierno de Andalucía, gobernado por PSOE e IU, está a la espera de que el Estado les comunique qué intenciones tiene. “Si lo que pretende es volver a reiterar el debate de la confrontación territorial ahora más allá de nuestras fronteras pues se estará equivocando”, opinó Díaz. La consejera sí apostó, sin embargo, por “sumar esfuerzos y defender en mejores condiciones los intereses ante Bruselas”.

En el anteproyecto se plantea que las comunidades informen al Ministerio de Asuntos Exteriores de sus propuestas de viajes, visitas y acciones con proyección en el exterior.

Uno de los últimos viajes oficiales que ha realizado un miembro del Gobierno andaluz es el del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, a Palestina a mediados de este mes. Costó 4.000 euros —el precio de tres billetes de avión, ya que el alojamiento corrió a cargo de la Autoridad Nacional Palestina— y Valderas acudió a inaugurar la Casa de Andalucía en Belén y a visitar proyectos de cooperación. Fuentes del departamento de Valderas indicaron ayer que la visita fue comunicada a Exteriores y que en esos dos días fueron acompañados por el cónsul español de Jerusalén.