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Cuentas tardías y mal vigiladas

El Tribunal de Cuentas tarda hasta seis años en divulgar los informes sobre los dineros de los partidos políticos

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuenta.
Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuenta.

La sospecha de que Luis Bárcenas, extesorero del PP, pagaba retribuciones en metálico a cargos del partido vuelve a poner en evidencia el deficiente control de las finanzas de los partidos. Los informes del Consejo de Europa han denunciado reiteradamente la existencia de malas prácticas en los partidos españoles, la opacidad de una parte de sus finanzas (sobre todo el dinero que manejan las agrupaciones locales y el procedente de fundaciones) y la incapacidad del Tribunal de Cuentas para una supervisión efectiva. Dicho tribunal no puede cruzar datos con la Agencia Tributaria: no puede saber, por tanto, si altos cargos del PP recibieron y declararon ingresos extra. Y solo desde hace tres meses puede hacerlo con el Banco de España. Las cuentas de los partidos se conocen con seis años de retraso.

Un portavoz del Tribunal de Cuentas asegura que a finales de 2013 se pondrán al día con las cuentas de 2008, 2009, 2010 y 2011, afirmación de la que dudan los expertos. La supervisión de 32 partidos ha corrido a cargo de un equipo de 12 personas, cifra que ha aumentado a 26 tras la aprobación en octubre de la tercera versión de la ley de Financiación de Partidos Políticos. La nueva norma prohíbe la condonación de deudas que superen los 100.000 euros al año por parte de los bancos y que los partidos puedan recibir donaciones anónimas ni donaciones superiores a 100.000 euros procedentes de una misma persona o sociedad.

Los datos más recientes sobre la contabilidad del PP datan de 2006 y 2007, cuando Bárcenas era gerente (ascendió a tesorero en 2009). El informe del Tribunal de Cuentas pone como principal observación (también para otros partidos) que la contabilidad del PP “no recoge” la actividad “de la mayor parte de la organización local ni la de los grupos políticos en las corporaciones locales”. Un punto que el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), destacó porque “los riesgos de corrupción son particularmente altos”. El tribunal hizo una encuesta en municipios de más de 20.000 habitantes para saber cuánto dinero podían manejar las agrupaciones locales de los partidos procedentes de subvenciones públicas. El estudio permitió aflorar un 25% de ingresos no controlados: en el caso del PP, 15 millones no recogidos en su contabilidad. La bolsa de dinero negro sigue siendo muy amplia.

Otro hecho revelador es el de la obligación de hacer una autoría interna. El PP cumple con esta norma, pero el informe no lleva firma, no se sabe quién lo realiza y, aunque no presenta salvedades, el tribunal se ve obligado a afirmar que “no es posible evaluar el grado de cumplimiento y adecuación del sistema de control interno”.

La comparación entre los balances y los datos de los informes de 2006 y 2007 ofrece algunos datos interesantes. Por ejemplo, el activo del PP ascendía a 36 millones en 2005; a 75 millones en 2006 y a 83 millones en 2007. Todavía en estos años declaraba unos donativos anónimos de 3 millones de euros al año. Pero si los ingresos del partido sumaban 69 millones en 2006, esta cantidad creció hasta los 103 millones en 2007. Sin embargo, las cuotas de sus afiliados han permanecido estables en torno a los 10 millones de euros. ¿Qué explicación tiene este crecimiento de sus finanzas oficiales? El Tribunal de Cuentas no hace ninguna valoración: durante estos años el hecho más relevante es la compra de la sede central de Génova por casi 40 millones que se financia con un crédito de 37 millones.

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