Torres niega toda responsabilidad en el ‘caso Nóos’ y culpa al Gobierno balear

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, niega cualquier responsabilidad civil en la trama de presunta corrupción por la que se encuentra imputado junto al yerno del Rey por su gestión al frente del Instituto Nóos. En un escrito de 19 páginas, Torres argumenta que en ningún caso puede haber cometido un delito de prevaricación, puesto que no es funcionario, para eludir la fianza de más de ocho millones que el ministerio fiscal pide para ambos (cuatro cada uno). El documento mantiene en todo momento la inocencia de Torres y, por primera vez, no descarga la culpa en Urdangarin.

En todo caso, alega Torres, el delito de prevaricación lo habrían cometido los funcionarios o cargos públicos del Gobierno balear que firmaron los convenios. Y él, de probarse los cargos, solo podría ser un colaborador y, por lo tanto, debería responder en menor medida. Pero “antes habría que determinar quién o quiénes son los autores y, a partir de ahí, cabría pretender respecto a los responsables civiles subsidiarios, pero no cabe alterar el orden de las cosas de forma arbitraria, pues ello es incompatible con el ordenamiento jurídico”, critica.

El escrito apunta directamente a quienes en 2005 firmaron los acuerdos de colaboración: María Rosa Puig Oliver, consejera de presidencia y deportes, y Joan Flaquer Riutort, consejero de Turismo, que finalmente declaró en la causa como testigo. “De ser ciertos los delitos que se les atribuyen en los diferentes convenios firmados con este, la Administración es responsable porque los respalda”, argumenta el abogado de Torres, Manuel González Peeters.

Por primera vez, el exsocio de Nóos no descarga la culpa en Urdangarin

“¿En qué cabeza cabe que Diego Torres Pérez pudiera tener la más mínima duda acerca de la bondad y, por tanto, absoluta licitud, de los acuerdos de colaboración firmados y demás, teniendo en cuenta quiénes los firmaban?”, sigue el letrado. Y añade: “[Torres] no conocía de nada a esas personas, de manera que ya me dirán cómo alguien puede concertarse con otro u otros a los que ni siquiera conoce”. Según el documento, “todos los que han percibido emolumentos de una práctica que se pretende ilícita y que no lo es deberían ser invitados a constituir fianza”.

Además, destaca que el Gobierno balear auditaba anualmente todos los “contratos, convenios o aportaciones” en los que intervenía la Fundación Illesport. Y que la propia Sindicatura de Cuentas concluyó que la actuación de la fundación era “acorde con la normativa vigente” y que las cuentas reflejaban “la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera”.

Por todo lo dicho, sostiene el documento de la defensa de Torres, es “insostenible presagiar ni en sueños que pudiera existir un atisbo de ilicitud”. Asimismo, destaca en diversas ocasiones la sorpresa de que la Administración balear exija a Torres y a Urdangarin casi cuatro millones por daños al erario, puesto que, según su escrito, de demostrarse los delitos (que en todo momento niega) sería también responsable. Ante la petición de Manos Limpias, como acusación popular, sostiene que carece de legitimación para pedir responsabilidades civiles.

El juez Castro deberá decidir ahora qué cuantías les impone

El abogado de Urdangarin, Mario Pascual, aseguró ayer, en declaraciones a Europa Press, que presentará alegaciones ante la fianza solicitada por el ministerio fiscal. Aunque no reveló con qué argumentos. “No estamos de acuerdo con muchas cosas, pero el contenido del escrito es muy extenso y no revelo contenido de las actuaciones policiales”, dijo.

El plazo para presentarlas expira hoy a las tres de la tarde. Con todas las alegaciones sobre la mesa, el juez Castro deberá pronunciarse sobre la solicitud de fianza.