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La hoja de ruta de CiU y ERC permite prorrogar la votación de mutuo acuerdo

La calculada ambigüedad del texto no aclara qué marco legal amparará la consulta

Si una cosa tienen claro en Convergència Democràtica y en Esquerra Republicana —en Unió no, pese a que han firmado el acuerdo— es que en la consulta debe ganar el sí a la independencia. Por ello se emplazan, en el texto firmado, a “trabajar para consolidar una mayoría social amplia que permita garantizar el éxito de la consulta y del proceso de transición nacional”. Pero si la mayoría no se ha logrado en 2014, ambas formaciones dejan abierta la puerta a prorrogar el referéndum de mutuo acuerdo. CiU solo podrá echarse atrás si así lo permite ERC. A partir del 31 de enero de 2013, las formaciones se comprometen a “estar en condiciones, a partir de entonces, de convocar la consulta, de acuerdo con el marco legal que la ampare, dentro del plazo del año siguiente [2014] con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requirieran una prórroga. En todo caso, la fecha será pactada, al menos, por las dos partes firmantes”.

Desde este viernes, día en el que Artur Mas debe ser reelegido como presidente de la Generalitat, hasta la fecha de la consulta, el acuerdo entre CiU Y ERC concreta los pasos a seguir. Una hoja de ruta que ya estaba trazada la semana pasada, a la espera de superar el escollo de la fecha.

El proceso se abrirá solemnemente en el primer pleno ordinario de la legislatura, ya en 2013. En esa sesión el Parlament formulará una Declaración de Soberanía del Pueblo de Cataluña. Esa votación recalcará que la soberanía reside en los ciudadanos catalanes, y enlazará con la moción que ya aprobaron los diputados antes de finalizar la pasada legislatura.

Tras el gesto simbólico, empezará el trabajo. En el Parlamento autónomo, CiU y ERC aprobarán la ley de consultas (aspiran a sumar a Iniciativa y las CUP, e incluso al Partit dels Socialistes) para tener un marco legal. El compromiso establece que la tramitación parlamentaria se iniciará, como máximo, a finales de enero de 2013.

En paralelo, y también durante el primer semestre de 2013, el Gobierno catalán abrirá el proceso de negociación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para lograr permiso para celebrar un referéndum. Todo este proceso debe estar cerrado el 31 de diciembre de 2013, para que en 2014 se pueda convocar la consulta.

El texto es ambiguo con respecto al marco legal que amparará la consulta. Unió no contempla otro escenario que respetar la Constitución; Convergència cree que la ley de consultas de la Generalitat amparará la votación; y Esquerra, que subraya que el Tribunal Constitucional impugnará la norma de consultas catalanas, considera amparo legal el derecho a la autodeterminación fijado en el marco internacional. La incapacidad de CiU y ERC de acotar más el redactado en este aspecto se ha plasmado en un texto ambiguo que solo establece que la consulta se convocará “de acuerdo con el marco legal que la ampare”.

Todo el proceso estará tutelado por el Consejo Catalán para la Transición Nacional, cuya creación establece el pacto. Un ente integrado por los partidos políticos favorables al derecho a decidir (además de CiU y ERC, ICV y la CUP) “personalidades de reconocido prestigio” y entidades económicas, sociales, y culturales de Cataluña.

El texto deja sin aclarar cuál será la pregunta de la consulta. Aunque si deja claro que la votación tratará de “la posibilidad que Cataluña pueda convertirse en un Estado en el marco europeo”.

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