La Fiscalía y el Poder Judicial se unen a la crítica contra Gallardón

En el entorno de Alberto Ruiz-Gallardón se dice que con las tasas judiciales ocurrirá como con los parquímetros de Madrid cuando él era alcalde: que todo el mundo estaba en contra entonces, pero que ahora se aprecia que en la capital ha mejorado el tráfico y es más fácil aparcar. Lo segundo está por ver con la Justicia, pero lo primero es un hecho contrastable, porque cada día hay más voces críticas contra las tasas judiciales.

Este lunes se escucharon las voces críticas del fiscal general del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, de todas las asociaciones de jueces y de fiscales y de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP. Más allá del Gobierno, no se escucha ni una sola voz de apoyo a las tasas que, finalmente, entraron este lunes en vigor. La ley se publicó en el BOE el pasado 22 de noviembre, pero su aplicación quedó en suspenso por un error del ministerio. Justicia no habilitó los formularios y durante casi un mes no se cobraron ni las tasas anteriores ni las nuevas, con el evidente perjuicio económico para el erario. La norma extiende las tasas a los recursos en todas las jurisdicciones, salvo la penal, y eleva su cuantía notablemente.

Felicitación de Navidad con guiño

EL PAÍS, Madrid

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco J. Vieira, ha enviado este año una felicitación de Navidad que se ha interpretado como una apuesta por una justicia sin tasas. "Justa me llaman, y doquier soy alabada sin tasa; a todos parezco bien, nadie me quiere en su casa", dice el escrito, colocado junto a una imagen con varias velas rojas encendidas.

Fuentes del TSJM han matizado después que el objetivo no era lanzar un mensaje contra la nueva norma del Gobierno. La felicitación pretendía, al menos durante estos días, intentar sacar una sonrisa a quienes la reciban ante las graves dificultades que atraviesa la sociedad. "Una sonrisa en Navidad con un acertijo popular" es la frase que encabeza el texto.

El acertijo es una cita de Cecilia Bohl de Faber y Larrea (Fernán Caballero). El presidente del alto tribunal madrileño termina su christmas con un deseo de Feliz Navidad y "un año 2013 mejor que el anterior".

Las voces críticas coinciden en apuntar la inconstitucionalidad de las tasas y en lamentar la falta de diálogo del ministro de Justicia. El PSOE ha llevado la ley al Tribunal Constitucional por supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por entender que puede impedir que los ciudadanos con menos recursos accedan a la justicia.

Este lunes, las siete asociaciones de jueces y fiscales, de todas las tendencias, remitieron una carta al presidente del Gobierno. En ella denuncian que la ley “fija cuantías desproporcionadas, que atentan al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Firman la carta la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. A esas posiciones se sumó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, próximo a Gallardón, pero crítico con la ley de tasas judiciales. En declaraciones a la Cadena SER, el fiscal general del Estado empezó por lamentar que el ministro de Justicia no hubiera pedido opinión a la Fiscalía, ni se haya reunido con él para tratar el asunto.

“Algunas de las tasas me parecen excesivas”, aseguró el fiscal general. Precisamente, el Tribunal Constitucional avaló ya en una sentencia las tasas judiciales, pero con la advertencia de que han de ser proporcionadas para no evitar que los ciudadanos sin recursos tengan acceso a la justicia. Y, en esta línea, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso, cuestionó este lunes la proporcionalidad de las tasas. “Hay que estar a lo que dijo el Tribunal Constitucional, que permitió la posibilidad de que haya tasas siempre que no impidan o dificulten gravemente el acceso a la justicia”, aseguró. En esa comparecencia, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, volvieron a criticar con dureza las tasas judiciales.

También se sumó este lunes a la crítica el vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, propuesto por el PP y exconsejero de Justicia de Valencia, para quien “algunas cuantías” deberían ser objeto de revisión para ajustarlas “a la realidad social”. El Poder Judicial y el Consejo de Estado emitieron en su momento duros informes contra la ley, que fueron desoídos por el Gobierno.

Esta no es la única decisión del ministro cuestionada, porque Gonzalo Moliner aseguró este lunes que habrá “un deterioro judicial” con la desaparición de los jueces sustitutos.

La carta de todas las asociaciones se refiere también a la reforma del Poder Judicial que negocia Gallardón con el PSOE para asegurar que tiene la “finalidad de cercenar la división de poderes y quebrantar la independencia judicial”. Jueces y fiscales denuncian la “privatización de la Justicia”, el “endurecimiento innecesario del Código Penal”, “la carencia de propuestas que solucionen las problemáticas más acuciantes de los ciudadanos, como los desahucios hipotecarios” y la tramitación por la vía de urgencia y sin diálogo de leyes.