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El Poder Judicial pide más garantías en los cacheos corporales de los inmigrantes

La vocal Uría avala en general el proyecto de reglamento de los centros de detención de extranjeros

Una agente del Cuerpo Nacional de Policía, ante los monitores de seguridad del CIE de Aluche (Madrid).
Una agente del Cuerpo Nacional de Policía, ante los monitores de seguridad del CIE de Aluche (Madrid).

Un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avala el nuevo reglamento de los centros de detención de inmigrantes elaborado por el Gobierno, aunque solicita algunas modificaciones para garantizar los derechos de los estas personas. Por ejemplo, el dictamen se muestra muy crítico con la forma y las circunstancias en que pueden ser sometidas a registros corporales. El reglamento “excede el ámbito de habilitación y cobertura legal para adoptar una medida de esta naturaleza, que supone una restricción en el estatuto de los derechos de los internos”, señala la vocal Margarita Uría, autora del informe.

La comisión de estudios del Poder Judicial ha respaldado el informe elaborado por Uría, que presumiblemente será validado en el pleno del órgano que se celebrará en los próximos días.

El reglamento “no define ni determina cuáles son las circunstancias excepcionales” en que los inmigrantes detenidos puedan ser sometidos a registros corporales “cuando se estime que pudieran esconder objetos o sustancias prohibidas o no autorizadas”, como contempla el reglamento. La vocal Uría requiere que esta medida debería estar contemplada en una ley de mayor rango para reforzar las garantías jurídicas de los detenidos, a la vez que añade que “debería adoptarse con el debido control judicial”, no siendo suficiente que después se remita al juez un escrito dándole cuenta de los motivos y el resultado del cacheo.

El dictamen también considera que el reglamento elaborado por el Gobierno “contiene cláusulas indeterminadas” que podrían justificar la restricción de las visitas a los inmigrantes, basándose en unas difusas razones de “seguridad” y “buen orden” que incrementan “el ámbito de discrecionalidad” por parte del director o los funcionarios a su cargo.

La vocal Uría estima, además, que el reglamento limita el derecho de los extranjeros a formular reclamaciones y recursos, al permitir a las autoridades del centro un amplio margen de discrecionalidad a la hora de tramitar estas quejas. Por eso, la autora del informe “sugiere reconsiderar la redacción actual del reglamento y optar por un texto más abierto que garantice la comunicación directa de los internos con las autoridades destinatarias de sus escritos, así como el secreto de la misma”.