Ultimátum de cinco días para que Flores aclare dónde hará su fiesta de Año Nuevo

Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital, ambos en manos del Partido Popular, se han conjurado para evitar que Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta de Halloween en la que murieron cinco jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena, pueda montar otro evento similar en Año Nuevo, tal y como es su intención. Lo que no está nada claro es que lo vayan a conseguir. El Gobierno regional enviará hoy un requerimiento a la empresa de Flores, Diviertt, para que, en el plazo máximo de cinco días, le diga si tiene intención de seguir adelante con ese festejo, y dónde pretende hacerlo.

Flores, imputado por el juez que investiga la tragedia, que sospecha que sobrepasó el aforo permitido, lleva desde abril vendiendo entradas para el SpaceFest, una fiesta de música electrónica que el año pasado se celebró de dos de la tarde del 1 de enero a seis de la mañana del día siguiente en la Caja Mágica, también propiedad del Ayuntamiento. "No me gustó nada de nada el caja mágica… gradas imposibles para toda la gente q había", escribía una supuesta asistente, Gema Saavedra, en la página web del festival en la red social Facebook.

Después de la tragedia del Madrid Arena, el empresario fue vetado por la alcaldesa, Ana Botella, de forma el evento sigue en el aire, a la espera de encontrar un lugar en el que celebrarse. Parecía haber encontrado uno, la plaza de toros cubierta de Leganés, pero su gestor, la empresa Asuntos Taurinos y Espectáculos (que tiene una concesión municipal), se ha echado para atrás. Las entradas, en cualquier caso, se siguen vendiendo por Internet, sin detallar el lugar de celebración.

Asuntos Taurinos y Espectáculos (ATE) ha señalado mediante un comunicado que no tiene firmado ningún contrato ni con Flores ni con ninguna otra empresa para celebrar esa fiesta. Según una portavoz, su intención es alquilar el espacio en Año Nuevo, pero investigando a fondo a quién para que no termine en manos de Flores. El aforo máximo de la plaza es de 12.900 personas, pero sólo se permite la venta de 10.500 entradas.

El pasado viernes, el alcalde de Leganés (186.500 habitantes a 15 kilómetros al sur de la capital), Jesús Gómez (PP), anunció que usaría "todas las medidas a su alcance para impedir" que la fiesta se celebrara en la plaza de toros, propiedad del Ayuntamiento. Gómez dio tres días a la empresa concesionaria para informar de si planeaba alquilar el espacio para ese evento.

¿Dónde podría celebrarse entonces la fiesta? Descartados el Madrid Arena (10.600 personas de aforo) y la Caja Mágica (), de propiedad municipal; y descartada la plaza de toros de Leganés (10.500 personas), sólo quedan tres recintos de proporciones similares: la plaza de toros de Las Ventas y el Palacio de Deportes, gestionados por empresas privadas y propiedad de la Comunidad de Madrid; y el Palacio de Vistalegre. En este último recinto, de 10.500 personas de capacidad, no hay ningún evento confirmado ni previsto para Año Nuevo, según ha indicado una portavoz.

Esta mañana se ha celebrado una reunión a tres bandas entre representantes del Instituto Municipal de Consumo de la capital, la Dirección General de Consumo de la Comunidad, y el Ayuntamiento de Leganés. El objetivo era encontrar un modo legal de vetar la fiesta, algo que, si cumple el organizador cumple con la normativa, no resulta nada sencillo. Flores no ha sido condenado ni inhabilitado en modo alguno, por lo que tiene el mismo derecho a priori que cualquier empresario a montar un festejo de esas características.

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP), ha instado esta mañana al juez que investiga la tragedia o a la Fiscalía de Madrid para que imponga una medida cautelar en ese sentido contra Flores. "Si algo queda claro de la instrucción [del caso] hasta el momento es que el aforo estaba sobrepasadísimo, prácticamente duplicado", ha añadido Cifuentes, que considera "inmoral" y una "desfachatez" que el empresario pretenda organizar la fiesta de Año Nuevo.

"Legalmente es verdad que hay dificultades, porque este señor no está condenado y tiene una empresa que realiza una actividad; pero yo lo que creo es que mas allá de la situación legal, que tendrá que haber un juicio y hay que respetar la presunción de inocencia de todo el mundo, en derecho hay una cosa que se llaman medidas cautelares administrativas. Porque si ha habido una actividad con el resultado trágico, lo digo no solo como delegada, sino como persona, me parece una desfachatez que organice otra", ha añadido.

El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha coincidido en que “no se dan las condiciones” para que Flores “pueda celebrar un espectáculo de similares características a las que realizaba anteriormente”. Pero no ha aclarado cómo podría evitarse.

Tras la reunión a tres bandas de esta mañana, el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a pedir toda la información pertinente a FNAC, Carrefour y SPS Store, tres de los establecimientos en los que se venden las entradas en la capital (también las distribuyen otras tiendas, y se pueden adquirir por Internet). Busca algún resquicio legal que permita a la Comunidad incoar un expediente a partir de la Ley de Consumo o, en última instancia, de la Ley de Espectáculos.

En un principio, el flanco más débil parecía ser que las entradas se vendan sin especificar el lugar de celebración. Sin embargo, en la reunión se ha concluido que no hay voluntad aparente de engaño pues se trata de una situación "sobrevenida". La Comunidad enviará hoy un requerimiento a Diviertt para saber si sigue adelante con su idea de celebrar la fiesta, y dónde la piensa hacer. En caso de recibir una respuesta afirmativa, sin embargo, sólo podría analizar las condiciones de venta de entradas para detectar si hay algo irregular. En caso de no obtener respuesta, o de ser ésta incompleta, enviaría otro requerimiento, esta vez urgente y con dos días de plazo. De perseverar en su negativa, podría abrirse contra Diviertt un expediente por obstrucción a la inspección de consumo.

Así, a falta de que las Administraciones encuentren un gancho que permita prohibir la fiesta sin incurrir en prevaricación; y a falta de que el organizador encuentre un recinto donde celebrarla; las entradas se siguen vendiendo a 55 euros. Faltan, según señala el contador de su página web, menos de 21 días.