Tarragona también retirará el dinero de los bancos que ejecuten desahucios

Los alcaldes socialistas están tomando posiciones frente al drama imparable de los desahucios. Tras la decisión anunciada por los Ayuntamientos de Zaragoza, Vigo, Toledo, Irún (Gipuzkoa) o Sant Andreu de la Barca (Barcelona) de romper su relación con los bancos si continúan ejecutando desalojos, ahora el Ayuntamiento de Tarragona también amenaza con extraer su dinero de las entidades que practiquen desahucios en esta ciudad. El Consistorio, gobernado por el PSC, prevé aprobar esta medida y anima a todos los partidos a sumarse a ella. Sus cuentas están valoradas en unos cuatro millones de euros colocados en varios bancos. Se convertirá, así, en la primera capital catalana en impulsar una iniciativa de este calibre.

Además, la Guardia Urbana de Tarragona tampoco participará en desahucios de familias a no ser que les obligue una orden judicial. “Los bancos reciben ayudas de 37.000 millones de euros y en lugar de dar créditos y negociar, miles de personas están siendo desalojadas de sus hogares. Hay dos millones de viviendas vacías en España, las instituciones no podemos ser indiferentes a esta realidad social”, afirma el edil de Relaciones Ciudadanas de Tarragona, Francisco Zapater.

Según el concejal socialista, el municipio prevé abrir una oficina para asesorar a quienes se encuentren en riesgo de desahucio y tratar con las entidades bancarias para “conseguir que las familias permanezcan en sus casas” propiciando, si cabe, alquileres sociales. El Ayuntamiento también impulsará un manifiesto en este sentido, al que podrán adherirse todos los vecinos de la ciudad, y sopesa crear una comisión entre afectados, consistorio, cajas y bancos. “En el término municipal de Tarragona son decenas las personas que se encuentran en riesgo de lanzamiento, como llaman los bancos técnicamente a los desahucios. Está cundiendo el pánico; nosotros hemos lanzando una piedra dentro del estanque, pero ahora esperamos que el círculo se agrande”, dice Zapater.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) espera que se sumen a la decisión otros municipios. Solo en la provincia de Tarragona esta entidad calcula que, en los últimos 18 meses, alrededor de 3.000 familias han sido notificadas por bancos y cajas de que podrían perder sus viviendas. “El Gobierno ha de aprobar ya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada por 850.000 personas, para acordar la dación en pago con efecto retroactivo”, argumenta Joan Bel, portavoz de la PAH en Tarragona. Bel expone el caso de una pareja en paro con una deuda de 140.000 euros a la que el viernes su entidad bancaria aceptó la dación en pago. “Irán a vivir con sus padres, podrán ir a buscar trabajo en cualquier parte del mundo, dejarán de estar presos de su deuda”.

Las iniciativas anunciadas por el Ayuntamiento de Tarragona se incluyen en el paquete de medidas consensuadas por regidores del PSOE el pasado 19 de noviembre durante una reunión en la sede federal del partido a la que asistió la número dos, Elena Valenciano; el responsable Municipal, Gaspar Zarrías, y la portavoz de Vivienda, Leire Iglesias. En otras localidades gobernadas por coaliciones junto al PSOE, como Santa Cruz de Tenerife, también se han adoptado estas decisiones.