La revolución felipista

Ese mismo partido socialista que hoy atraviesa horas bajas no solo representaba la gran esperanza del pueblo de izquierdas, treinta años atrás, sino de una parte considerable de la sociedad en su conjunto. Los españoles de la época usaban las libertades recién recuperadas y tenían expectativas de futuro, sí, pero convivían con las amenazas golpistas, las agresiones del terrorismo (37 asesinatos de ETA en 1982) y una crisis económica muy mal resuelta, producto del choque petrolero del decenio anterior. El prestigio de la democracia recién recuperada distaba mucho de ser unánime: a principios de los años ochenta, apenas la mitad de los españoles prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno. El resto dudaba, le daba igual o no sabía qué decir. Incluso uno de cada diez se mostraba de acuerdo en que “en algunas circunstancias un régimen autoritario, una dictadura, puede ser preferible al sistema democrático”, según una encuesta del CIS de la época.

 La sociedad de 1982 necesitaba estar más segura de la firmeza del terreno que pisaba. El partido centrista en el poder prácticamente se había deshecho en querellas y conspiraciones intestinas. Felipe González y los suyos prometieron “cambiar” ese panorama y obtuvieron el respaldo de casi diez millones de votos, traducidos en 202 escaños, la mayoría parlamentaria de un solo partido más aplastante que ha habido en España. Eso implicó una barrida de UCD, que llevaba algo más de cuatro años en el poder, y ese vaciamiento del espacio político del centro está en el origen del proceso de polarización política vivido por este país, que no ha dejado de acentuarse desde entonces en términos cada vez más agrios.

Pero ahora se trata de volver al 2 de diciembre de 1982. Cuando Felipe González recibió su primera investidura como jefe del Ejecutivo carecía por completo de experiencia de gobierno. No podía ser de otra forma. La rodadura política del nuevo presidente se había realizado en el seno de su partido, en las negociaciones de la Transición o en sus contactos con Willy Brandt y Olof Palme, los principales mentores europeos del PSOE renovado. González había protagonizado una batalla para separar al partido de toda identificación con el marxismo, pero se guardó de internarse en otros vericuetos ideológicos. Nada más llegar a La Moncloa, prefirió reivindicarse sobriamente como nacionalista; fue en declaraciones a Juan Luis Cebrián, el entonces director de EL PAÍS:

“¿Sabes lo que dicen del nuevo Gobierno español en Estados Unidos? Pues que somos un grupo de jóvenes nacionalistas. Y no les falta verdad. Creo que es necesaria la recuperación del sentimiento nacional, de las señas de identidad del español...”.

A principios de los años ochenta, apenas la mitad de los españoles prefería la democracia a otra forma de Gobierno

Antes había dicho que “el socialismo de hoy no puede tener como única referencia a la clase obrera” o que “el cambio únicamente es posible ahora por la reforma, no por la revolución”. Más allá de cuanto expresaba en público, tiene interés el resumen de ideas que le hizo a Alfonso Guerra en privado, la víspera de la investidura. Este lo cuenta así en sus memorias, publicadas muchos años después de las divergencias políticas que le separaron de su antiguo amigo:

“Mira, Alfonso, yo estaría totalmente satisfecho si logramos cuatro éxitos claros: la consolidación de la democracia, que los españoles no sigan pendientes de que un militar pueda asaltar el Estado; enderezar la economía, reducir la brutal inflación y el galopante paro; frenar el terrorismo en la perspectiva de su desaparición a largo plazo; y colocar a España en la senda europea y en la realidad internacional”.

¿Era eso un programa nacionalista? En todo caso apuntaba un “cambio” pragmático. La cabeza que pensaba de ese modo no albergaba proyectos de intervencionismo del Estado en la economía ni de redistribución rápida de la riqueza, menos aún ideas radicales. Al servicio de esa estrategia se había organizado un partido moderadamente de izquierdas, que atrajo a muchas personas: frente a los 8.000 militantes que dijo tener en el congreso de 1976 (el primero celebrado en España tras la muerte de Franco), las peticiones de afiliación se dispararon hasta las 100.000. En la un tanto atropellada “apertura a la sociedad” entró de todo, arribistas incluidos, según dirigentes sensatos de la época.

Jóvenes y misóginos

Frente a los 8.000 militantes que tenía el PSOE en 1976, las peticiones de afiliación se dispararon a 100.000

Felipe González nombró un Gobierno joven (41 años de media, ligeramente por encima de su propia edad), en su mayoría gente de la clase media acomodada, la mayoría de perfil socialdemocrático y con experiencias profesionales más allá de la política.

Desde semanas antes, el dirigente socialista se había decantado por la ortodoxia de Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda —el más “fijo” en la lista del primer Gobierno, según numerosos testimonios—, limitando la acción y la retórica de su propio partido. Alfonso Guerra se tomó su tiempo antes de aceptar la vicepresidencia del Gobierno. Como presidente del Congreso fue elegido el jurista Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución.

La sensibilidad del PSOE hacia la participación de mujeres en la política era tan corta que se tradujo en su ausencia total del primer Gabinete de González. Las imágenes de la época no dejan lugar a dudas: 17 trajes de corte masculino en el posado ante el palacio de la Moncloa y en la mesa del Consejo de Ministros. Los miembros del Gobierno recibieron instrucciones de acentuar la formalidad en el atavío —alguno hubo de pasar corriendo por una tienda para equiparse en vísperas de la toma de posesión—, desterrando panas y acentuando los símbolos más clásicos de quien tiene el poder o al menos lo intenta.

También se percibieron otros gestos en los primeros días. Por ejemplo, Guerra se escandalizó al observar que Felipe González había prometido su cargo en La Zarzuela ante un crucifijo y con la mano apoyada en un ejemplar de la Biblia. Le pareció improcedente en un Estado no confesional y se movió para que eso no volviera a ocurrir en su propia toma de posesión como vicepresidente y la de los demás ministros. A partir de ahí se dio primacía al ejemplar de la Constitución en la mesa donde los altos cargos formalizan la ceremonia de promesa de sus deberes.

Por lo demás, aquel Gobierno fue recibido con respeto por parte de los demás partidos políticos. El veterano Manuel Fraga, a quien las elecciones transformaron en jefe del principal grupo de oposición (Alianza Popular), con cinco millones de votos y un centenar de escaños, estuvo bastante correcto: se limitó a acusar al vencedor poco menos que de estar al servicio de la Unión Soviética —por haber anunciado la “congelación” de la participación militar de España en la OTAN— y de prepararse a confiscar mucho del dinero ganado honradamente por la gente. Santiago Carrillo y los otros tres diputados comunistas apoyaron la investidura de González, cuando ya era irreversible la sanción electoral a favor del PSOE como la fuerza hegemónica de la izquierda. Pero también votó a González el propio Adolfo Suárez, en plena travesía personal del desierto tras haber sido el conductor indiscutible de la Transición y a pesar de que González había tratado de derribarle con una moción de censura parlamentaria dos años y medio antes. Ni aquella clase política tenía nada de mediocre, ni se habían olvidado las muchas horas dedicadas por unos y por otros a las negociaciones, pactos y acuerdos que fueron la materia prima de la Transición.

Frío en la Acorazada

Felipe González aterrizó en La Moncloa cuando no habían pasado dos años del golpe de Estado del 23-F. Poco antes del 28 de octubre, el día de los 10 millones de votos, había sido descubierta una nueva asonada, intentada por un grupo de oficiales y jefes militares en contacto con el teniente general Milans del Bosch, encarcelado por el golpe anterior. A su vez, ETA enviaba siniestros mensajes de muerte, alimentando así la espiral golpismo/terrorismo. Por eso se le dio valor simbólico a la primera visita que hizo González tras tomar posesión como presidente del Gobierno: acudió a uno de los acuartelamientos de la división acorazada Brunete, cuyo jefe, el general Víctor Lago, había sido asesinado por ETA como sangrienta provocación a los que ofrecían “el cambio”. La Brunete era la unidad donde más ambiente golpista se había registrado y que estuvo a punto de sublevarse el 23 de febrero de 1981, tras la ocupación del Congreso por la tropa de Antonio Tejero.

La mañana era gélida, según los asistentes. A González se le vio en medio de un centenar de carros de combate y en una misa posterior que optó por seguir de pie —ahorrándose los detalles litúrgicos: cuándo levantarse, cuándo arrodillarse—, como una demostración de reconocimiento al Ejército, pero también de la voluntad de la primacía debida al poder democrático. Había nombrado ministro de Defensa a Narcís Serra, hasta entonces alcalde de Barcelona, que dedicó los años siguientes a desactivar los rescoldos de golpismo en las Fuerzas Armadas y a consolidar la primacía del ministro sobre los altos mandos militares. En otras palabras, a asegurar la retirada de los militares a sus cuarteles.

Ajuste y reconversión

El eslogan electoral, Por el cambio, no era preciso ni ambiguo. Las palabras adquieren significados diferentes según el contexto y según quien las escuche. Tal como fue lanzado a los cuatro vientos, parecía dirigido a los sectores que habían asistido de espectadores al juego político de la Transición, periodo en el que se habían mantenido buena parte de las estructuras y de la cultura franquista en las Fuerzas Armadas, la justicia y partes no desdeñables de la Administración estatal. Las clases populares apenas habían tocado el poder ni recibían ventajas de otro tipo, más allá de los beneficios generales derivados de vivir en un país donde se ejercían libertades constitucionales anteriormente perseguidas.

Pronto se comprobó la cautela con que el Gobierno socialista daba pasos hacia el reconocimiento de otros derechos a los ciudadanos. En las primeras semanas del Gobierno “del cambio” se adoptó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la ampliación de las vacaciones anuales a 30 días. Se comenzó a plantear también la universalización de la asistencia sanitaria, pronto enredada en una batalla con la organización médica colegial por la configuración del sistema de salud y en las tensiones entre el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, y otros miembros del Gobierno preocupados por el coste de extender la asistencia sanitaria pública a otros dos millones de personas. El Ejecutivo tampoco tardó en poner en marcha la promesa de legalizar el aborto en ciertos supuestos, un proyecto que la Iglesia católica torpedeó desde el primer instante.

Devaluar la peseta en un 8% fue la primera medida que se tomó un sábado por la mañana, anunciada tras una reunión informal del Gabinete, días antes de la primera sesión formal del Consejo de Ministros. Al tiempo se incrementó en un punto el coeficiente de caja de los bancos. Que las ofertas de la potente mayoría absoluta iban a darse de bruces con la realidad estuvo claro desde el principio, pero solo para un reducido grupo de dirigentes. Aunque los niveles de paro no eran tan insoportables como los actuales (2,1 millones de desempleados, el 16,4% de la población activa, que en aquel tiempo no llegaba a 11 millones de personas), la inflación era terrible: los anteriores Gobiernos centristas habían conseguido reducirla del 26% en 1977 al 14% en que todavía se encontraba en 1982.

Gestos de autoridad como la expropiación de Rumasa, el 23 de febrero de 1983, terminaron convirtiéndose en un bumerán para el Gobierno. La espectacularidad de la medida no pudo tapar otras que el Gobierno empezó a preparar y a adoptar. El PSOE había ido a las elecciones con la formidable promesa de crear 800.000 puestos de trabajo, pero lo que se planteó a las pocas semanas de estrenar el poder fue un programa de reconversión de amplios sectores industriales, impulsado por el entonces ministro de Industria, Carlos Solchaga, que dio origen a huelgas, manifestaciones y asombro en militantes socialistas y de la UGT de que “Felipe” fuera capaz de hacerles “esto”. La lógica económica de aquellas medidas —cambiar el habitual recurso de las ayudas públicas a fondo perdido a las empresas en dificultades— iba a forzar la reconversión de la actividad siderometalúrgica, la construcción naval y el textil. Al final terminó costando mucho dinero público.

El incumplimiento de la promesa electoral de los 800.000 empleos dio origen a disputas internas sobre quién había sido el padre de la criatura. La realidad es que fue introducida en el programa electoral de 1982 por el equipo de técnicos encargado de elaborarlo, coordinado por Joaquín Almunia, tras la conmoción causada en la ejecutiva del PSOE por las previsiones de ese equipo sobre el aumento del paro en los años siguientes a las elecciones de 1982. Almunia atribuye a Guerra haber pedido que se modificaran aquellas previsiones para ofrecer un compromiso electoral más atractivo, y Guerra contraataca con críticas a los políticos de vitola técnica. Cuando Solchaga comentó públicamente, en junio de 1983, la imposibilidad de cumplir lo prometido, el vicepresidente sostuvo que el compromiso seguía intacto.

A posteriori, Joaquín Almunia lo explicó así: “La cantidad de empleo que aspirábamos a crear no era compatible con el realismo económico. Pero la credibilidad del partido en aquel momento era tal que muchísimos electores confiaron en que nuestro Gobierno lo conseguiría. Y es verdad que lo hicimos, pero con retraso”.

Por la OTAN hacia Europa

A diferencia de lo que sucede ahora, el europeísmo actuaba entonces como una poderosa palanca progresista. La idea de Europa evocaba países envidiados por sus libertades y por el nivel de vida. La adhesión a las Comunidades Europeas era la meta hacia la que se dirigían las ambiciones de casi todos los partidos, y desde luego la del PSOE. Pero además de atacar el nudo gordiano de las negociaciones para la admisión en el club europeo, aquel Felipe González que había asistido a gigantescas concentraciones humanas en contra de la entrada en la Alianza Atlántica y aquel PSOE que había prometido a los votantes un referéndum sobre la OTAN tenían que enfrentarse al incumplimiento de otra importante promesa, o a cumplirla, pero dándole la vuelta a la opinión pública.

Parte del pueblo de izquierdas que le había respaldado iba a oponerse a los planes de Felipe González. Les parecía posible y deseable vivir al margen de la confrontación entre las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, sin alinearse con ninguno de los bloques ni exponerse a las eventuales consecuencias de una confrontación nuclear. En un primer momento, Felipe González actuó con la máxima cautela respecto a ese asunto. Para la gran mayoría de la opinión pública, haber prometido un referéndum implicaba poner una montaña de papeletas de voto al servicio de la operación de salirse de la OTAN.

Años más tarde, González iba a jugarse su futuro político a la victoria del “sí” en la consulta convocada para quedarse dentro de la Alianza Atlántica; y Fraga también, al tomar la extraña opción de pedir la abstención en ese referéndum. Felipe González preparó con mucho tiempo la operación de tensionar y dramatizar al máximo las consecuencias de una victoria del “no”. Posteriormente reconoció que aquel referéndum había sido un error.

En la sala de máquinas

Hubo huelgas provocadas por la reconversión industrial y por la primera reforma de las pensiones, y muchas heridas políticas y sociales causadas por el polémico referéndum. Felipe González no intentó contrarrestarlo con un estilo populista —en vez de “síndrome de La Moncloa”, él prefería llamar al complejo presidencial “la sala de máquinas”—. El desgaste fue moderado y a ello contribuyeron la actuación del Gobierno respecto a las Fuerzas Armadas, que realmente se retiraron de la política, y el combate encarnizado contra el terrorismo de ETA. Una nueva ley antiterrorista facilitó incomunicar hasta diez días a los detenidos, lo cual dio origen a graves abusos policiales y a fuertes indicios de que la tortura seguía practicándose.

Poco se supo en aquellos tiempos de los métodos empleados; tampoco se prestó atención desde el Ejecutivo a los primeros síntomas de corrupción. Preocupaban más los cortos plazos; por ejemplo, las consecuencias de haber puesto en la calle a unos cientos de presos preventivos, con cárcel prolongada por las lentitudes de sus procesos, un tiempo que fue acortado por una reforma legal impulsada por el titular de Justicia, Fernando Ledesma. Al poco empezó una ola de inseguridad ciudadana, contestada con gran dureza desde el Ministerio del Interior, dirigido por José Barrionuevo.

Entre luces y sombras, en la opinión pública se fue instalando una sensación de mayor estabilidad. La entrada de España en la Comunidad Europea fue el espaldarazo. ¿Por qué era tan fuerte aquel PSOE? Claramente, porque llenó un vacío real cuando la sociedad estaba sedienta de respuestas políticas a necesidades serias y graves problemas de fondo.