El presidente del Supremo censura la protesta de 200 jueces contra el indulto

Al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, no le ha gustado nada el manifiesto firmado por 200 jueces en contra del indulto que ha concedido el Gobierno a cuatro miembros de los Mossos d’Esquadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador. Los jueces, ha opinado Moliner, no deben "entrar públicamente a criticar actos del Gobierno". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enviado a la magistratura un mensaje similar: la competencia para conceder indultos es del Ejecutivo y el poder judicial solo puede controlar que estos actos de gracia se concedan cumpliendo con los trámites reglamentarios.

A preguntas de los periodistas, Moliner ha admitido que no le parece "bien" la protesta de los 200 jueces, entre los que se encuentran también magistrados del Supremo, aunque ha reconocido que no sabe hasta "qué punto" puede tener "mayor trascendencia un hecho que deriva de la libertad de actuación".

La número dos del Gobierno ha mostrado el respeto del Gobierno a la opinión de "cualquier ciudadano", y en este caso de los jueces, pero ha insistido en que en España "funciona" la separación de poderes, que atribuye a cada uno "sus competencias y atribuciones".

En este sentido, Santamaría ha insistido en que el perdón, de acuerdo a la Constitución y una ley de 1870 (preconstitucional), corresponde al Gobierno, que lo ejerce en nombre del Rey. Este perdón lo otorga el Ejecutivo tras haber recibido una serie de informes judiciales (pero que no son vinculantes). En este caso, la Audiencia Provincial de Barcelona no había informado favorablemente al indulto (a pesar de que el Gobierno sostiene que en estos casos siempre actúa de conformidad con la opinión del tribunal sentenciador). 

La vicepresidenta no ha detallado los motivos que llevaron al Gobierno a indultar a los cuatro mossos y ha explicado que se ha sustituido "una condena por otra atendiendo a las peticiones de los afectados y sus entorno y teniendo presente todas las circunstancias del caso".

El Gobierno ha conmutado a los agentes la pena de dos años de prisión por torturas por 7.200 euros euros de multa pese a que la Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10 de diciembre.