Interior embrolla el informe contra Mas

El Ministerio del Interior se ha adentrado en el laberinto del borrador policial fantasma del caso Palau y aún no ha hallado la salida. Quince días después de que se publicara el documento anónimo que enfangó la campaña electoral acusando al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a su antecesor, Jordi Pujol, de enriquecerse con las comisiones del expolio del Palau, aún no se sabe quién elaboró el informe ni si la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía avala su contenido. Lo único conocido es que Asuntos Internos intervino en el caso, que el jefe de esta unidad propuso al fiscal del Palau el registro de la sede de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), y que el ministerio avala esa reunión y lo que allí sucedió. El número dos de la Policía, Eugenio Pino, director adjunto operativo, era perfectamente conocedor de la misma. El ministro, Jorge Fernández, defendió públicamente esta actuación policial el miércoles.

Pero el asunto no es tan sencillo. ¿Qué pintaba Asuntos Internos en todo esto cuando en el caso Palau no se investiga ninguna corrupción policial? ¿Por qué se reunieron en Barcelona el pasado 29 de octubre el comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín, y el responsable de la UDEF hasta julio, José Luis Olivera, con el fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled? ¿Por qué no acudió a ese encuentro el actual jefe de la UDEF, Manuel Vázquez? El ministro Fernández no lo explicó, pero, según se ha indicado desde el ministerio a EL PAÍS, el jefe de Asuntos Internos estaba averiguando por qué el juez del caso Palau había apartado de la investigación a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

Se trata de una explicación nueva que no había aparecido hasta este momento y que niegan, en todos sus extremos, tanto el juez como el fiscal del caso. Afirman que ni la UDEF ha sido apartada del caso ni los dos mandos policiales que se reunieron con el fiscal fueron allí para preguntar nada sobre este supuesto apartamiento.

Interior asegura que la investigación ha vuelto a los Mossos d'Esquadra. Por eso, supuestamente, una nueva “unidad de análisis” de Asuntos Internos —que sin embargo nadie conoce en el Cuerpo Nacional de Policía— estaba encargada de preguntar qué había pasado, tal y como se ha hecho en otros casos como el de los ERE o Campeón. Y por eso, aseguran, a la reunión no acudió el actual jefe de la UDEF: porque el juez había apartado de la investigación a esa unidad.

El fiscal afirma, sin embargo, que los dos mandos policiales no hablaron de nada de esto y que pidieron la reunión para presentarle una “nueva” unidad de análisis dentro de Asuntos Internos —unidad que no se ha creado reglamentariamente pero que, según Interior, lleva meses operativa y bajo el mando de Eugenio Pino—. Al final de la entrevista, el jefe de Asuntos Internos pidió al fiscal asumir la investigación del caso Palau. Este comisario, según la fiscalía, no aportó ni una sola prueba —ni siquiera un indicio— para que se procediera a pedir al juez el registro de la sede de Convergència. Tan solo le facilitó un documento de unas 12 páginas con una cronología descriptiva de los hechos del Palau y un resumen literal de un informe judicializado de la Agencia Tributaria. Con un material tan escaso, el fiscal rechazó las pretensiones del comisario.

A la reunión asistió también el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que unos días más tarde sí encargó a esa supuesta “unidad de análisis” la investigación de un nuevo caso de corrupción policial. Para su sorpresa, los dos inspectores que se entrevistaron con él no eran conscientes de estar trabajando para ninguna nueva unidad ni habían oído de su existencia.

Según fuentes de la fiscalía, el jefe de Asuntos Internos no hizo ninguna alusión a que se hubiera apartado a la UDEF de la investigación del Palau y aseguran que, además, no es cierto. La última intervención de la UDEF fue el 25 de mayo, con la entrega del último de sus informes judicializados. Desde entonces, el juez instructor, Josep Maria Pijuan, no ha hecho ningún nuevo encargo. Con posterioridad a esa fecha solo se practicó otra diligencia policial: el registro de las casas de los saqueadores confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, en búsqueda de cuadros y otros bienes para garantizar la fianza impuesta. El juez no vio necesario que agentes de la UDEF de Madrid se desplazaran para esa misión y encargó el registro a los Mossos d’Esquadra, lo que no significa que el caso haya vuelto a este cuerpo policial.

La reunión de Asuntos Internos con los fiscales la reveló el sindicato policial SUP dos días antes de las elecciones al difundir, junto al borrador de El Mundo, un anónimo que acusaba a los representantes del ministerio público de boicotear la investigación. El miércoles, el sindicato ultra Manos Limpias interpuso una denuncia contra los fiscales por “encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos”. Las tres asociaciones de fiscales les han mostrado su apoyo frente a las “maniobras de desprestigio” que “cuestionan gratuitamente” su “imparcialidad” y “rectitud”.