Munar pide al juez que no trate a UM como “una banda de miles de criminales”

"Rogaría respeto y rigor a la hora de acusar" y "prudencia" porque no "se pueda criminalizarse a una opción política con 30 años de historia, 48 alcaldes, 800 concejales, más de 10.000 afiliados y 700.000 sufragios". Así lo comunicó hoy al juez, en clave política, Maria Antònia Munar, de Unió Mallorquina (UM), ex presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca. Munar compareció como imputada en una nueva causa centrada exclusivamente en la supuesta financiación de su ya ex partido UM, en el manejo de dinero negro. Un excontable del grupo destapó las tramas, con notas internas.

"Una cosa es investigar a responsables de esta opción política y otra tratar a miles de personas como una banda de criminales", insistió Munar, condenada por supuesta corrupción en una ocasión e imputada en cuatro causas pendientes de juicio. La exlíder no logra desaparecer de la vida pública de Baleares y sus intervenciones ante jueces y fiscales no desdicen su biografía.

La ex líder de UM, carga con una sentencia inicial de cinco años de cárcel –que ha recurrido al Tribunal Supremo-, por los delitos de malversación, fraude a la Administración, negociaciones prohibidas, falsedad y prevaricación. Junto a Munar una veintena de ex altos cargos públicos y antiguos dirigentes de UM, está siendo investigada sobre la presunta financiación ilegal del partido.

UM fue central porque decidió el color del poder político en Baleares desde 1983 hasta febrero de 2010 cuando el grupo estalló por el cúmulo de escándalos, detenciones e imputaciones y con la sede central registrada judicialmente. Los fiscales Anticorrupción, Juan Carrau, Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach, indagan los supuestos negocios sucios de UM en una decena de causas abiertas en distintos juzgados de Palma.

Contra Munar se puso uno de los suyos. Un arrepentido colabora con los fiscales. El ex contable de UM, Álvaro Llompart, que fue situado en un cargo de la consejería de Turismo pactó con la Fiscalía Anticorrupción tras ser detenido en febrero de 2010. Su relato acusatorio dio pie a una querella de la Fiscalía Anticorrupción, trabada por las diferentes comparecencias previas y bajo secreto que Llompart efectuó.

Ayudante del tesorero Miguel Ángel Flaquer, el colaborador de los fiscales Llompart afirma que UM manejó fondos negros, que recibía ingresos en efectivo de comisiones de empresas contratistas. Aportó supuestos indicios sobre la contabilidad en negro de UM, papeles que recogió de la sede, antes del registro judicial, contraviniendo la orden que recibió de sus jefes de destruirlos.

La acusación tiene datos sobre cantidades precisas de dinero clandestino, hasta el número de billetes de 500 euros que en alguna ocasión se ingresó en efectivo en la sede. Una de las acusaciones se centra en la posible concesión de contratos a empresas a cambio de comisiones a empresarios de entre el 3% y el 10%.

La fiscalía supone que UM blanqueaba mordidas canalizándolas, fragmentariamente, como si fueran las retenciones de los sueldos de los cargos públicos. Otra supuesta treta de la trama sumergida fue la aparente venta de participaciones de lotería. El argumento de defensa de Munar y del resto de imputados se centra en descalificar las pruebas de cargo de Llompart, de quien se afirma que habla de cosas que desconoce y de una época en la que no fue parte del aparato.

La ex portavoz de UM y exconsejera insular de Medio Ambiente, Catalina Julve, negó haber aportado dinero en sobres. Ni pidió nunca dinero ni se lo dieron, aseguró Julve al juez. Otro exdirigente de UM Antoni Oliver, cooperador de la fiscalía y condenado en dos causas a penas menores, reconoció en una relación de nombres en el que figuraban iniciales de supuestos nombres reconoció que esas letras correspondían a cargos implicados en el supuesto tráfico de fondos. La relación estaba anotada en un papel.

Antes que Maria Antònia Munar, otros dos expresidentes de UM han declarado como imputados: Miquel Àngel Flaquer y Miquel Nadal, éste condenado a siete años en dos juicios ya celebrados. Flaquer, en su condición de ex secretario de administración y finanzas durante diez años, negó que sus anotaciones A y B respondieran a una doble contabilidad, la blanca y la negra.

Desde la cárcel fue conducido ante el juez –y se negó a declarar- Tomeu Vicens, ex secretario general de UM, ex diputado balear y ex jefe del urbanismo de Mallorca. Vicens cumple una primera condena de tres años y tiene otra semejante, que recurrió al Supremo. Dos de los imputados, Maties Barón y Mateu Sedano, son abogados exmilitantes de UM, que defienden a cargos en otras causas.

A los integrantes de las sucesivas cúpulas de UM, aludidos por la acusación del contable arrepentido Álvaro Llompart, el fiscal Juan Carrau los acusa por supuestos delitos de de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita.