El Gobierno ataja la rebelión por la extra amenazando a Monago

El sindicato mayoritario entre los funcionarios, el CSIF, comenzó ayer a reclamar en algunas comunidades, como la valenciana y Andalucía, que sus Gobiernos “tomen ejemplo” de Extremadura y restablezcan el pago de la extra de Navidad a los empleados públicos, pese a la orden de supresión del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

También ayer se supo que el País Vasco dispone de un informe que avala el abono de la paga extraordinaria con una base que, según fuentes del Gobierno autonómico, podría servir para otras comunidades con la misma regulación de Función Pública que la vasca. Navarra ya ha aprobado el restablecimiento de la extra.

Con este panorama, el Gobierno trató ayer de atajar la rebelión de las autonomías advirtiendo al presidente extremeño, José Antonio Monago, de que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional “si incumple la legislación básica”, tal como señaló la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, esta legislación, el real decreto aprobado en julio sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, solo habla de la supresión “durante el año 2012” de la paga extraordinaria de Navidad. Lo que han hecho Navarra y Extremadura ha sido, con argucias, adelantar la de junio de 2013 a enero y no restituir la de diciembre. Por eso, el Gobierno de Extremadura insistió en que “escrupulosamente” con la legislación vigente.

El Ejecutivo extremeño anunció que sus funcionarios cobrarían la extra al saber que percibirá 240 millones de un impuesto bancario, aprobado en 2001, y que el Constitucional acaba de reconocer como legal.

Santamaría también quiso frenar la posibilidad de que otras comunidades autónomas se planteen echar mano de este impuesto para captar recursos y alegó que la normativa ha cambiado mucho en diez años y recordó que España ha tenido un rescate financiero por lo que en todo lo que se refiere a los banco está sometida a un memorándum que exige pactar cualquier cambio con Europa. La vicepresidenta aseguró que la sentencia ha de ser “analizada” y el caso, “examinado a nivel europeo”.

Sin embargo, el Gobierno de Extremadura no solo no tiene intención de retirar la ley, que le proporciona unos 30 millones anuales, sino que en junio del año pasado la modificó para aumentar las tarifas que han de pagar los bancos por sus depósitos. La norma no fue recurrida.

Otras autonomías del PP, como Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia o Baleares han manifestado que, de momento, no tienen ninguna intención de imponer el tributo a los bancos. Andalucía ya tiene vigente un impuesto similar.

El sindicato mayoritario entre los funcionarios, el CSIF, comenzó ayer a reclamar en algunas comunidades, como la valenciana y Andalucía, que sus Gobiernos “tomen ejemplo” de Extremadura y restablezcan el pago de la extra de Navidad a los empleados públicos, pese a la orden de supresión del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

También ayer se supo que el País Vasco dispone de un informe que avala el abono de la paga extraordinaria con una base que, según fuentes del Gobierno autonómico, podría servir para otras comunidades con la misma regulación de Función Pública que la vasca. Navarra ya ha aprobado el restablecimiento de la extra.

Con este panorama, el Gobierno trató ayer de atajar la rebelión de las autonomías advirtiendo al presidente extremeño, José Antonio Monago, de que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional “si incumple la legislación básica”, tal como señaló la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, esta legislación, el real decreto aprobado en julio sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, solo habla de la supresión “durante el año 2012” de la paga extraordinaria de Navidad. Lo que han hecho Navarra y Extremadura ha sido, con argucias, adelantar la de junio de 2013 a enero y no restituir la de diciembre. Por eso, el Gobierno de Extremadura insistió en que “escrupulosamente” con la legislación vigente.

El Ejecutivo extremeño anunció que sus funcionarios cobrarían la extra al saber que percibirá 240 millones de un impuesto bancario, aprobado en 2001, y que el Constitucional acaba de reconocer como legal.

Santamaría también quiso frenar la posibilidad de que otras comunidades autónomas se planteen echar mano de este impuesto para captar recursos y alegó que la normativa ha cambiado mucho en diez años y recordó que España ha tenido un rescate financiero por lo que en todo lo que se refiere a los banco está sometida a un memorándum que exige pactar cualquier cambio con Europa. La vicepresidenta aseguró que la sentencia ha de ser “analizada” y el caso, “examinado a nivel europeo”.

Sin embargo, el Gobierno de Extremadura no solo no tiene intención de retirar la ley, que le proporciona unos 30 millones anuales, sino que en junio del año pasado la modificó para aumentar las tarifas que han de pagar los bancos por sus depósitos. La norma no fue recurrida.

Otras autonomías del PP, como Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia o Baleares han manifestado que, de momento, no tienen ninguna intención de imponer el tributo a los bancos. Andalucía ya tiene vigente un impuesto similar.