Monago pagará la extra a los funcionarios con dinero que Aznar quiso quitar a Ibarra

El Gobierno de Extremadura ingresará 240 millones de euros de un impuesto bancario que trató de aplicar Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2001 pero que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, paralizó al recurrirlo al Tribunal Constitucional.

El pago de los tributos llegará casi a la vez que el Gordo de Navidad, antes del 6 de enero, según las previsiones del Gobierno extremeño, que destinará los ingresos a la recuperación de la extra de los funcionarios extremeños, al cumplimiento del objetivo del déficit o talleres de empleo, según ha explicado el propio presidente, José Antonio Monago. "Se dijo que era una medida coyuntural y ahora se puede solventar", ha señalado el presidente sobre el restablecimiento de la paga extraordinaria a los empleados públicos. El caso es que lo que Monago pretende es adelantar la paga de junio a enero para así "burlar" la suspensión de esta paga extra que dictó el Gobierno de Mariano Rajoy.

Monago ha dado a conocer la resolución del Tribunal Constitucional en una comparecencia pública. Y lo ha hecho incluso antes de comunicarlo a los partidos de la oposición pese a que fueron estos, PSOE e IU, los que sacaron adelante la ley para el cobro de este impuesto a los bancos, que contó con el voto en contra del PP.

El gobierno consideró en su recurso que Extremadura no podía exigir un impuesto sobre depósitos bancarios, ya que estos no están vinculados a ningún territorio. Desde entonces, los bancos han estado obligados a establecer avales por las cantidades que les correspondía abonar y que ascienden a 240 millones de euros.

Hoy, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado su "alegría" por la decisión del Constitucional, a la vez que ha querido destacar que el cobro del tributo es posible ahora "gracias a que hubo unos diputados que sacaron adelante la ley contra la voluntad de quienes hoy nos gobiernan".

Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Escobar, considera que la sentencia del Constitucional “marca la línea de dónde hay que recaudar en tiempos de crisis, sacar dinero de los bancos, que es donde está el dinero y obligarles, vía tributaria, a ponerlo en circulación y al alcance de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, o les va a resultar menos rentable tenerlo parado".

“El impuesto bancario que quiere implantar la Junta de Extremadura es aberrante, además de ilegal”, declaró el director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, en 2001, antes de que el PP, meses más tarde, decidiera recurrir la Ley a la que también hizo mención el entonces, igual que ahora ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que aseguró que estudiaría el tributo “con extremo”. El Tribunal Constitucional ahora, diez años después, les quita la razón.