Normal en la calle, normal en la ley

En julio de 2005 fue aprobada por las Cortes la reforma del Código Civil que hacía posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta medida, a la que se opusieron los diputados de Unió Democrática de Catalunya y todo el Grupo Popular (con la única excepción —que parece justo recordar— de la diputada Celia Villalobos), contó con el respaldo del 56% de los españoles y con el rechazo de tan solo el 21%, según un sondeo de Metroscopia llevado a cabo entonces. Un reducido 11% se mostró disconforme con el uso del término matrimonio, pese a estar de acuerdo con la medida de fondo.

En los siete años siguientes, el mismo mayoritario porcentaje siguió expresando, de forma llamativamente estable, su plena conformidad con esta reforma del Código Civil, al tiempo que la oposición de principio a la misma (o la no opinión a su respecto) fueron gradualmente transmudándose en solo reticencia respecto del nombre. O, lo que es igual, el debate social (que, cuando lo hubo, fue siempre de muy baja intensidad y en ningún momento susceptible de generar confrontación social alguna) se fue deslizando desde la cuestión de fondo (la legalización o no de la unión homosexual) a la mera cuestión de su etiquetado, algo en sí mismo con muy bajo —por no decir nulo— potencial movilizador. La sentencia del Tribunal Constitucional ha terminado por dejar finalmente las cosas tal y como una amplia mayoría ciudadana lleva ya mucho tiempo viéndolas. Y no resulta arriesgado aventurar, a partir de lo que enseña la experiencia demoscópica, que el solo hecho de que la cuestión del nombre sea ya cosa definitivamente juzgada contribuirá a desinflar gradualmente las reservas todavía subsistentes al respecto. Matrimonio venía siendo, y matrimonio será.

La clara naturalidad con que nuestra sociedad está viviendo la plena aceptación social y legal de las parejas homosexuales encuentra quizá su más significativa expresión en el hecho de que incluso entre quienes se definen como católicos practicantes (y que representan algo menos del 20% de nuestra población adulta) solo un 19% rechaza de plano la legalización de las parejas del mismo sexo —porcentaje este inferior incluso en seis puntos al de quienes aceptan que sean legales y se denominen matrimonio—, y un 55% no tiene más reserva al respecto que el uso de dicho término.