“Que no toquen a mi abuela”

Para Antonio Campos, extremeño de origen, de 34 años, y su mujer Igone Aldaregia, de 35, el tiempo corre en contra para no acabar perdiendo su vivienda de protección oficial en un barrio periférico de San Sebastián. Padres de cuatro hijos, todos menores de edad, autónomos en paro desde hace casi dos años, sobreviven de la ayuda económica familiar y de las visitas quincenales al Banco de Alimentos.

A este matrimonio no solo le preocupa quedarse en la calle con cuatro hijos. En su día tuvo que recurrir a dos avalistas a la hora de pedir un crédito hipotecario. “Mi tío nos avaló con su nómina y mi abuela, que tiene 80 años, con su casa. Si quieren les doy mi piso en pago al banco, pero no quiero que toquen a mi abuela. Su casa está ya pagada y no debe pasar por el disgusto de quedarse en la calle por haber sido avalista”, se lamenta.

Llevan casi dos meses sin poder pagar la cuota mensual de la hipoteca de 120.000 euros que contrajeron en 2007 con el Banco Santander, más un crédito personal, porque no tienen ingresos. Hace cuatro meses solicitaron la ayuda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que supondría 933 euros, que no acaba de llegar. Ahora intentan negociar con la entidad financiera la aplicación de una carencia de tres años para pagar solo intereses antes de entrar en mora y ser desahuciados. Pero llevan meses sin una respuesta.

“Mientras en la oficina de aquí nos dan largas, desde Madrid el banco te manda cartas con amenazas de desahucio sin darte alternativas. Lo único que pedimos es reajustar la deuda y vivir con un poco de dignidad”, denuncia esta pareja desesperada por encontrar un trabajo, él como albañil y ella en el servicio doméstico o alguna empresa de limpieza.

Tanto Antonio como Igone se quejan de la falta de acceso a la información que existe en torno a las salidas que hay para defender tu vivienda cuando te encuentras en exclusión social si no acudes a una plataforma como Stop Desahucios, donde han encontrado asesoramiento y apoyo legal. A esta dramática situación, una de las miles que se están viviendo en España, se suma la necesidad de vivir de las pensiones o sueldos de familiares.

“Mi madre era quien se hacía cargo de nuestra hipoteca desde que nos quedamos en paro, pero hace meses que se ha quedado en la calle y con el subsidio que le queda no nos da para pagar la hipoteca. Lo que entra en casa es para dar de comer a mis hijos, que son la prioridad”, comenta Igone, a quien le indigna que la fiscalía no se persone en los desahucios donde hay menores de por medio. “¿Quién los protege? Se preocupan de que tengan educación y sanidad, pero no de que los dejen en la calle. La vivienda es un derecho básico y no es justo ni ético que 400.000 familias estén en la calle. La Ley Hipotecaria es obsoleta y hay que adaptarla a los tiempos de crisis”.