455 euros por 10 meses de trabajo

Lleva 20 años pleiteando todo tipo de casos civiles o penales desde su bufete en la pequeña localidad de Cee, capital de la Costa da Morte frente a la cual un petrolero llamado Prestige se accidentó una tarde de noviembre de 2002. Y para nada se imaginaba el letrado Paulino Pérez Riveiro que le iba a caer encima, casi una década después, aquella catástrofe y el kilométrico sumario de 230.315 folios que le llevó nada menos que nueve años instruir al pequeño juzgado del municipio vecino, Corcubión. Apuntado a los turnos de oficio, a este abogado le tocó, en julio pasado, ser el defensor de uno de los principales acusados del macrojuicio del Prestige, que arrancó el martes en A Coruña, el marino griego Nykolaos Argyropoulos. Y sumergirse todo el verano en los “escritos fundamentales”, más de 80.000 folios, para preparar y presentar en septiembre sus argumentos de defensa del que fuera jefe de máquinas del Prestige en la mayor causa por delito ambiental jamás instruida en España. Es un litigio de 4.442 millones de euros, la cuantía que reclama la Fiscalía por los daños que causó la catástrofe.

Riveiro explica que está en los turnos de abogado de oficio por convencimiento “y obligación moral de colaborar con las personas que menos recursos tienen”. Pero ahora es él quien puede quedar “en la ruina total” por defender hasta que finalice la vista oral, en mayo de 2013, a Argyropoulos: tan solo cobrará en total 455 euros y 30 céntimos por 10 meses de trabajo. Ni siquiera cubren para la gasolina de su coche con el que recorre cada día los 200 kilómetros de ida y vuelta entre Cee y A Coruña.

Una renuncia del letrado pondría en riesgo la continuidad del proceso

Fueron vanos todos los intentos y gestiones previos al juicio para intentar que la Xunta aceptara incrementar sus honorarios. Organizar y celebrar el juicio del Prestige costará a las arcas públicas gallegas 1,4 millones de euros. Pero el Gobierno autónomo no quiere poner un céntimo para remunerar dignamente al letrado de oficio de uno de los imputados a los que se acusa de haber provocado la gigantesca marea negra de 2002. Aunque anoche la Consejería de Presidencia acabó por mover ficha. Fue tras el requerimiento verbal del presidente del tribunal y el clamor a favor de Pérez Riveiro de casi todos los 70 abogados que participan en el macrojuicio. La Consejería de Presidencia rompió su silencio para asegurar, en un escueto comunicado, “que está estudiando la posibilidad de hacer una excepción y trabajando en una posible solución”. Una de ellas, añade el departamento, sería hacer como “el proceso Boquerón”, un asunto menor de robo de automóviles en Santiago, en el que el Colegio de Abogados aceptó completar los emolumentos de los abogados de oficio.

Nada dice la Xunta de seguir otro precedente mucho más acorde con la dimensión excepcional del juicio del Prestige: para el de los atentados del 11-M, el Ministerio de Justicia acabó llegando a un acuerdo con el Consejo de la Abogacía para triplicar los honorarios de la veintena de abogados de oficio, hasta un máximo de 20.000 euros por cada uno.

El Gobierno de Feijóo estudia ahora mejorar el sueldo del abogado

La petición va más allá de una reivindicación económica. Para Pérez Riveiro por encima de todo está “el derecho constitucional de toda persona a tener una defensa justa”. “Yo me lo tomo muy en serio lo de litigar por un marino para el que piden entre ocho y nueve años de cárcel”, arguye. Ayer, en la segunda jornada de la vista oral, el letrado lanzó: “El presidente dice que España no es Uganda, pero sería preocupante pensar que en Uganda cualquiera tendría un juicio más justo que en España”,

En riesgo está incluso la continuidad del propio macrojuicio del Prestige que se tardó una década en celebrar: si antes del 12 de noviembre, víspera del décimo aniversario de la catástrofe, no obtiene “honorarios dignos”, Pérez Riveiro renunciará. Y encontrar otro abogado para el marino griego no será fácil. De conseguirlo, habría que retrasar otros tres meses, para tomar conocimiento del sumario, una vista que ya tardó 10 años en empezar. Y también podría ser “juicio nulo”, advierte Riveiro. Y se explica: “La Xunta es juez y parte, es una de las acusaciones contra el jefe de máquinas y a la vez le niega los medios para tener una defensa justa”.