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Los expertos piden acelerar la destrucción por ley de la droga incautada

Los depósitos suman miles de kilos de estupefacientes y los robos se suceden

Local donde la policía guardaba la droga en Cádiz.
Local donde la policía guardaba la droga en Cádiz.

“Nos estaban avisando de que nos iban a robar. El trasiego de personas es permanente en ese depósito de Cádiz y su uso no se puede compartir. Y ahora todo el mundo escurre el bulto”. Por increíble que parezca, las alertas sobre el riesgo que suponía la droga incautada en esa ciudad andaluza habían saltado hacía meses, tal y como resaltan fuentes policiales. Pero la falta de medios impidió reaccionar a tiempo, y la semana pasada desaparecieron 290 kilos de cocaína y hachís del depósito gaditano. De la custodia policial, los fardos regresaron al mercado en una operación limpia, realizada tras entrar los ladrones en el depósito llave en mano.

El problema es cíclico. Andalucía y Galicia, tradicionales puertas de entrada de la cocaína y el hachís, sufren esta saturación de fardos que supone una llamada de atención a los ladrones, un problema de salubridad, e incluso una tentación a la corrupción para agentes con sueldos nada boyantes. Valencia, Santiago, Málaga, Sevilla, Cádiz… la cascada de ciudades cuyos depósitos han sufrido robos aumenta casi cada año ¿Hay solución para evitar a estos avezados cacos?

Tras la sustracción de Cádiz, el Gobierno ha firmado esta semana un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Agencia de Medicamentos y la Fiscalía General del Estado para que el plazo de destrucción de la droga incautada no supere los dos meses. Pero es solo una recomendación, ya que la última palabra es del juez de instrucción. Cada caso es un mundo, y los jueces buscan dar respuesta a ulteriores reclamaciones de los abogados, por lo que a menudo rehúyen la destrucción de la droga, que se eterniza en los depósitos durante años.

Las voces expertas tildan el protocolo de papel mojado y exigen una reforma legal que obligue al instructor a quemar las sustancias. “Salvo que haya una orden motivada, debería imponerse una reforma legal”, pide María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla, donde en 2009 desaparecieron 154 kilos de heroína y cocaína de la Jefatura Superior de Policía.

El Gobierno no avanza sus planes al respecto, pero tras caducar un anteproyecto, la reforma podría estar lista a principios de 2013, según fuentes del CGPJ. Ahora las lagunas son varias. “Con el protocolo buscamos que la cadena de custodia quede identificada con reportajes fotográficos. Quién trasladó qué en cada momento”, detalla Manuel Almenar, vocal del Consejo. Este órgano pretende presionar a los jueces a través de los decanatos tras recibir las peticiones de la fiscalía, la policía o la Guardia Civil.

Los miles de kilos de droga acumulados en depósitos y calabozos son un tremendo dolor de cabeza. “Las plantas de marihuana causan olores intensísimos cuando están frescas (...) a veces el olor invade todo el edificio donde existen otras actividades y atención al público”, denunció el director del área de Sanidad sevillana el pasado abril en un informe. De momento, la amenaza de robos sigue latente mientras los agentes de la lucha antidroga piden un horno crematorio en Andalucía que evite los costosos traslados hasta Asturias. Y sobre todo, la colaboración de los jueces. “Convertir 400 kilos en 400 gramos es muy sencillo, pero hay que molestarse en levantar actas y hacer contraanálisis”.

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