La imputada Benegas: “Es un salto en la represión de los movimientos sociales”

“Yo llevo muchos años en la lucha. Pero lo que no había visto nunca es que te lleven a la Audiencia Nacional por reunirte en El Retiro”. La abogada Doris Benegas, de 60 años, declarará hoy ante el juez Santiago Pedraz como imputada por un delito contra las instituciones del Estado por su participación en el 25-S. Benegas, dirigente del partido independentista Izquierda Castellana y curtida en las movilizaciones obreras de la Transición, es una de las ocho personas imputadas antes de celebrarse la manifestación. La policía la identificó en una reunión preparatoria de la protesta en el parque de El Retiro el 16 de septiembre. Junto a otros activistas, presentó una denuncia contra la Delegación del Gobierno por vulneración de su derecho de reunión y de su intimidad. “Esto es un salto cualitativo en la represión de los movimientos sociales”, defiende.

“El delito que se nos imputa requiere una alteración del normal funcionamiento de las instituciones. ¿Cómo podía saber el 20 de septiembre el señor juez si había una alteración del funcionamiento del Congreso?”, inquiere Benegas. La abogada explica que ha participado en la protesta porque comparte sus objetivos —entre los que están la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y la apertura de un nuevo proceso constituyente—, pero recalca que nunca se habló de intentar entrar en el Parlamento. “Una cosa es ocupar o tomar y otra rodear el Congreso, y se dijo rodear”, zanja.

Además de Benegas, deberán comparecer hoy ante el juez un militante del PCE y activista contra los desahucios (Chema Ruiz, 38 años), un profesor de instituto de Granada (Rafael Tejero, 57 años), un veterinario e indignado de la asamblea 15-M (Daniel García, 45 años), un abogado habitual del 15-M (Ramón, 44 años), un militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (Antonio López, 52 años), el administrador de la web Iniciativa debate, que ayudó a coordinar algunos de los autobuses que viajaron a Madrid el 25-S (Paco Bello) y la activista de Izquierda Castellana Elena Martínez (33 años, administrativa).

“No se alteró el funcionamiento de la Cámara, como el juez habrá corroborado en el Diario de Sesiones. Esto no es más que una persecución política, pero por mucho que presionen, los jueces juzgan conforme a las leyes”, opina Chema Ruiz. “Es una locura”, aporta Daniel García. “Es un juicio político y un esperpento”, añade Elena Martínez.