El sistema electoral y el bipartidismo cimentan la corrupción en España

El sistema electoral español, mayoritario y con listas cerradas y bloqueadas, pone en manos de la maquinaria de los partidos políticos el control de las instituciones. En caso de mayoría absoluta uno de los dos partidos de turno controla la función pública, por el amplio sistema de libre designación y cese existente en España para miles de los puestos de trabajo. Y extienden su control a instituciones como el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Banco de España y la Fiscalía General del Estado, según ha denunciado esta mañana la ONG Transparencia Internacional (TI) en la presentación del libro El marco de Integridad institucional de España.

El texto, coordinado por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, recoge un análisis del riesgo de corrupción en las instituciones públicas de 25 países de la Unión Europea.

Villoria resaltó en la presentación que los partidos políticos siguen un modelo de organización opaco y basado en un sistema electoral poco representativo.

Destaca "la incapacidad de la sociedad civil de crecer en un entorno tan dependiente de los intereses de los grandes partidos y de las redes mediáticas, empresariales e institucionales que se tejen a su alrededor”, según puede leerse en el resumen ejecutivo que publica la web de Transparencia Internacional (TI).  Y lo malo es que “ninguno de los grandes partidos tiene interés en mejorar profundamente el estado de las cosas” 

Hay 21.400 entidades públicas de las que no se puede conocer su patrimonio

El estudio refleja que la corrupción, ineficacia y despilfarro no están suficientemente controlados ni sancionados en España y que hay mecanismos como las incompatibilidades que se muestran totalmente ineficaces.

A esto se suma que, según el Barómetro Global de la corrupción que elabora TI, los partidos políticos son vistos como la institución más corrupta del país.

Una de las carencias españolas en la lucha contra la corrupción es la inexistencia de una ley de Acceso a la Información. El texto que está en el Parlamento -en periodo de presentación de enmiendas y que se aprobará antes de fin de año- “tiene bastantes cosas que mejorar”, según Jesús Lizcano, presidente de TI- España. Entre otras cita las de que no incorpore un órgano de control independiente, el silencio negativo y que no prevea régimen sancionador si se incumple. “Hay 21.400 entidades públicas de las que no se puede conocer su patrimonio”.

La rama española de esta ONG demanda un marco de acción inmediata: que las Cortes asuman una estrategia nacional de lucha contra la corrupción; que se obligue a una mayor transparencia y gestión de los fondos de los partidos políticos; una reforma electoral para que sean más representativos y la despolitización de órganos supremos del Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional.