El juez de Gürtel embarga casas a tres excargos del PP

La costa valenciana era el lugar elegido para veranear por miembros de la trama Gürtel como Pablo Crespo, número dos de la red, quien, además de un apartamento en Altea (Alicante), tenía su yate Parapipi atracado en el club náutico del municipio. En el mismo litoral tienen propiedades varios de los excargos del PP imputados en la causa. El Juzgado Central de Instrucción 5 de Madrid ha dictado en las últimas semanas el embargo —o ha avanzado en los trámites para llevarlo a cabo— de varias viviendas de tres exresponsables políticos en las poblaciones de Calpe y Jávea, ambas en la provincia de Alicante.

El primero, a principios de agosto, fue Alfonso Bosch, exdiputado popular en la Asamblea de Madrid, a quien el juez ha embargado un apartamento en el edificio Apolo, en primera línea de mar de Calpe, tasado por los peritos en 275.800 euros. Y una vivienda unifamiliar en San Lorenzo del Escorial (Madrid), valorada en 330.000 euros. La fórmula para llevar a cabo el embargo ha sido la de fianza hipotecaria. A Bosch, acusado de blanqueo de dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público y mercantil, revelación de secretos y prevaricación, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 750.000 euros.

El mismo procedimiento se ha seguido contra dos propiedades del exconsejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo: otro apartamento en el edificio Apolo de Calpe y un chalé en Madrid. La fianza para hacer frente a su eventual responsabilidad asciende a un millón de euros. López Viejo está también imputado en el caso Guateque por tráfico de influencias.

El tercer afectado por los embargos es César Tomás Martín Morales, que fue jefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte (Madrid) y estrecho colaborador de su exalcalde Arturo González Panero, conocido en la trama Gürtel como El Albondiguilla. El juez ha ordenado, en su caso, que se proceda a valorar por parte de la oficina de peritos de la Audiencia Nacional una casa ubicada en el municipio de Jávea, en segunda línea de playa, y un local comercial en el barrio de Salamanca de Madrid. La investigación apunta, según fuentes jurídicas, a que Martín Morales participó en la elaboración de pliegos de convocatorias públicas a las que se presentaba la trama, como la cobertura televisiva de la visita del Papa a Valencia en 2006. El juez le exige 1,5 millones de fianza.