Cinco magistrados y no el pleno deciden sobre la excarcelación de Bolinaga

El fiscal solicitó que fuera la Sala al completo la que tuviera la última palabra El tribunal obliga a la forense a pronunciarse de nuevo sobre su enfermedad

El preso de ETA  Jesús María Uribetxeberria Bolinaga en el hospital Donostia-San Sebastián.
El preso de ETA Jesús María Uribetxeberria Bolinaga en el hospital Donostia-San Sebastián. JESUS URIARTE

Al final no será el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, como solicitaba el ministerio fiscal, el que decidirá sobre la libertad condicional del asesino y secuestrador etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, que sufre un cáncer de riñón con metástasis en el cerebelo y en un pulmón por el que los médicos le auguran entre tres y 11 meses de vida. El tribunal que pondrá punto final al caso Bolinaga será el formado por los cinco magistrados de la sección primera. Y lo harán con un nuevo informe sobre la mesa de la médico forense Carmen Baena. En el anterior, de hace solo dos semanas, dictaminó que su estado no era terminal y que podría ser tratado en prisión. Pero ahora los médicos del hospital Donostia aseguran que ha empeorado.

Que sean los cinco magistrados de la sección primera y no los 18 del pleno se debe a la falta de quórum entre estos para conseguir que fueran todos los miembros de la Sala los que decidan. Ante la petición del fiscal, el presidente, Fernando Grande-Marlaska, dio el viernes 24 horas a todos los magistrados para que tomasen postura. Solo ocho se manifestaron a favor de que fuera la Sala al completo la que decidiera. No llegaron a los 10 (la mitad más uno) que exige la ley para arrebatar la cuestión a la sección y elevarla directamente al pleno.

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Al final, los magistrados que estudiarán el caso son el propio Marlaska —presidente de la Sala y de la sección primera—, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Nicolás Poveda y Alfonso Guevara. Este último fue designado por sorteo ante todos los magistrados de la sección para sustituir a Manuela Fernández de Prado, que se encuentra de vacaciones. Tanto a Marlaska como a Poveda y a Guevara se les considera de tendencia conservadora. Martínez Lázaro y Sáez Valcárcel, por su parte, son miembros de la asociación minoritaria y progresista Jueces para la Democracia. En el pleno, la relación de fuerzas está más escorada a la derecha.

Al no lograrse la mayoría necesaria para avocar la excarcelación al pleno, Marlaska, Poveda y Martínez Lázaro fijaron la deliberación para la tarde del miércoles a las cinco. Además, acordaron que se enviaran a Baena, la médico forense, los nuevos informes médicos recibidos del hospital Donostia. En ellos se cuenta que su estado empeoró sensiblemente desde mediados de la semana pasada. También se asegura que no se puede levantar de la cama y que el propio preso ha expresado a los médicos su voluntad de que pongan fin a su tratamiento y le dejen morir en paz.

El estado de salud del preso empeora

El estado del preso de ETA Iosu Uribetxeberria Bolinaga ha continuado empeorando desde que el Hospital Donostia emitió el informe que sirvió de base para la decisión del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, de concederle la libertad condicional. En estos momentos pesa unos 47 kilos —según confirmó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la entrevista que concedió el lunes a TVE— y apenas puede salir de la cama, según afirman fuentes cercanas al caso. En estos momentos el recluso no está en condiciones, según las mismas fuentes, de recibir el tratamiento de quimioterapia con el que se iba a intentar tratar el cáncer que padece, y los médicos están sopesando las distintas posibilidades. Uribetxeberria, por otro lado, está siendo alimentado en el hospital a través de suero.

Durante su visita al hospital, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, tomó declaración a los oncólogos que tratan a Uribetxeberria. Estos le explicaron que “no hay armas terapéuticas, hoy por hoy, para un cáncer renal diseminado que aporten curación”. Valorando las tres metástasis que sufre el enfermo y el nódulo que tiene en el pulmón, los facultativos llegaron a la conclusión de que el pronóstico de vida sería corto. “Estaríamos en una mediana de 3,3 meses de vida”, declararon los especialistas a preguntas de De Castro.

Los magistrados dieron a Baena hasta las dos de la tarde de ayer para que presentara su informe en el que debía expresar si ratificaba el anterior “o realiza cualquier ampliación sobre el peligro para la vida del enfermo”, pero la forense aseguró que no podía hacerlo porque no tenía información suficiente y pidió nueva documentación sobre el historial médico del paciente. Al final, la Sala le dio un nuevo plazo hasta las nueve de la mañana para que presente el documento. Acto seguido, ese informe se enviará a la defensa de Uribetxeberria y al ministerio fiscal para que presente alegaciones si lo estima pertinente.

Gran parte del recurso de la fiscalía se basa en el informe de Baena, que establecía que el estado del recluso no era terminal y podía ser tratado en prisión. Pero en caso de que la forense estime ahora que la gravedad del etarra es mayor, está por ver si el ministerio público modifica los planteamientos en los que basó su apelación y apoya en sus alegaciones la libertad que ha impugnado.

Tal y como se presentó el recurso, la cuestión a decidir es si Uribetxeberria, de acuerdo a los médicos, sufre una enfermedad “grave e incurable” y si, en esos casos, es necesario que un terrorista firme una declaración de abandono de la violencia y pida perdón a las víctimas. El juez José Luis de Castro estableció en su resolución que, en esos casos, el arrepentimiento y el reconocimiento del daño causado que impone el Código Penal para acceder a la condicional no es necesario. El fiscal mantiene, sin embargo, que es imprescindible, en contra del criterio que siguió en enero de 2011 con el etarra Mikel Ibañez Oteiza, también con cáncer y al que se dio un año de vida.

En caso de que el tribunal estime que Uribetxeberria ha empeorado, también podría estimar que existe un “peligro patente para su vida”. Con ese argumento, tendría las manos libres para acordar su excarcelación.

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