El fiscal se opone a la excarcelación de Uribetxeberria por no rechazar a ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso este lunes a la concesión de la libertad condicional al etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga, al entender que no cumple los requisitos legales y que el cáncer que padece no ha llegado a un estado “claramente terminal”. La fiscalía exige que el secuestrador de José Antonio Ortega Lara firme una declaración expresa de abandono de la violencia y una petición de perdón a las víctimas. El organismo que dirige Javier Zaragoza hace en su escrito un ejercicio de equilibrio al oponerse a la libertad condicional y, a la vez, no recurrir el tercer grado que Prisiones ha concedido al etarra.

Así, la fiscalía se opone a la solución que el Gobierno ha dado al caso de Uribetxeberria (ingresado en un hospital de San Sebastián para ser tratado de un cáncer de riñón con metástasis en el cerebro y el pulmón), pero no del todo. El equilibrio de la fiscalía consiste en oponerse a la excarcelación del etarra pero, al mismo tiempo, no recurrir el tercer grado que le concedió Interior debido a su estado de salud y en considerar que una persona con una esperanza de vida media de 11 meses y diez días no es un enfermo terminal. Con su negativa a apoyar la libertad condicional, la fiscalía deja todo el peso de la liberación en manos del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro.

La fiscalía, además, no ha dudado en saltarse el criterio que siguió en otras excarcelaciones de etarras enfermos. Lo hace al exigir al etarra un requisito adicional no reclamado en ningún otro proceso de este tipo y que han cumplido la veintena de internos disidentes de ETA de la vía Nanclares que, a diferencia de Uribetxeberria, no sufre ninguna enfermedad. Ese requisito es el de reclamar a Uribetxeberria la firma de una declaración expresa de abandono de la violencia y una petición de perdón a sus víctimas respaldada por los técnicos de Instituciones Penitenciarias.

Esa nueva exigencia es insólita. No la impuso el fiscal, por ejemplo, al apoyar la libertad del etarra Miguel Ibáñez de Oteiza, condenado a 27 años de cárcel como cooperador necesario en el asesinato en 1998 de Francisco Javier Zabaleta. Este debía salir de prisión en 2035, pero De Castro lo puso en libertad el 14 de enero de 2011 con el apoyo fiscal y previo informe favorable de Instituciones Penitenciarias. Como Uribetxeberría, sufría un cáncer terminal. Tenía un linfoma con metástasis que le causó la muerte a los cuatro meses de salir de la cárcel. Tampoco había exigido el fiscal una repulsa expresa de ETA a Sergio Pérez Fuentes. De Castro lo puso en libertad condicional el 21 de julio de 2006 debido al tumor cerebral que sufría, agravado por un trastorno psicótico agudo. Ninguno de los dos se arrepintió de sus delitos ni se desvinculó de la violencia o pidió perdón. Entre libertades condicionales y semilibertades, 23 etarras enfermos fueron excarcelados desde 1997, según fuentes de Interior.

La fiscalía no considera que la permanencia de Uribetxeberria en prisión implique una disminución de sus expectativas de vida

Pero, además, el nuevo requisito exigido a Uribetxeberria pone al fiscal en una posición difícil de explicar. El artículo 90 del Código Penal, en la redacción que le dio el último Gobierno de Aznar en 2003, impone esa condición a los condenados por terrorismo solo para acceder a la libertad condicional. Pero Instituciones Penitenciarias, De Castro y la propia fiscalía la han extendido a las progresiones de grado, permisos, semilibertades o cualquier otro beneficio al que pueda acceder un etarra. La usan como termómetro para comprobar que tienen un pronóstico de reinserción favorable.

Instituciones Penitenciarias, sin embargo, concedió el tercer grado a Uribetxeberria el pasado 17 de agosto sin tener en cuenta si se había arrepentido de sus crímenes, rechazado a ETA o pedido perdón a las víctimas. Pero el ministerio público dejó pasar el plazo que tenía para recurrir ante De Castro ese acuerdo del Gobierno. Prisiones, que depende de Interior, solo se basó en un informe médico del Hospital Donostia que avisaba de que la probabilidad de que el preso sobreviviese 12 meses estaba “en torno al 10%”.

Ahora, la fiscalía de la Audiencia Nacional descalifica ese documento del servicio vasco de salud, que califica de “informe médico privado”, a pesar de que lo solicitó en su día el juez Santiago Pedraz. Su informe contra la libertad condicional, firmado por el fiscal Pedro Rubira, se basa en el criterio de la forense Carmen Baena, que dictaminó que Uribetxeberria podía ser tratado en prisión. Aunque su pronóstico medio de supervivencia es de 11 meses y 10 días, Rubira sostiene que “carece de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal” y cree que con el tratamiento adecuado podría superar ese umbral.

Con el informe de Rubira, el de la forense y el expediente de libertad condicional de Prisiones, el juez tomará una decisión en los próximos días. Está por ver si el fiscal la recurre en caso de que De Castro la conceda.