Un Gobierno calcinado

Mucho antes de que la prima de riesgo financiera se hiciese famosa entre el común de los mortales, en nuestro país ya era conocida otra prima de riesgo, en este caso la que va vinculada a la escala de probabilidad de incendio que suele acompañar cada verano a la información meteorológica (aunque no es exclusiva del período estival). Y con ambas ha acabado por ocurrir lo mismo, que de tanta familiaridad en el trato nos hemos acostumbrado a convivir con ellas y ya no les prestamos mayor importancia. Es por tanto un índice que mantiene en alerta más al administrador que al administrado, o al menos así debería ser.

Resulta llamativo comprobar con qué presteza los responsables de la política económica acuden a colocar cortafuegos, sin reparar en costes, cuando la prima de riesgo alerta de la alta probabilidad de incendio financiero. Consejeros, Presidentes de CCAA, los Ministros del ramo, la Vicepresidenta, y hasta el Presidente del Gobierno, movilizan todos los recursos disponibles de las Administraciones periféricas y de la central para evitar la propagación del fuego monetario; otra cosa es que lo consigan, pero lo importante es aparentar que el primero que acude a sofocar las llamas es quien tiene la responsabilidad política de hacerlo. Pero quizás lo más reseñable es el frenesí legislativo con el que el Partido hoy en el Gobierno se emplea para intentar convencernos de que, tanto Decreto desplegado no tiene otra finalidad que la de evitar que los rescoldos que van quedando, tras cinco años de una crisis voraz que ha ido calcinando hectáreas de Estado del Bienestar, vuelvan a reavivarse consumiendo el menguado bosque de derechos ciudadanos que aún se conservan verdes.

Justo lo contrario de lo que acontece con los embates especulativos que se desencadenan contra el Estado Ambiental. Aquí el Gobierno del PP no sólo no hace acto de presencia para hacer frente a los efectos, sino que, sea por acción o por omisión, su política podría ser considerada como altamente inflamable. ¿Cómo si no deberíamos calificar la decisión del Gobierno de la Generalitat Valenciana justo en este año de ascenso del PP al Gobierno de España, de desactivar mediante una Ley Autonómica la legislación estatal que prohíbe la recalificación de suelos incendiados durante los treinta años posteriores al incendio? ¿Y cómo, el aquietamiento del Gobierno de Mariano Rajoy, que no movió un dedo para impedir tamaño desatino, cuando tan celoso se demuestra en embridar a las Autonomías por cuestiones educativas o sanitarias, por poner algún ejemplo? (Por cierto, la Comunidad Valenciana está siendo la más castigada por las llamas. ¿Casualidad?).

¿Qué calificativo merece la decisión del Ministro Cañete de borrar de los Presupuestos de 2012 la práctica totalidad de partidas destinadas a las políticas de prevención en materia de incendios, justo el año en que todas las proyecciones climáticas avanzaban un escenario de altísimo riesgo, como desgraciadamente los hechos están demostrando, haciendo oídos sordos a las advertencias que el Grupo Socialista le ha venido haciendo de forma reiterada y en distintos ámbitos? ¿Alguien puede entender la reducción en un 85% de la dotación para la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, a la vista de los resultados?

Debemos concluir que el PP ha hecho en estos meses justo lo contrario de lo que debería haberse hecho en materia de incendios, ha desactivado todas las políticas de prevención que habían ido tejiéndose en los últimos años, ha desguarnecido de forma temeraria los efectivos de lucha contra el fuego, y está desmontando meticulosamente la legislación ambiental que se había construido para hacer frente al agente incendiario más peligroso ("la especulación").

Y lo más lamentable de todo ello es el desdén con el que el Ejecutivo hace dejación de sus responsabilidades. Estamos ya sin duda ante una verdadera catástrofe nacional. España ha perdido en unos pocos meses una parte considerable de su mejor patrimonio natural. Y durante todas estas largas semanas de infierno para decenas de miles de afectados y millones de afligidos, el Gobierno ha estado huido.

El fútbol o los toros han ocupado una posición de privilegio entre las prioridades del Presidente y de su Gabinete, mientras bomberos, brigadas de extinción, ejército y fuerzas del orden, voluntarios y vecinos de muchas poblaciones amenazadas, alcaldes y concejales de otros tantos municipios damnificados, luchaban a brazo partido contra la voracidad de unas llamas que se muestran implacables hasta el extremo de cobrarse las vidas de quienes se han llevado la peor parte de un verano, el del 2012, que ya será recordado como dramático durante largo tiempo.

No está al alcance de ningún gobierno la posibilidad de domeñar los caprichos de la naturaleza, y siempre serán limitados los recursos disponibles para prevenir riesgos y minimizar daños. Pero lo que no se le perdona a ningún responsable político, es que no esté al lado de los ciudadanos que le otorgaron su confianza cuando más apoyo y solidaridad necesitan. Las llamas no sólo han arrasado decenas de miles de hectáreas de suelo en este verano; me temo que han calcinado el poco crédito de confianza ciudadana que le restaba al Gobierno de Rajoy.

Hugo Morán es secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Ejecutiva Federal del PSOE