“Ni me atienden en el ambulatorio ni me dan medicinas”

Hace más de un mes que Carlos no tiene tarjeta sanitaria. No puede ir al médico en la sanidad pública ni obtener recetas. Lleva días paseando su caso por los centros de salud de Zaragoza, pero sin respuesta. Carlos es un inmigrante sin papeles. Ha perdido la residencia legal en España y con ella el derecho a la atención médica. Una asistencia que necesita para tratar la esquizofrenia paranoide que sufre. Este colombiano de 26 años no puede costearse un psiquiatra privado. Tampoco los más de 300 euros al mes que cuestan los fármacos que toma para controlar su trastorno. Depende por completo de la ayuda de una ONG que le proporciona cuidados y la medicación. Una sanidad de beneficencia que no puede compararse a la que reciben el resto de ciudadanos.

Y un canal al que, si no cambian las cosas, se verán abocadas a partir del 1 de septiembre más de 150.000 personas que viven en España en situación irregular. Ese día se hará efectivo el decreto del Gobierno que restringe la asistencia sanitaria para extranjeros sin papeles. Las autoridades desactivarán sus tarjetas sanitarias —salvo las de los menores y las embarazadas— de modo que solo podrán acudir a urgencias.

El Ministerio de Sanidad insiste en que los enfermos crónicos seguirán siendo atendidos; aunque no aclara cómo. Por eso, el caso de Carlos (prefiere que se le llame así), que se adelanta a lo que puede ocurrir dentro de poco más de dos semanas porque su tarjeta ya ha caducado, no augura que la situación esté en absoluto resuelta.

“Ya no me atienden en el ambulatorio. Me dicen que como no tengo papeles no me pueden dar otra tarjeta sanitaria. Ni las medicinas...”, explica abatido. Mientras, la consejería de Sanidad de Aragón encuentra “extraño” que situaciones como la que afronta este colombiano se estén produciendo. “Se está atendiendo a todo el mundo”, asegura una portavoz. Pero a Carlos no se le atiende. De hecho, ante la imposibilidad de solucionar su caso, y el riesgo de una recaída o de un brote, la trabajadora social de su centro de salud le derivó a la consulta de salud mental que tiene Médicos del Mundo en Zaragoza. “Ahora son ellos quienes me están haciendo el favor de atenderme”, dice el hombre.

Carlos llegó a España hace seis años. Fue en Aragón, al poco de llegar, cuando le diagnosticaron el trastorno que padece. Le trataron y desde entonces ha estado medicado. “Estaba bien, hasta ahora iba cada 14 días a que le inyectaran la medicación al centro de salud y luego a la consulta del médico. Pero ya no puede”, informa Fernanda, su pareja. Ella, ecuatoriana, sí está en situación regular en España. Trabaja y, de hecho, está de baja por maternidad de su primer hijo, que acaba de cumplir un mes. Su sueldo es el único que entra en casa. “Cuando nos dijeron que teníamos que pagar todas las medicinas casi me muero. Es imposible. ¡No podemos hacerlo!”, exclama.

Carlos explica que las cosas no siempre fueron así para él. Trabajó casi desde el momento en que puso un pie en España “en lo que salía”. Hizo de mozo de almacén, repartidor de pizzas, peón de obra. Cuando este último contrato se le acabó no encontró otro empleo. “Metí currículos en todos los sitios, en polígonos, en empresas de construcción. Y nada. No sale nada”, explica. Así, como otros muchos golpeados por la crisis, terminó por agotar el paro y la prestación por desempleo y, por último, por perder la residencia legal. Sin embargo, lo que más le preocupa es la asistencia sanitaria. “Es por necesidad. Sé que si no voy al médico me pongo peor”, dice.

Erika Chueca, de Médicos del Mundo Aragón, subraya que su centro solo puede ofrecer —a Carlos y a otros— una consulta psiquiátrica al mes. “Además, hemos tenido que cambiarle la medicación por otra más antigua y con más efectos secundarios porque no podíamos costear la que él recibía. Pero al menos tiene tratamiento”, dice. Chueca reconoce que su organización, como otras dedicadas a la asistencia sanitaria, no tiene capacidad para atender por completo a los pacientes. Y menos para absorberlos a todos, tengan la enfermedad que tengan, si el Gobierno decide atenderlos a través de ONG como, en un principio, propuso la ministra Ana Mato. “No tenemos los medios de la sanidad pública. Nuestros médicos son voluntarios y dependemos de acuerdos con hospitales para las pruebas diagnósticas. Y luego está la medicación... Somos un apoyo, un apoyo que además tiene cada vez menos fondos”, abunda.