El PP investiga a una ex alto cargo de Granados por el espionaje a González

El comité de derechos y garantías del PP de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en esta comunidad, ha abierto una “investigación reservada” a Victoria Cristóbal, ex alto cargo del ex consejero de Interior Francisco Granados. La pesquisa interna del órgano disciplinario del PP tiene como base una noticia de La Gaceta que aseguraba que Cristobal, hoy edil en Majadahonda, contrató en 2006 en nombre de Granados a la agencia de detectives Método 3 para espiar a Ignacio González, vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre y ahora secretario general del PP de Madrid.

Cristóbal se querelló por calumnias el pasado 23 de julio contra dicho diario. Un día después, se firmó el escrito por el que el partido le abría una investigación interna.

Paradójicamente, desde junio pasado obra en el sumario que se instruye en el Juzgado 47 de Madrid sobre dicho espionaje a González un informe policial que exculpa a Método 3. Los policías, tras analizar todas las cuentas y movimientos de dicha agencia, “no pueden determinar de ningún modo que Método 3 y el señor [Francisco] Marco [directivo de la firma] estén vinculados al dossier de 69 páginas comprensivos de datos que afectan a la intimidad de don Ignacio González”. Ni Cristóbal ni Granados atendieron los requerimientos ayer de este periódico para dar su versión.

El citado juzgado también investiga qué agencia de detectives, y pagada por quién, espió el viaje de González a Colombia, pero tampoco ha dado frutos concluyentes. La reciente filtración de datos policiales de la etapa socialista sobre el ático de lujo que utiliza González en Marbella avivó los recelos que ya existían en el entorno del vicepresidente sobre el origen de lo que consideran una guerra sucia informativa, que en privado sitúan en la órbita del destituido consejero de Interior.

Granados siempre negó estar detrás de la filtración del dossier policial que apuntaba a González como propietario oculto del ático, que él asegura disfrutar como inquilino, pero desde la vicepresidencia nunca se le creyó, al igual que años atrás también le atribuyeron el espionaje sufrido por el número dos de Aguirre en sus viajes y en su patrimonio. Nunca probaron tal sospecha.

En los últimos años, las medidas disciplinarias o “informaciones reservadas” planteadas en Madrid por el PP han caído frecuentemente en la trinchera de su oposición interna: Manuel Cobo —este expediente fue llevado por la dirección nacional—, entonces vicealcalde madrileño, fue suspendido de militancia por denunciar la existencia de “una gestapillo” en Madrid a cargo del Gobierno de Aguirre que le había espiado y que aún investiga la justicia; el alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente, tras criticar los recortes sociales y afín a Granados, y ahora, la propia Cristóbal, con un largo currículo de cargos en el PP y persona de confianza del ex consejero de Interior.

La indignación del vicepresidente madrileño ante tanta pesquisa policial, oficial o extraoficial, sobre su ático también fue trasladada a la Dirección General de la Policía, que halló motivos suficientes para destituir hace un mes al comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla. Abrió sin permiso una investigación oficial sobre dicho inmueble. Agapito Hermes, excomisario de Marbella, también sufrió un castigo recientemente tras participar en las pesquisas extraoficiales bajo mandato del PSOE sobre la misma finca. Fuentes de la dirección del partido restaron trascendencia a esta “información reservada”. “Se trata de preguntarle qué sabe de la noticia publicada. Y, seguramente, acabará en nada porque dirá que no sabe nada”.