El Congreso preparado para reunirse en agosto

“Antes del 20 de agosto no está prevista la reunión de las Cortes; a partir de esa fecha todo es posible y probable”. Esta apreciación de un miembro de la Mesa del Congreso coincide con las orientaciones que ha expresado el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, para que los portavoces de los grupos parlamentarios sepan a qué atenerse durante el mes de agosto.

Pero todo con un margen de imprevisibilidad que nadie es capaz de despejar. En principio los grupos políticos empiezan la semana con la presentación de iniciativas y pendientes de lo que apruebe el Consejo de Ministros en su reunión del 3 de agosto y, después, en las de los días 24 y 31 de agosto. El Gobierno marcará la pauta de la actividad parlamentaria. “Este es el plan inicial, siempre que no haya una situación de emergencia que requiera la convocatoria del pleno del Congreso”, señalan en fuentes del Grupo Popular.

Los cálculos están hechos por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón para que los decretos  ley que el Gobierno apruebe en agosto puedan ser convalidados por las Cortes sin problema en los 30 días siguientes, como es obligatorio. Así ocurriría con las medidas que se aprueben en el próximo Consejo de Ministros en la previsión de que haya un pleno en la semana del 27 de agosto.

En esa semana habrá reuniones de la Mesa del Congreso, de la Junta de Portavoces, una diputación permanente -que hace las funciones del pleno del Congreso en período de vacaciones- y “probablemente” un pleno, según fuentes parlamentarias. Si finalmente se produce ese pleno, se convalidarían los decretos aprobados en los Consejos de Ministros del 3 y del 24 de agosto.

Este es el marco con el que trabaja el presidente del Congreso, aunque los grupos parlamentarios de la oposición, si bien dan por supuesto que habrá trabajo la última semana de agosto, también querrán forzar la reunión de la Diputación Permanente en la segunda semana. Desde este lunes empezarán a llegar las peticiones de comparecencias de ministros en el pleno del Congreso o en comisión, para lo que previamente se requiere la reunión de la Diputación Permanente para que se vote.

Abrirá el registro este lunes la petición del Grupo Socialista, firmada por la portavoz Soraya Rodríguez, para que comparezca la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a quien quieren interpelar sobre los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados el viernes, que suponen un nuevo mazazo. El paro se ha incrementado en más de 50.000 personas en el último trimestre, a pesar de ser una época de cierto remonte al empezar la temporada de verano. Los socialistas quieren preguntar a la ministra si ante estos datos tiene previsto “preparar medidas de choque ante la situación de emergencia que vive el mercado laboral”.

Además de tratar de poner freno al paro con un plan de choque, el interés del PSOE en la comparecencia de la ministra se centra sobre todo en su deseo de proclamar “el fracaso de la reforma laboral”, dado que todo el período que marca la EPA se ha desarrollado con la reforma laboral en vigor, cuyos resultados de momento se traducen en un incremento notable de los Expedientes de Regulación de Empleo y, por tanto, más paro.

El número de desempleados llega a los 5.693.100, lo que supone el 24,6% de la población activa y, además, ya hay 1.737.600 hogares con todos sus miembros sin trabajo. En efecto, la EPA del segundo trimestre ha motivado la petición de comparecencia de la ministra, a pesar de que Fátima Báñez estuvo el pasado jueves en la Comisión de Empleo, respondiendo a las preguntas de la oposición sobre el último decreto  ley de medidas de recorte del subsidio del paro y de la renta básica de inserción. Pero aún no se conocían los nuevos datos del desempleo.

El resto de los grupos de oposición también preparan esta misma petición y ya ha entrado la exigencia que de comparezca en el Congreso la titular de Sanidad e Igualdad, Ana Mato, no por lo que ella haya dicho o hecho, sino por los planes esbozados del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón sobre la reforma de la ley del aborto. La oposición socialista quiere saber de la ministra “desde la perspectiva de la salud y de la igualdad”, su criterio sobre la eliminación del aborto por razones de malformación del feto, como ha defendido su compañero de gabinete.

La oposición pedirá, pero el Grupo Popular decidirá en el uso de su mayoría parlamentaria. De entrada, se mantienen en acumular todas las peticiones para la una diputación permanente a celebrar en la última semana de agosto. Todo a expensas de que el Gobierno no tenga necesidad de reunir el Congreso por “razón grave”, señalan con cautela en fuentes parlamentarias.