El difícil censo de los amenazados

En su génesis, la posibilidad de que pudieran votar en Euskadi quienes durante décadas tuvieron que irse por la amenaza de ETA fue entendida como una ocurrencia del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, su impulsor. Ahora, coge cuerpo porque recibe el respaldo interpretativo de un grupo de expertos requeridos por el Ministerio del Interior, pero, en cambio, sus conclusiones no logran disipar las dudas democráticas que la propuesta encierra y que el resto de los partidos en Euskadi asocian a un intento directo de “pucherazo”, en gráfica expresión del PNV.

¿Cómo se confecciona un censo de extorsionados? ¿Qué requisitos serían exigibles? ¿A partir de qué fecha se pone el contador a cero para abrir la lista? ¿Está abierta la puerta a las víctimas de todo tipo de violencia? ¿Serían considerados como una nueva diáspora vasca? ¿Solo podrían votar por correo, o dónde se colocarían las urnas? La lista de interrogantes es importante.

Bien es cierto que históricamente se ha concedido el derecho al voto a cuantos españoles emigraron a Iberoamérica como exiliados de la Guerra Civil. ¿Acaso se repite la situación en el País Vasco? La sugerencia del PP aboca a tan peligrosa equiparación, mientras abre una malévola interpretación política por el momento en que llega.

Esta iniciativa en favor de los vascos amenazados, que tiene el apoyo de UPyD, coincide con la llegada de la paz a Euskadi, la incorporación de la izquierda abertzale al juego democrático y, especialmente, con las reducidas posibilidades que las expectativas electorales conceden a los populares en las próximas autonómicas. Ahí radica el rechazo casi generalizado de las fuerzas políticas. Ni siquiera el PSE-EE acompaña en este viaje a su antiguo socio, con quien se alió hace ahora tres años para combatir desde las instituciones el escenario de la violencia.

Con todo, esta resolución en favor del voto de los desterrados por ETA deja sin resolver cuestiones nucleares sobre el proceso de convivencia que supone, sin duda, el reto más difícil que le aguarda a la sociedad vasca. Quienes entienden, y con razón, este derecho como una medida reparadora, a buen seguro no abrazan correspondencia alguna desde el otro lado, más bien lo deploran. Quienes impulsan ahora este reconocimiento a cuantos vascos sufrieron la violencia son los mismos que no aceptan la existencia de otro tipo de víctimas por excesos policiales. Así es como se llega al diálogo de sordos.