La muerte de un promotor del consenso

Gregorio Peces-Barba fue probablemente una de las personas que antes tuvo claro en España que la Constitución de la democracia debía ser fruto de un “consenso nacional”. Quizás porque el respeto sincero que sentía por sus compañeros, los parlamentarios de cualquier signo político, le hizo comprender, antes que nadie, que el acuerdo era posible y que merecía la pena poner todo el empeño en tejer una red de vínculos personales que, llegado el momento, resistiera mejor que cualquier otro lazo los duros enfrentamientos del día a día de una época mucho más convulsa de lo que ahora se quiere recordar.

Peces-Barba llegó a la política cuando ya tenía una importante trayectoria intelectual como pensador de raíz cristiana, especializado en el estudio y defensa de los derechos humanos. Su transición desde ese pensamiento cristiano de Jacques Maritain a la socialdemocracia se hizo sin dificultad, aunque durante bastantes años fue uno de los pocos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que hablaba públicamente de sus sentimientos religiosos y de su catolicismo.

En cuanto se decidió que la iniciativa para elaborar el primer borrador de Constitución democrática tras la muerte del dictador no recayera en el propio Gobierno sino en una comisión parlamentaria, muy pocos tuvieron dudas de que el representante del PSOE iba a ser el voluminoso y joven profesor Peces-Barba. En los días y semanas siguientes fue patente que su presencia era decisiva, en el sentido de que su habilidad y disposición para el diálogo y la relación personal allanaban una y otra vez los conflictos, y que su formidable formación jurídica ayudaba a encontrar las vueltas necesarias para hacer que cada artículo fuera aceptable por unos y otros.

Su aprecio público por Manuel Fraga, exministro representante de la derecha heredera de Franco, causó asombro, pero rápidamente su partido y la sociedad española empezaron a valorar su insistencia en forjar esa amistad. Fue su estrategia la que permitió después la formación de la pareja Fernando Abril Martorell-Alfonso Guerra, que dio el impulso definitivo al consenso constitucional, y fue él quien consiguió desactivar la furiosa reacción de Fraga por verse excluido de las decenas de reuniones clandestinas en las que se iba forjando ese consenso sobre el nuevo texto fundamental. Interminables horas de conversación sobre episodios de la historia de España y sobre aspectos puntuales y difíciles de orden jurídico terminaron haciendo comprender a Fraga que era la hora, no de la derecha franquista (AP), sino del entramado liberal-democratacristiano y tecnocrático que representaba Unión de Centro Democrático (UCD). Fraga siempre reconoció lealmente la influencia que había tenido su amistad con Peces-Barba a la hora de atemperar sus propias posiciones políticas.

Peces-Barba se enorgullecía de su trabajo en la Comisión Constitucional, pero sobre todo de su paso por la presidencia del Congreso de los Diputados, que colmó sus ambiciones públicas. “Para un profesor al que le apasiona el derecho y la política, ¿qué mejor lugar que ese?”, reconoció en muchas ocasiones. Su salida del Congreso, en 1986, se suavizó por su rápida incorporación a otro de sus proyectos más importantes y queridos: la puesta en marcha de una nueva universidad pública en una zona de tradición obrera del sur de la Comunidad de Madrid, la Universidad Carlos III, hoy una de las más prestigiosas de España.

A Peces-Barba no le gustaba hablar de ello, pero mantuvo siempre una espina en su corazón: la brutal e incomprensible campaña contra él que desarrollaron algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, con el visto bueno del Partido Popular, cuando en 2004 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero le nombró Alto Comisionado para el Apoyo a las Víctimas de Terrorismo, algo que le dejó una herida difícil de cerrar. Nunca comprendió que sus antiguos compañeros populares no salieran, enfadados, en su defensa y dieran fe de que nadie más decente que el viejo experto en derechos humanos para cuidar la memoria de las víctimas. Alguna vez explicó, en voz baja y sin estridencias, que aquel suceso era un síntoma del peligroso deterioro que había ido experimentando la vida política española. El deterioro de la vida democrática española fue hasta el fin de sus días su principal preocupación.